Desde 2022, en Ecuador se han declarado nueve toques de queda por la inseguridad
Ante la incesante ola de violencia criminal y la crisis en las cárceles, el Gobierno anunció un nuevo toque de queda para el 15 de marzo de 2026. Esta se ha convertido en una herramienta recurrente desde 2022, en medio de la crisis de seguridad.

Imagen referencial de militares haciendo controles durante un toque de queda en Guayas, en agosto de 2024.
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Ecuador entrará en un nuevo toque de queda desde las 00:00 este domingo 15 de marzo. Aunque el decreto ejecutivo oficial del presidente Daniel Noboa fue publicado el 13 de marzo, la medida ya fue anunciada a principios de este mes y las calles de varias provincias respiran la tensión.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, confirmó que la restricción de movilidad regirá desde las 23:00 hasta las 05:00, franja horaria confirmada en el decreto presidencial.
Esta vez, la estrategia policial y militar se ha focalizado en lo que las autoridades de inteligencia denominan un "corredor estratégico" para los grupos de delincuencia organizada y del narcotráfico, afectando exclusivamente a las provincias de Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y El Oro.
En este escenario de incertidumbre, 35.000 agentes policiales se desplegarán para atacar a las bandas, coordinados desde un Puesto de Mando Unificado que operará desde Guayaquil, el epicentro de la inseguridad.
Paros y Covid-19
Esta herramienta está disponible solo en medio de un estado de excepción. En los últimos cuatro años se ha convertido en un mecanismo recurrente para manejar la crisis de seguridad.
Pero no siempre fue para combatir la criminalidad. El antecedente más antiguo -desde 2007- es octubre de 2019, cuando el toque de queda regresó al vocabulario de los ecuatorianos por un estallido social.
El sábado 12 de octubre de ese año, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso la militarización y el toque de queda en Quito y sus valles. Esto mientras la capital vivía una violenta jornada de manifestaciones que incluyó el incendio de la Contraloría General del Estado, actos vandálicos que el Ejecutivo atribuyó a infiltrados, narcotraficantes y agrupaciones criminales.
Aquella paralización, motivada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, terminó el domingo 13 de octubre, con la derogatoria del polémico Decreto 883, con el que se estableció el toque de queda.
Pero apenas unos meses después, en marzo de 2020, las calles volvieron a vaciarse, esta vez para enfrentar la pandemia por el Covid-19.

El virus obligó al gobierno de Moreno a declarar un estado de excepción el 16 de marzo, instaurando un toque de queda inicial a las 21:00 que, con el paso de los días y la ferocidad del contagio, se endureció. En Guayas, la restricción llegó a iniciar a las 16:00, extendiéndose luego a escala nacional.
Para abril de 2021, la letalidad del virus y la inminente saturación médica obligaron al Gobierno a dictar un nuevo estado de excepción por calamidad pública, imponiendo un confinamiento total y absoluto los fines de semana y toques de queda nocturnos de lunes a jueves en 16 provincias.
La crisis de seguridad, a escena
Desde 2022, el toque de queda mutó definitivamente de una medida sanitaria a una táctica de combate urbano para intentar controlar una crisis de seguridad desbordada.
El gobierno de Guillermo Lasso, cercado por los índices de inseguridad, emitió el Decreto Ejecutivo 411 en abril de 2022, un documento que transparentó una realidad aterradora al revelar que, solo entre el 1 de enero y el 25 de abril de ese año, el país había registrado 1.241 homicidios intencionales.
Este incremento, motivado por disputas territoriales para el envío internacional de drogas hacia Norteamérica y Europa, concentró el 60% de las muertes en subzonas críticas de Guayas, Esmeraldas y Manabí, obligando al Estado a restringir la libertad de tránsito y desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles bajo un régimen excepcional.
La violencia, lejos de contenerse, no hizo más que agravarse, llevando al gobierno de Daniel Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno a inicios de 2024.
El Decreto Ejecutivo 377, dictado a fines de agosto de 2024, renovó el estado de excepción en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, justificando la presencia militar y la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión.
Para 2025, el toque de queda volvió dos veces. El Gobierno ecuatoriano implementó dos estados de excepción. El primero, emitido en abril, abarcó siete provincias y tres cantones, imponiendo un toque de queda de 22:00 a 05:00 en zonas de Guayas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos y Azuay.
Posteriormente, el 12 de abril, la violencia de grupos criminales y los ataques a guardias carcelarios motivaron un nuevo decreto por "conmoción interna", el cual amplió las restricciones nocturnas a más de una veintena de cantones.
Ahora, para 2026, la medida apunta a cuatro provincias, aunque los detalles todavía son manejados de manera reservada.
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