Así consiguió su libertad Samara Rivera, la viuda de 'Rasquiña', quien preparaba “dulces” para los jueces

La historia de Samara Solanda Rivera Saltos, viuda del antiguo líder de la banda criminal Los Choneros, retrata un sistema judicial fracturado. Su caso revela cómo la corrupción, las dilaciones procesales y la falta de coordinación entre las diferentes instancias pueden convertir al tiempo en el mejor aliado de quienes tienen los recursos y las conexiones para manipular el sistema judicial.

Aunque Rivera Saltos fue sentenciada a cinco años de prisión en octubre de 2024, por el delito de asociación ilícita, su defensa interpuso apelaciones y un recurso de aclaración, impidiendo que la condena quedara en firme. El proceso estuvo marcado por una serie ininterrumpida de demoras e incluyó la colusión de hasta una exfiscal provincial de Guayas.

El telón sobre el caso cayó el 14 de julio de 2025. El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas declaró de forma unánime la prescripción de la acción penal de Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias "JL" o "Rasquiña". Se acusó presunto “dolo y negligencia manifiesta” a tres jueces que retrasaron la causa por tres años.

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La instrucción fiscal contra alias “La Patrona” o "la dura de las duras" -como la celebraban sus seguidores en redes sociales- se inició el 24 de abril de 2020. Al 7 de julio de 2025, ya habían transcurrido cinco años, dos meses y 12 días, superando los cinco años de tiempo máximo de pena para asociación ilícita, por lo que la acción prescribió y la sentencia nunca llegó a ser ejecutoriada. 

La mujer, señalada como la operadora de una red de corrupción del sistema judicial, quien consiguió poner en libertad de “Rasquiña”, vuelve a burlar a la justicia, usando el paso del tiempo a su favor.

No obstante, la Fiscalía informó este jueves 17 de julio de 2025 que ha solicitado la revocatoria de la resolución que declara la prescripción en base a pronunciamientos de la Corte Nacional y Corte Constitucional sobre la suspensión de plazos de procesos no originados en un delito flagrante. 

El "endulce" de los jueces

La investigación inició en agosto de 2019, cuando los agentes policiales detectaron el entramado que Rivera había construido alrededor de la situación jurídica de su esposo, procesado en ese entonces por tenencia ilegal de armas.

En febrero de 2020, una conversación interceptada reveló que Rivera le pedía a una persona identificada como "Marianita" que le preparara unos "dulces" -una alusión a regalos y sobornos- para entregar a "unos jueces en Guayaquil", un encargo directo de Jorge Luis Zambrano.

La finalidad: "arreglar la situación jurídica" de su esposo en un proceso en el que, sorprendentemente, se lo declaró inocente y se le permitió acceder a la prelibertad en junio de 2020. “Rasquiña” sería asesinado en Manta, el 28 de diciembre de ese mismo año.

Balas, favores y coordinaciones con “Novita”

La acusación fiscal, detallada en acta de audiencia, expuso los alcances de la procesada:

• En la audiencia de formulación de cargos del 24 de abril de 2020, Samara Rivera presentó un certificado médico del Seguro Social que la diagnosticaba con COVID-19, lo que impidió que se le dicte prisión preventiva. Sin embargo, el Seguro Social certificó que una doctora que aparecía en el documento como la supuesta firmante, no trabajaba en el sistema público desde 2019, y Samara no tenía historial clínico en la entidad, sugiriendo la falsedad del certificado.

• Conversaciones telefónicas interceptadas también la vinculan con actividades de narcotráfico y tenencia de armas. En marzo de 2020, consultaba por teléfono con un interlocutor (Armando) sobre el precio de balas, sugiriendo una compra de municiones en la que JL le aconsejaba "que no las regale, (sino) que lleve a la casa". En octubre de 2020, Rivera discutía con su hermano, Geamil Eduardo, sobre la ubicación de balas y una alimentadora "que tenía guardada de Jorge Luis".

• Entre las pruebas del caso consta una foto de Samara con el abogado Xavier Alexander Novillo Arana, alias "Novita", quien hoy está condenado en el sonado caso Metástasi, además de una interceptación telefónica en la que coordinaban llevar regalos a miembros del Consejo de la Judicatura. Luego, la imputada y su abogado mantuvieron reuniones a puerta cerrada con funcionarios de la Unidad de Flagrancia del Albán Borja en el norte de Guayaquil.

El largo camino a la prescripción

Una de las figuras clave en las demoras del proceso fue la exfiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez. Ella apeló la decisión del juez Alfonso Ordeñana en mayo de 2021, quien ordenó el sobreseimiento de Samara y cinco procesados por supuesta falta de pruebas y porque "no cabía la coautoría” en el delito de asociación ilícita. Desde entonces, el proceso acumuló dilaciones sistemáticas.

Villagómez fue removida en marzo de 2024 como Fiscal Provincial de Guayas y posteriormente condenada a veintinueve años y seis meses por su vinculación con el caso Metástasis.

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Ella actuó como un "brazo jurídico" que ofrecía asesoramiento y apoyo a la red criminal del narcotraficante Leandro Norero, y, por extensión, al círculo de "Rasquiña". El proceso en contra de la exfiscal ventiló fotos de sus reuniones con el abogado “Novita” en el piso 13 de la Fiscalía de Guayaquil.

El Tribunal que declaró la prescripción de la condena contra alias “La Patrona” determinó que el mayor retraso de la causa se produjo en la sustanciación de la etapa de juicio, donde el proceso estuvo desde el 5 de noviembre de 2021, hasta el 24 de diciembre de 2024. Es decir, más de tres años.

La demora se les imputa a los jueces provinciales Carmen Vásquez Rodríguez, José Daniel Poveda Araus y Henry Morán Morán, integrantes del Tribunal de juicio. En un plazo de 10 días, se pidió que los jueces presenten un informe motivado sobre los incidentes acontecidos, pues habrían incurrido en “infracciones gravísimas” de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable.

La vida de la “patrona”

Con su hermano y su madre, Rivera constituyó una compañía en 2007, Sasorisa, con sede en Portoviejo (Manabí) y dedicada a la venta de artículos de ferretería, que actualmente consta con inscripción cancelada en el Registro Mercantil.

El hermano de Samara, Geamil Eduardo Rivera Saltos, trabajó en la agencia de tránsito de Manta en Manabí hasta el 18 de marzo de 2024, cuando fue asesinado. La recaptura de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, ha puesto el foco en el control que Los Choneros ejercían en esas dependencias municipales.

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En los registros de la Superintendencia de Compañías, la viuda de ‘Rasquiña’ también consta como accionista de Bbca S.A.S. desde junio de 2021, una empresa que sigue activa y cuya actividad principal es la de supermercados o tiendas de abarrotes, con un amplio espectro de actividades secundarias.

Mientras la justicia se movía con lentitud, Rivera vivía una vida de ostentación. En TikTok mantuvo abierta una cuenta al público hasta 2023 y allí se mostraba celebrando cumpleaños -tuvo dos hijos con JL-, cantando y viajando. Sus seguidores la veían bailar -por ejemplo- en la Puerta del Sol de Madrid, en un viaje por Europa.

Un informe de enero de 2023 del Frente Parlamentario Anticorrupción reportó uno de sus viajes a República Dominicana el 28 de febrero de 2022, junto a las parejas de los asesinados George Samir Maestre Mena (Lissette Katiuska O. S.), líder de la banda Mafia 18, y una pareja colombiana de Leandro Norero (Lina Paola R. V.), financista de organizaciones como Los Lobos.

De hecho, Rivera actualmente se mantiene fuera del país. Alegando motivos de seguridad y la realización de estudios médicos en el exterior, ha acudido a las audiencias de forma telemática, según los escritos presentados en juzgado. Teme que grupos criminales la estén buscando para asesinarla.