Los procesos de paz en Colombia volvieron crítica la situación de seguridad en la frontera norte de Ecuador

En agosto de 2016, Colombia -durante del Gobierno de Juan Manuel Santos- y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo que debía poner fin a más de 50 años de conflicto armado en ese país. 

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Sin embargo, la paz no terminó de concretarse nunca. Disidencias de las FARC desconocieron el acuerdo y empezaron a operar de forma independiente y financiarse directamente del narcotráfico. Expertos advirtieron que esa violencia podría desplazarse y afectar a Ecuador.

Lo que, finalmente, terminó ocurriendo. Menos de dos años después, una de esas disidencias: el Frente Oliver Sinisterra (FOS) ganó presencia en la frontera entre Ecuador y Colombia, en Esmeraldas. 

El 27 de enero de 2018, esa provincia fronteriza fue el escenario del primer ataque terrorista de la historia de Ecuador. Miembros del FOS exploraron un carro bomba en las inmediaciones del Cuartel de Policía de San Lorenzo, Esmeraldas.

Ese fue el inicio de una ola de violencia en la frontera norte. El 20 de marzo de 2018, tres marinos ecuatorianos fueron asesinados en un patrullaje en esa zona tras la explosión de un artefacto. Días después, un equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado y asesinado en cautiverio. 

A partir de ese momento, la operación de los diferentes frentes de la narcoguerrilla se incrementó y se expandió a la provincia de Sucumbíos, en Ecuador; y al departamento de Putumayo, en Colombia. 

Ese fenómeno coincidió con la atomización de la violencia en Ecuador. En 2020, fue asesinado José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', jefe máximo de Los Choneros, agrupación que dominaba la escena criminal en el país. 

Los brazos armados de esa agrupación empezaron una batalla urbana y carcelaria por el control territorial. Ese reacomodo aún no ha terminado y mantiene a Ecuador en una crisis de seguridad que llegó a su punto máximo con una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Justamente, las provincias fronterizas de Esmeraldas y Sucumbíos fueron parte de ese incremento de la violencia. Los homicidios en la primera provincia pasaron de 74, en 2016; a 364, en 2025. Mientras que en la segunda la cifra pasó de 28 a 157.

En la ruta del narcotráfico

Esas provincias se convirtieron en una especie de trofeo en la guerra de bandas, debido a su ubicación estratégica, ya que a partir de la frontera se fraguó la ruta del narcotráfico que convirtió a Ecuador en uno de los países más violentos del mundo.

Son las disidencias de la guerrilla las que se encargan del control de los cultivos de coca, que están -sobre todo- del lado colombiano de la frontera. Estos grupos compran la droga a nombre de organizaciones internacionales, como los carteles mexicanos.

Luego llevan esa mercancía ilegal al lado ecuatoriano, donde son entregadas a las bandas locales como Choneros, Lobos y Tiguerones. Estas agrupaciones mueven la droga a través del país hacia los puertos de Manabí, Santa Elena, El Oro y Guayas, desde donde salen hacia mercados como el europeo.

En el camino, provincias como Los Ríos son usadas como bodegas del narcotráfico. Por esta razón, la disputa delictiva por el territorio se ha agudizado. Esta localidad ya se ha convertido en la más peligrosa del país con más de 170 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en 2025.

El fallido plan de 'Paz total'

En 2022, en medio de esta problemática, Gustavo Petro fue posesionado como presidente de Colombia. El exguerrillero impulsó el llamado plan de paz total, que es una iniciativa de diálogo para alcanzar el fin del conflicto en ese país con guerrillas, paramilitares y bandas criminales.

Tras tres años de implementación, la política de Paz Total de Petro presenta un balance desfavorable, marcado por la fragmentación de los grupos armados y la ausencia de una estrategia coordinada, lo que ha llevado al propio mandatario a admitir ante el Congreso la falta de resultados definitivos. 

Aunque el Ejecutivo colombiano intentó negociaciones simultáneas con la otra guerrilla histórica de ese país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas urbanas, los avances han sido escasos. Incluso a mediados de enero de 2025 se suspendió el diálogo con el ELN.

La dinámica de las negociaciones ha sufrido graves retrocesos, ejemplificados por el congelamiento de los diálogos con el ELN tras la ruptura generada por acercamientos del Gobierno con un frente rebelde y la posterior ofensiva violenta en el Catatumbo. 

Del mismo modo, las conversaciones con las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia se han visto afectadas por divisiones internas que obligaron a pactar solo con facciones específicas, mientras que la falta de una ley de sometimiento ha impedido avanzar en la desmovilización de grupos sin estatus político como el Clan del Golfo.

Y al igual que en el primer diálogo fallido, ha habido implicaciones negativas para Ecuador. En mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa catalogó como grupos armados organizados al Frente Comuneros del Sur, el Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera. 

Las dos últimas son disidencias de las FARC y el primero del ELN, que ha empezado a operar en las zonas rurales de Carchi, tras las negociaciones fallidas. Justamente, Carchi es la provincia que hasta ahora no había sido golpeada por esa violencia desplazada.

El Frente Comuneros del Sur es una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de origen de izquierda que experimentó una considerable expansión en Colombia —en los territorios cercanos a Ecuador— tras la desmovilización de las FARC, en 2016. 

11 bandas en la zona de frontera

Según información oficial, en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador se han identificado 11 bandas criminales: seis ecuatorianas y cinco colombianas. Del lado ecuatoriano, el documento señala la operación de Los Lobos en Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. En Esmeraldas, también se identifican a Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones y Gángsters. 

Del lado colombiano, se ha identificado la operación de disidencias de las FARC como el Frente Alonso Cano y el Frente Urías Rondón en Esmeraldas; el ELN (del cual se escindieron los Comuneros del Sur) y el Frente Alonso Cano en Carchi; y los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez en Sucumbíos. A los que se sumarían los Comuneros del Sur.

Colombia defiende su accionar

Según el Gobierno de Noboa, Colombia no ha tenido una respuesta de cooperación en el combate de estos grupos criminales. Sin embargo, la administración de Petro anunció que "Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación". 

Una publicación en X (antes Twitter) del Ministerio de Defensa de Colombia asegura que en 2025 se logró incautar 195 toneladas de cocaína "con énfasis en los departamentos de Nariño y Putumayo", un 43% más que lo incautado en 2024.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó en esa publicación que "Colombia es uno de los países que más combate al narcotráfico en el hemisferio occidental" y para eso la clave es la cooperación internacional. Sánchez destaca que con Ecuador se mantiene la articulación a través de distintos canales, entre los que destaca la Comisión Binacional Fronteriza, así como reuniones de mandos regionales.

El Ministro aseguró que gracias a esa cooperación se logró, en Medellín, la captura de alias 'Fede', un líder de Los Choneros que se fugó de la cárcel en Ecuador, con la supuesta complicidad de guías penitenciarios.