Solo cuatro de cada 10 detenidos permanecieron en prisión en 2024, pese a proceso de militarización en Ecuador
En 2024, la Fuerza Pública detuvo a 73.425 personas en todo el país, pero la población carcelaria promedio del año pasado solo representa un 45% de esa cifra. El Gobierno plantea reformas.
Integrantes de la Policía vigilan a un grupo de detenidos en un operativo en Guayaquil, el 19 de febrero de 2025. Un total de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y 400 miembros de las Fuerzas Armadas intervinieron Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad.
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EFE
Autor:
Redacción Primicias
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En 2024, la Fuerza Pública detuvo a 73.425 personas a escala nacional, pero en promedio la población carcelaria de Ecuador se ubicó en 32.941 privados de la libertad a lo largo de todo el año.
Es decir, la población en prisión representa menos de la mitad de todos los aprehendidos el año pasado (el 44,86%), según el cruce de las cifras oficiales del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El comandante de la Policía, el general Víctor Hugo Zárate, ratificó tras un operativo Apolo en Guayaquil que de cada 10 detenidos, solo cuatro van a prisión preventiva, mientras seis reciben medidas sustitutivas. “Esto se ha convertido en una puerta giratoria para la delincuencia”, advirtió.
La Policía Nacional apunta a “leyes demasiadas garantistas” y a decisiones judiciales controvertidas que devuelven a las calles a los detenidos "a seguir delinquiendo". Uno de los principales reclamos es la concesión de arrestos domiciliarios a personas procesadas por delitos graves, en lugares que no ofrecen ninguna garantía, lo que ha puesto en riesgo la vida de los agentes encargados de su custodia.
Un caso reciente ocurrió la madrugada del 9 de febrero en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Un policía fue asesinado y otro resultó herido en un ataque armado contra uniformados que custodiaban a una persona procesada por secuestro, quien recibió el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud.
Más detenciones que presos
A pesar del alto número de detenciones ejecutadas el año pasado y de la declaratoria de conflicto armado contra 20 bandas criminales desde enero de 2024, en un contexto de militarización de las calles y las cárceles, el número de presos no ha aumentado en la misma proporción.
En enero de 2024 se reportaron 31.152 personas privadas de la libertad en los 35 centros penitenciarios del país y para diciembre había 33.548 reclusos, un incremento de 2.400 personas. Mientras tanto, el hacinamiento en las cárceles pasó del 11,64% al 20,74%.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) advierte que muchos procesos contra los detenidos nunca llegan a sentencia, lo que permite que los reclusos recuperen su libertad en un plazo máximo de seis meses.
Además, dentro de prisión, los detenidos son cooptados por las bandas criminales, perfeccionan sus habilidades delictivas o incluso ascienden en la jerarquía de estas organizaciones, aumentando su capacidad operativa al salir en libertad.
El Gobierno plantea reformas
El Consejo de la Judicatura ha insistido en que, aunque puede iniciar procesos sancionatorios contra jueces y fiscales en casos puntuales, la prisión preventiva es una medida excepcional según el marco legal vigente. Sin embargo, el Gobierno de Daniel Noboa busca modificar este escenario.
El pasado 5 de febrero, la Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución que permitiría a los jueces dictar prisión preventiva inmediata a procesados por terrorismo y crimen organizado.
Además, el nuevo ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que ha pedido cambios en la normativa para dictaminar prisiones domiciliarias a fin de evitar que los jueces otorguen esta medida a personas que no cumplen requisitos mínimos, lo que pone en riesgo la vida de los servidores policiales. La propuesta también debe ser presentada a la Corte.
Además, se están ejecutando correcciones en los procedimientos policiales y en los procesos de judicialización de los detenidos, sobre todo en objetivos de mediano y alto valor, a fin de evitar que queden en libertad, de acuerdo a las nuevas disposiciones ministeriales.
“Tenemos mucha gente en prisión preventiva”
La mirada regional sobre el tema apunta a que un abuso de la prisión preventiva termina fortaleciendo al crimen organizado. “Tenemos mucha gente en prisión preventiva en nuestros países”, alertó a sus pares el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, en una Cumbre de Seguridad en Guayaquil.
“Tenemos que conseguir que la persecución penal sea efectiva y que nos permita reducir una prisión preventiva que lo que hace es aumentar las capacidades de cooptación dentro de los sistemas penitenciarios por parte de las bandas de crimen organizado”, señaló.
Monsalve considera que se debe abordar todo el circuito de justicia, comenzando por fortalecer la persecución penal y su integridad con el Poder Judicial. Asimismo, enfatizó en la importancia de robustecer los sistemas penitenciarios aplicando regímenes diferenciados y una adecuada segregación de los reclusos.
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