La violencia en Ecuador deja más de 300.000 desplazados internos en dos años, según cálculo de Acnur

Los altos índices de violencia que registra Ecuador han provocado el desplazamiento interno de más de 300.000 personas en los últimos dos años -la mayoría de ellos ecuatorianos-, según proyecciones de las Naciones Unidas, a partir de un estudio realizado a 3.000 personas.

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Federico Agusti, representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), recordó que 2023 fue el año más violento en la historia de Ecuador, hubo una ligera disminución en 2024 en la tasa de homicidios principalmente, y volvió a aumentar en el primer semestre de 2025 "con números muy, muy altos", lo que ha impulsado el desplazamiento interno.

Ello, pese a que Ecuador está desde inicios de 2024 bajo el "conflicto armado interno" declarado por el presiente Daniel Noboa para enfrentar la escalada de violencia, causada por el auge de las bandas del crimen organizado, dedicadas mayormente al narcotráfico, pero también a la minería ilegal, a las extorsiones y a los secuestros.

El Gobierno ha catalogado a las bandas criminales como grupos "terroristas", y ha declarado sucesivos estados de excepción para facilitar las operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas contra estas estructuras delictivas.

"Detonante enorme"

Para el desplazamiento interno -abundó Agusti- a los temas de violencia, se suman factores estructurales vinculados a la pobreza, exclusión y falta de oportunidades.

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"Cuando se suman esas dos situaciones, es un detonante enorme para el desplazamiento", subrayó al revelar que el estudio sobre desplazamiento interno se realizó en 922 hogares, que representan cerca de 3.000 personas.

Uno de los datos claves de ese estudio -de representación nacional- es que "un 13 % de los hogares manifiestan que al menos un miembro de esa familia se ha tenido que trasladar o desplazar", el 42 % de ellos por motivos de violencia como extorsiones, amenazas, homicidios o conflictos entre bandas criminales que afectan a las poblaciones.

"No es que se desplazan por cuestiones económicas o el típico traslado del campo a las ciudades, sino que es, específicamente, vinculados a cuestiones de criminalidad", recalcó Agusti en una entrevista con la agencia EFE.

Si se traslada ese dato a número de personas, -comentó- "la estimación es que en los últimos dos años cerca de 315.000 personas se han desplazado en el país", la mayoría ecuatorianos.

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En el estudio, que está en su etapa final, participa también la Defensoría del Pueblo, y Acnur apoya, además, en el inicio de un registro de víctimas del desplazamiento, a fin articular respuestas junto con instituciones del Estado y gobiernos locales.

Zonas conflictivas

De acuerdo a Acnur, entre las provincias de las que salen sus habitantes figuran Azuay, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y otro de los epicentros de la crisis de violencia.

Mientras que entre las provincias receptoras están Manabí (una de las más afectadas por la violencia), Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, pero también Azuay y Guayas.

En "provincias como Guayas, que tienen una capacidad económica enorme, muchas veces se desplazan de un cantón a otro porque necesitan seguir trabajando y viviendo", explicó.

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Por ello, provincias como Azuay y Guayas, son tanto expulsoras como receptoras, insistió al añadir que el 22 % se desplazan solos y la mayoría en familia, lo que implica pensar en políticas públicas de acceso a la educación, de atención a grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres lactantes o embarazadas.

"La idea es ir trabajando con distintas autoridades de Gobierno para ver de qué manera podemos apoyar técnicamente para encontrar mejores respuestas al desplazamiento interno", indicó al expresar, por otra parte, su preocupación por la reducción de la financiación humanitaria, principalmente debido a una suspensión temporal por parte de Estados Unidos de los fondos de ayuda al desarrollo.

Ello, ha obligado a Acnur a cerrar sus oficinas en Ibarra, Cuenca y Huaquillas (fronteriza con Perú), y a fusionar una en Quito, así como a reducir personal y acuerdos con organizaciones socias, pues al momento su operación en Ecuador está financiada solo al 17 %.