Los procesos de asilo en Estados Unidos cambian en sus formas: más rigor y chequeos adicionales

NUEVA YORK. Pedro revisa el buzón cada tarde antes de subir al apartamento que comparte con otros dos ecuatorianos en Queens. Hace unos meses encontró allí uno de los sobres que muchos migrantes aprenden a reconocer incluso antes de leer el remitente. Blanco, con membrete oficial y letras celestes del servicio migratorio estadounidense impresas en la parte superior. Lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo. Rompió el borde con cuidado y desplegó las hojas lentamente hasta encontrar la confirmación que llevaba meses esperando. Su permiso de trabajo había sido aprobado.

Ese día pensó que el resto llegaría solo. Sabía, por experiencias de otros solicitantes, que después del permiso normalmente aparecía otro sobre con el número de Seguro Social. Guardó el documento en una carpeta y empezó a hacer planes concretos. Buscar un empleo más estable, abrir una cuenta bancaria, dejar atrás los trabajos informales. Pero han pasado más de tres meses y el segundo sobre no llega. “Sin el SSN (Social Security Number) puedo trabajar, pero todo se queda a medias”, dice.

Pedro llegó a Estados Unidos en febrero del año pasado, huyendo de una extorsión contra la empresa que había fundado con sus hermanos en Machala. Las amenazas dejaron de ser advertencias aisladas y se volvieron parte de la rutina. En Nueva York inició el proceso de asilo convencido de que seguir el camino legal le permitiría empezar de nuevo. La espera del número de Seguro Social, algo que parecía un trámite menor, terminó convirtiéndose en una nueva fuente de incertidumbre.

En grupos de WhatsApp comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos aseguraban que las reglas habían cambiado y que ahora era obligatorio acudir personalmente a reclamar el número. Otros advertían que acercarse a oficinas federales podía ser peligroso en medio del aumento de operativos migratorios. “Me decían que no fuera porque podían deportarme”, recuerda. Antes de tomar cualquier decisión, buscó asesoría legal.

¿Ir a ver personalmente el Social Security es un riesgo?

Ese tipo de dudas se repite con frecuencia, explica Andrés Quiroz, abogado especializado en sistemas de protección internacional y Máster en Derechos Humanos, desde AQ Immigration Services, firma con presencia en Colombia y Estados Unidos. Según observa, el temor actual no responde tanto a cambios legales sino a ajustes administrativos que han alterado la experiencia del proceso. El asilo sigue existiendo bajo las mismas bases jurídicas, pero el camino se ha vuelto menos automático y más lento.

Quiroz describe una transición silenciosa. Durante años, muchos solicitantes recibían el número de Seguro Social poco después del permiso de trabajo gracias a una coordinación administrativa más fluida entre agencias. Hoy esa conexión no siempre ocurre y el solicitante debe completar el trámite personalmente. No se trata de una nueva exigencia legal ni de una señal negativa en el caso. Es, explica, una consecuencia de procesos internos más rigurosos y verificaciones adicionales que han alargado los tiempos.

La pregunta que más escucha es directa. ¿Ir personalmente puede generar problemas migratorios? La respuesta, insiste, es no. Acudir a la Administración del Seguro Social con un permiso de trabajo vigente forma parte del procedimiento normal y no activa procesos de deportación. El trámite es gratuito y debe realizarse directamente ante la agencia federal correspondiente. El verdadero riesgo, advierte, aparece cuando el miedo lleva a evitar gestiones necesarias o a confiar en intermediarios que prometen acelerar algo que no puede acelerarse.

El endurecimiento práctico del sistema también se percibe en otras etapas del asilo. Las entrevistas iniciales se revisan con mayor detalle, las verificaciones de antecedentes son más exhaustivas y algunos expedientes permanecen más tiempo en análisis. Nada de esto modifica la ley, pero cambia la sensación de quienes atraviesan el proceso. “Las personas sienten que todo se volvió más difícil porque ahora cada paso exige más participación y paciencia”, resume Quiroz.

¿Puedo aplicar a un asilo luego de dos años?  

Mariana, ecuatoriana residente en Newark, Nueva Jersey, observa el proceso desde otra orilla. Llegó a Estados Unidos hace más de tres años desde Cuenca, en el Austro ecuatoriano, huyendo de una situación de violencia doméstica que, dice, la obligó a salir sin un plan claro. Durante los primeros meses no pensó en solicitar asilo. No sabía si se quedaría, si lograría estabilizarse o si regresaría cuando las cosas mejoraran. Consiguió trabajo, cambió varias veces de vivienda y aprendió a moverse entre empleos temporales. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba.

Hoy su preocupación es distinta. Nunca presentó la solicitud dentro del primer año desde su llegada y ahora teme haber perdido la oportunidad. “Pensé que tenía tiempo, que primero debía acomodarme”, cuenta. La pregunta que repite es otra de las más frecuentes entre migrantes que consultan asesoría legal. ¿Todavía puede pedir asilo después de varios años en el país?

Según explica Quiroz, ese escenario se ha vuelto cada vez más común. El plazo de un año para presentar la solicitud sigue siendo una regla y no ha cambiado en 2026. Sin embargo, la ley contempla excepciones cuando existen circunstancias extraordinarias o cambios relevantes que expliquen el retraso. “Muchas personas no aplican por miedo, desconocimiento o porque están tratando de sobrevivir económicamente. El problema aparece cuando dejan pasar el tiempo sin orientación legal y luego creen que ya no existe ninguna alternativa”, señala.

Agrega que el sistema ha tenido ciertos ajustes que han vuelto el proceso más exigente. Las entrevistas iniciales se evalúan con mayor detalle, la coherencia del relato cobra más peso desde el primer contacto con las autoridades y las revisiones de antecedentes se han ampliado. Esto obliga a los solicitantes a preparar mejor sus casos desde el inicio. 

“Hoy no basta con contar una historia difícil. El caso debe estar bien documentado y estructurado desde el principio”.

Andrés Quiroz, abogado especializado en sistemas de protección internacional 

A esos cambios se suman modificaciones prácticas que muchos solicitantes descubren solo cuando ya están dentro del proceso. Desde febrero de 2026 volvió a aplicarse la tarifa anual de asilo, un pago que debe realizarse mientras el caso permanece pendiente, además de los costos asociados a permisos de trabajo y renovaciones periódicas. “El sistema sigue ofreciendo protección, pero ahora exige mayor planificación económica y administrativa”, explica.

En ese contexto, rumores sobre cambios radicales, supuestas prohibiciones o riesgos inmediatos circulan con rapidez en redes sociales y generan decisiones basadas en miedo más que en normativa real. Para el abogado, el desafío actual no es solo jurídico, sino informativo. “El sistema sigue funcionando, pero entenderlo se ha vuelto más difícil. Y cuando falta información clara, el vacío lo llenan los rumores”.

Pedro y Mariana representan momentos distintos del mismo recorrido migratorio. Uno intenta avanzar dentro del proceso; la otra intenta entender si aún puede iniciarlo. Entre ambos casos aparece un mismo escenario: un sistema de asilo que continúa vigente, pero que en los últimos años ha dejado de sentirse predecible. Más controles, más pasos administrativos y mayores responsabilidades individuales han convertido el proceso en un camino menos automático y más incierto para quienes buscan protección en Estados Unidos.