"Tuve que tomar el arma del policía para repeler el ataque", declaró un sobreviviente del crimen del concejal de Durán, Hugo Obando

El crimen del concejal de Durán, Hugo Obando, y de su custodio, el policía Rubén Chávez, fue como una “escena de película de terror”, en la que incluso uno de los que viajaban en el mismo vehículo declaró que tuvo que tomar el arma del policía fallecido “para repeler el ataque”.

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El concejal Hugo Obando Pinto, de 34 años, fue asesinado cerca del mediodía del sábado 27 de septiembre, cuando salía del Centro de Convenciones de Durán y se dirigía a su domicilio, acompañado del policía Rubén Chávez, el conductor del vehículo y un fotógrafo.

Obando había sido electo por la coalición “Chonillo ¡Ahora sí!”, conformada por organizaciones políticas como el movimiento Ciudadano, Durán Puede Más y RETO. El funcionario fue elegido para el periodo 2023-2027, de la administración del alcalde Luis Chonillo. No había ocupado un cargo público antes, según los registros de la Contraloría General del Estado.

El concejal figuraba, además, como administrador de varias empresas ligadas al transporte de carga y a servicios técnicos relacionados con productos derivados de combustible, según la Superintendencia de Compañías. La primera se encuentra activa y la segunda en disolución.

En agosto de 2023, Obando creó una empresa dedicada a las actividades deportivas, tipo gimnasio, en Durán, en la que constaba como único propietario y que en 2024 reportó ingresos por USD 71.628, a diferencia del año de su creación, cuando obtuvo USD 4.884.

Tras el atentado, junto con el concejal, falleció el policía Chávez, mientras que el conductor y el fotógrafo resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud donde se recuperaron de las heridas provocadas por los criminales, que, según la Policía, pertenecerían a la banda de los Chone Killers.

Este grupo de delincuencia organizada (GDO) tendría, según la Policía, influencia en el municipio de ese cantón desde hace más de una década, afirmó el subcomandante del distrito Durán, coronel Santiago Gavilanes, quien atribuyó el hecho a las acciones de saneamiento que realiza el Bloque de Seguridad en este cantón, uno de los más violentos a escala nacional.

Amenazas a dos concejales

Durante la audiencia de formulación de cargos se presentó el testimonio de uno de los dos sobrevivientes, quien narró a la Fiscalía que, en el trayecto al domicilio del concejal, en el sector Ferroviaria, a las 11:50, los ocupantes de un vehículo rojo y una motocicleta negra “realizaron varias detonaciones” contra el carro en el que se movilizada Obando y su personal.

Desde el hospital, el fotógrafo sobreviviente relató que tras los disparos vio al concejal herido de gravedad dentro del vehículo y, mientras los sicarios los atacaban, él alcanzó a llegar al policía custodio del funcionario.

“Llegó al personal de seguridad que estaba como copiloto, ahora ya fallecido, e inmediatamente hizo uso de su arma de fuego para defenderse. Incluso, como una escena de película de terror, el fotógrafo tuvo que coger el arma del policía para repeler el ataque del que estaban siendo objeto”, resumió el juez Hans Jiménez, de la Unidad Penal de Durán.

Su testimonio se sumó las versiones de otros testigos, además de las pericias de la cámara de seguridad y el levantamiento de evidencias encontradas en el domicilio de los dos detenidos por este asesinato que provocó que la alcaldía de Durán disponga que todo su personal realice sus actividades mediante el sistema de teletrabajo por un lapso de 15 días.

Entre los testimonios también se sumó el de familiares del concejal que señalaron que “se enteraron del crimen por una llamada telefónica, y que días atrás el político había manifestado que ‘no saldría de casa debido a que ya tenía varias amenazas de muerte'”.

Además, versiones recogidas por la misma Policía revelaron que estas amenazas eran de conocimiento de los concejales, a quienes les había llegado el mensaje de que “atentarían contra dos concejales más después del asesinato del director financiero, Javier Bolaños”.

El crimen del concejal Obando sucedió luego de cinco días del asesinato de Bolaños, funcionario que fue atacado a tiros en la vía Durán-Boliche de este cantón, que registró entre enero y agosto de 2025 390 homicidios intencionales, frente a 323 en el mismo período de 2024, según las cifras del Ministerio del Interior.

Detenidos intentaron huir

Un operativo de la Policía luego del asesinato del concejal permitió la captura de dos presuntos responsables del sicariato, Brayan Ariel D. A., de 19 años, y Ángelo Harén, M. M., de 20 años. La Policía señala que “fueron aprehendidos en el vehículo desde donde se había hecho el atentado”.

En sus domicilios, en las cooperativas 5 de Junio y 28 de Agosto, del cantón Durán, se halló también “una motocicleta de color gris sin placas de identificación vehicular con los números de serie y moto con las tres llaves metálicas introducidas en el encendido de la motocicleta”.

Además, prendas de vestir, celulares y otros objetos relacionados con el hecho delictivo. La Fiscalía señaló que estos indicios guardan similitud con las características que muestran las cámaras de seguridad obtenidas y revisadas en la investigación preliminar.

Ambos sospechosos, presentes de manera telemática en la audiencia de formulación de cargos, alegaron su inocencia, a través de su abogado Atilio Villacís.

“Los procesados manifestaron que no participaron de los hechos, que únicamente habitaban en la vivienda allanada, que colaboraron con la Policía y que han dado los nombres de los presuntos autores materiales”.

Abogado Atilio Villacís.

La Fiscalía pidió que el juez disponga la prisión preventiva de los detenidos considerando que el delito por el que se los investiga, asesinato, tiene una pena de 26 a 30 años de privación de libertad.

“Esto, señor juez, sin considerar que se trata de dos víctimas, la participación de dos o más personas y otros agravantes que ampliarían la pena llegando inclusive hasta el máximo permitido en la ley, de hasta 40 años de privación de libertad, lo que por sí misma ya es un amplio peligro de fuga”.

Fiscal Leonelo Pérez.

Adicionalmente, la Fiscalía argumentó que el parte policial señala que “cuando los agentes aprehensores llegaron al lugar, los ciudadanos notaron la presencia policial e inmediatamente trataron de darse a la fuga por la parte posterior del domicilio, no prestando la colaboración en las labores investigativas”.

El juez Jiménez acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que la prisión de los detenidos y su traslado a un centro penitenciario de Guayaquil.