Así operaba la red criminal en la Agencia de Tránsito de Durán, que facilitó firma de contratos y gestión de trámites fraudulentos

La Agencia de Tránsito de Durán (ATD) se convirtió en una herramienta clave para financiar y expandir la operación de la banda criminal Los Chone Killers en el Municipio de esta localidad de Guayas. La red de Julio Alberto Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, ubicó en cargos públicos a parientes, testaferros y operadores que facilitaron además la gestión de trámites fraudulentos.

Pese a indicios en su contra, algunos de estos operadores siguen en funciones en el Municipio de Durán, mientras que otros quedaron fuera del proceso penal que concluyó el pasado 30 de junio con una condena -de entre 10 y 13 años de prisión- para 17 procesados, entre ellos Negro Tulio y su esposa.

La intervención policial ejecutada este lunes 7 de julio de 2025 en las dependencias de la ATD y del Cuerpo de Bomberos de Durán busca desmantelar los tentáculos de la estructura que -según el ministro del Interior, John Reimberg- matrícula vehículos robados y realiza cambios de propietarios de forma fraudulenta, además de “extorsionar” a conductores y transportistas. 

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El Gobierno central asumió la competencia de tránsito en Durán, para lo cual se asignaron 215 policías y, en el lapso de un mes, la atención al público estará cerrada mientras se realiza una investigación a fondo. Reimberg pidió también una auditoría de la Contraloría General del Estado.

Los grupos delictivos enquistados en agencias de tránsito municipal del país realizan incluso trámites a personas fallecidas, embolsándose miles de dólares por procedimiento. Estas operaciones irregulares forman parte de un sistema más amplio destinado a financiar las actividades de bandas criminales como Los Chone Killers y Los Choneros, mientras expanden su influencia en el gobierno local.

Así operan los “facilitadores”

La red de "facilitadores" dentro de la ATD incluía tanto funcionarios públicos como contratistas que actuaban como intermediarios para la organización criminal, según demostró la Fiscalía en la investigación contra el esquema de Negro Tulio y su pareja.

El caso más documentado corresponde a Luis Jacinto Baquero García, condenado el pasado 30 de junio a 10 años de prisión por delincuencia organizada, dentro de esa red. Baquero García celebró contratos con la ATD por casi USD 1 millón.

Los recursos fueron transferidos a su hijo Luis Felipe B. B., quien actualmente ocupa el cargo de Jefe de Minas y Canteras en la Dirección General de Obras Públicas del municipio y quien, según las investigaciones, sería un operador del cabecilla criminal.

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Las investigaciones revelan que la designación de Luis Felipe B. B. como Jefe de Minas y Canteras fue gestionada directamente por 'Negro Tulio'.

Las conversaciones interceptadas, resumidas en el expediente fiscal del caso, muestran cómo el cabecilla criminal exigía a un exsubdirector de la ATD que "le pasen la carpeta para que lo ponga de director", confirmando el control que ejercía la organización en las designaciones del aparato municipal.

A pesar de los indicios, el director de canteras no fue condenado en el caso y continuaba ocupando su cargo hasta mayo de 2025, según constató PRIMICIAS en el último distributivo de personal disponible en el portal de transparencia del Municipio de Durán.

El nexo principal del caso, sin condena

Otro presunto operador identificado es Luis Fernando S. Z., exsubgerente general de la ATD, quien habría actuado como uno de los principales nexos de la banda en el Municipio. De acuerdo a la indagación, fue sobreseído el pasado 1 de abril, una decisión cuestionada por la Fiscalía, que anunció su apelación.

Las interceptaciones telefónicas lo señalan como colaborador interno y facilitador de contratos para la organización, pues mantenía comunicación con Negro Tulio sobre el supuesto apoyo que el criminal brindó en la campaña electoral del alcalde y lo que el cabecilla exigía permanentemente a cambio.

Este funcionario habría influido en la concesión de contratos y facilitado el ingreso de operadores y familiares de la red criminal al municipio.

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En una intervención del proceso, el abogado del exsubgerente de la ATD se refirió a la contratación de un familiar de los cabecillas del grupo criminal en la agencia de tránsito, como “facilitador de contratos”. “Si es que se dudaba sobre los contratos se debía allanar a la ATD”, propuso en audiencia el abogado, como ha ocurrido finalmente este lunes.

La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán contó el año pasado con un presupuesto de USD 3 millones para contrataciones del régimen común especial, mientras que en los cinco primeros meses de 2025 se le adjudicó USD 2,6 millones, según el portal de Contratación Pública.

Cuartel de Bomberos intervenido

La Policía también intervino este lunes el Cuerpo de Bomberos de Durán. Según el Ministro del Interior, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, -involucrado también en una investigación por el caso- entregó un documento habilitante para cambiar al responsable de la institución.

Miembros de los Bomberos de Durán movilizaron drogas en vehículos oficiales (en ambulancias y tanqueros), planearon atentados (auxiliaron a sicarios en vehículos oficiales) y coordinaron extorsiones desde sus cuarteles, según las investigaciones del caso.

La red criminal habría continuado trabajando en los Bomberos, pues la Policía inició hace dos semanas la investigación contra un hombre que salió de la estación de Bomberos y quien habría estado involucrado en una muerte violenta.

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Ocho funcionarios públicos de dependencias municipales fueron condenados a 13 años y cuatro meses de cárcel como parte de la red de 'Negro Tulio', entre ellos empleados de la ATD, de los Bomberos y del Registro de la Propiedad de Durán.

Por ejemplo: Ana Gabriela Carriel Burgos, asistente administrativo de comunicaciones y relaciones públicas de la ATD, fue condenada como "facilitadora financiera" pues prestaba sus cuentas bancarias para realizar transferencias relacionadas con actividades de testaferrismo. Los registros muestran que recibió transferencias injustificadas por cerca de USD 52.000.