Policía Nacional evalúa intervenir el consejo municipal de seguridad y videovigilancia de Durán
Antes de la polémica intervención del Gobierno a la central de videovigilancia de Segura EP, del Municipio en Guayaquil, el Ministerio del Interior ya había recibido un pedido para intervenir el organismo de seguridad municipal equivalente en Durán. La Policía evalúa intervenir la entidad.
El sistema de videovigilancia del Consejo de Seguridad de Durán (CSD) comenzó a operar en 2022 con 150 cámaras de alta resolución, pero muchas fueron destruidas por bandas criminales.
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Autor:
Redacción primicias
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Antes de la intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional a Segura EP, la empresa municipal de seguridad y videovigilancia del Municipio de Guayaquil -el pasado 15 de febrero de 2026-, el Gobierno Nacional ya tenía sobre la mesa una solicitud para intervenir el organismo equivalente del cantón vecino en Guayas: el Consejo de Seguridad del Cantón Durán (CSD).
La Cámara de Industrias de Durán envió un oficio formal al ministro del Interior, John Reimberg, el 12 de diciembre de 2025, solicitando que el Gobierno plantee reformas y corrija fallas del Consejo de Seguridad de Durán, organismo creado en 2016 por ordenanza con funciones análogas a Segura EP en Guayaquil: asesorar, coordinar, supervisar seguridad ciudadana, y operar un sistema de videovigilancia.
El oficio pide colaboración institucional y mejoras en el uso de los recursos obtenidos por el municipio a través de una tasa de seguridad. Un grupo de empresarios del cantón familiarizados con las reuniones previas le dijeron a PRIMICIAS que esperaban que el organismo fuera intervenido por la Policía Nacional.
La Policía confirmó que una intervención de ese organismo está siendo evaluada, siguiendo el modelo aplicado el año pasado con otros dos entes municipales de Durán: el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), ambos intervenidos por infiltración del crimen organizado.
Industriales reclaman por recaudaciones de tasa de seguridad
Durán registró en 2025 la cifra récord de 539 homicidios y una tasa de 181 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese indicador solo es comparable, a nivel global, con el de Puerto Príncipe, la capital de Haití, que cerró el mismo año con 197 homicidios por cada 100.000 habitantes, como la ciudad más violenta del mundo por tasa de homicidios -para urbes de más de 300.000 habitantes-.
El cantón Durán -con más de 330.000 habitantes- alberga más de 400 empresas que operan bajo la presión de extorsiones y secuestros extorsivos, aunque los empresarios reportan mejoras en seguridad en estos ámbitos en el último año.
En los dos casos de secuestro más recientes registrados en el sector industrial, fue el sector privado -no el sistema municipal de videovigilancia- el que proporcionó las grabaciones de video a los investigadores. El CSD, que administra un parque de alrededor de 150 cámaras, tiene operativas apenas 60, según informaron industriales a PRIMICIAS.
El Consejo de Seguridad del Cantón Durán se financia a través de una Tasa por Servicios de Seguridad Ciudadana, creada al igual que la entidad en 2016 mediante ordenanza municipal. La tasa se cobra anualmente de forma proporcional al valor de los predios del cantón.
Según la Cámara de Industrias, en sus primeros años el organismo recaudaba alrededor de USD 400.000 anuales, cifra que se ha duplicado y supera ahora los USD 850.000 al año. Sin embargo, en el gremio afirman que esos recursos no se traducen en inversión visible en seguridad y señalan una presunta falta de transparencia y de rendición de cuentas respecto al uso del dinero.
PRIMICIAS consultó al Municipio de Durán y solicitó una entrevista con un vocero autorizado sobre la operación del CSD, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
¿Qué piden los industriales de Durán?
El CSD cuenta con una Asamblea General de más de 22 miembros -entre ellos representantes de Policía, Fuerzas Armadas y gremios- que, según los industriales, no se ha reunido nueve años. "Nunca nos han convocado a ninguna asamblea. No se está rindiendo cuentas y lo que tememos es que se esté usando el dinero como caja chica", señaló uno de los empresarios, que prefirió el anonimato por seguridad.
En el oficio remitido al ministro, firmado por el presidente del Directorio de la Cámara de Industrias de Durán -con copia al propio Secretario Ejecutivo del CSD y a la subsecretaria delegada del Ministerio-, el gremio documenta las fallas y plantea un conjunto de reformas.
Entre los pedidos figura reformar la ordenanza para blindar la recaudación y garantizar transparencia mediante rendiciones de cuentas, además de disponer que los fondos sirvan también para equipar a la Policía Nacional.
El 9 de diciembre de 2025, tres días antes de la remisión del oficio, se celebró una reunión en las instalaciones del ECU 911 con representantes del Consejo de Seguridad de Durán, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y representantes del sector productivo.
En ella se abordaron las falencias del sistema de videovigilancia y la posibilidad de que las empresas conecten sus cámaras privadas al ECU 911 o al centro de monitoreo del CSD municipal, siempre que el ministerio garantice que el personal con acceso a esas imágenes haya sido verificado en su probidad, para evitar filtraciones al crimen organizado.
Para los empresarios de Durán, el referente más cercano de lo que esperan que ocurra con el CSD es precisamente lo que ya sucedió con la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). Ese organismo, también municipal, fue intervenido por el gobierno central y su gestión pasó a manos de la Policía de Tránsito.
El paralelo y las diferencias con Segura EP
- La solicitud de los industriales de Durán cobra relevancia a la luz de lo ocurrido con Segura EP, el organismo equivalente en Guayaquil, intervenido el 15 de febrero, aunque la Empresa Pública del Municipio de Guayaquil cuenta con más de 30.000 cámaras, útiles en las investigaciones de homicidios, secuestros y robos. Y la entidad cuenta con un presupuesto de USD 85 millones.
- El ministro del Interior, John Reimberg, justificó intervenir Segura EP por incendios sospechosos en la ciudad y por el incumplimiento de un acuerdo ministerial relativo al almacenamiento de datos en servidores privados en lugar de instalaciones estatales. La empresa pública municipal de Guayaquil usa a Telconet como plataforma de almacenamiento desde 2022 y estima que contar con sus propios servidores le representará a futuro un costo de hasta USD 10 millones.
- La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y concejales rechazaron la intervención de Segura EP como una "intromisión indebida" que vulnera la autonomía municipal. La Fiscalía abrió una indagación previa el 18 de febrero de 2026 por presunta difusión de "información restringida".
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