Por eutanasia a un perro, Universidad Agraria fue sentenciada a capacitar a su personal en Guayaquil

La Universidad Agraria del Ecuador fue sentenciada a capacitar a su personal administrativo en materias de “derecho constitucional” y “debido proceso” luego de que dos alumnas ganaran una acción judicial presentada tras ser expulsadas por la eutanasia de un perro.

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El pasado 17 de diciembre de 2025, la Agraria le solicitó al juez una prórroga para cumplir con el cuarto punto de su sentencia que señala: “como medida de no repetición, se ordena que todo el personal administrativo que realiza la sustentación de procesos disciplinarios reciba una capacitación de 40 horas académicas en materia de derecho constitucional y debido proceso”.

Para la capacitación, el juez de garantías constitucionales de la Unidad Judicial Civil Florida Norte, Teófilo Terán, dispuso que la universidad envié una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que sus funcionarios coordinen los cursos en el plazo de tres meses, fecha que se cumple el 30 de diciembre, según la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2025.

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No obstante, la Agraria señaló al juzgado que esta capacitación representa “un desembolso pecuniario sobre un rubro no previsto en el presupuesto institucional que no se apega al Plan Operativo Anual (POA) para el último trimestre del año fiscal”.

“Actualmente la Universidad Agraria se encuentra atravesando un proceso de intervención y fortalecimiento institucional”, informó el centro de estudios y agregó que la representante administrativa que integra la Comisión Interventora fue removida de su cargo.

A mediados de abril de 2025, profesores y estudiantes protagonizaron manifestaciones exigiendo la salida de la entonces rectora Tamara Borodulina, quien fue removida el 9 de junio por el Consejo de Educación Superior que nombró como interventor y rector a Patricio Álvarez, quien lleva seis meses al frente de la institución.

En el escrito al juez, la universidad explicó que la funcionaria administrativa de la Comisión Interventora se encargaba de las cuestiones administrativas y financieras, y que su salida “significó una eventual paralización de los asuntos de contratación pública”. Además, señaló que se intentó contratar los cursos de capacitación en el portal de compras públicas, pero no se presentó ninguna oferta.

“Muy respetuosamente le solicito que se amplíe el plazo hasta el 28 de febrero de 2026, para poder lograr en su totalidad la ejecución de la disposición cuarta de la sentencia”, pidió la universidad y señaló que los tres puntos restantes de la sentencia se cumplieron en su totalidad.

Testimonios de alumnos

La Agraria fue sentenciada el 30 de septiembre de 2025, luego de que dos estudiantes presentaran una acción de protección alegando que se habían vulnerado sus derechos al haberlas expulsado de la institución tras registrarse un ‘incidente’ por la eutanasia de un perro.

“En una materia que se llama Neuroanatomía hubo un incidente donde un grupo de estudiantes, en aceptación de un veterinario, dieron la eutanasia a un perrito, lo que provocó aparentemente el problema”, expusieron los abogados de Nathalia A. y Jamilet M., alumnas del tercer semestre de la carrera de Medicina Veterinaria de centro académico.

En el expediente disciplinario de la universidad consta que 32 estudiantes fueron juzgados por la eutanasia del animal, hecho que se produjo para la práctica de una materia cuyas directrices habían sido emitidas por el docente de la cátedra, esto es la obtención del cadáver y el requisito de presentar un acta de eutanasia firmada por un veterinario.

“De acuerdo con los testimonios, se pudo determinar que la alumna Nathalia fue la persona que señaló la posibilidad de considerar a un perro identificado por ella, mientras que Jamilet dirigió a sus compañeros para que prestaran el vehículo para llevar al animal”, señala el informe que agrega que Jamilet también consiguió el medicamento para la eutanasia del can.

El perro, según los alumnos, se encontraba en “situación de calle, abandonado, a un costado de la autopista Narcisa de Jesús y en aparente estado de mala salud, y estuvo presente durante el acto de la eutanasia realizado en la parte posterior del vehículo”.

Una alumna afirmó que no participó del proceso de la eutanasia, pero aceptó haber falsificado el acta de eutanasia “y haber tomado los datos de su padre que ejerce como médico veterinario y haber falsificado su firma”. Otros dos alumnos dijeron que no sabían lo que se iba a hacer con el perro, pero que facilitaron el vehículo para “retirar el supuesto cadáver”.

Mientras que el docente de la materia argumentó que, según las indicaciones dadas a sus alumnos, “la práctica no era de carácter obligatorio” y que “en caso de acceder a la práctica, el cadáver que llevaran los estudiantes debía ser fresco y que debían presentar como requisito el acta firmada por un veterinario que realice la eutanasia”.

Los estudiantes rindieron su testimonio ante la Comisión de Investigación que elaboró el expediente, órgano que consideró que la falta cometida era muy grave, y dispuso para las dos alumnas, Jamilét y Nathalia la expulsión por “cometer fraude o deshonestidad académica”.

Otros tres universitarios recibieron como sanción la pérdida de una o varias materias, entre ellas, Neuroanatomía, Etología y Bienestar Animal y Fisiología Animal II; mientras que para el resto de los alumnos de la clase se dispuso el cumplimiento de 48 horas de labores comunitarias “que sirvan como medio de compensar la afectación a un ser vivo”.

Caso llegó al juzgado

El informe disciplinario se aprobó el 19 de agosto de 2025 y fue firmado por el presidente/rector de la Comisión Interventora de la Universidad, Patricio Álvarez.

Contra el rector, las alumnas expulsadas, que recibieron la sanción más grave, presentaron la acción judicial para exigir su reintegro al centro de estudios. Sus abogados argumentaron que durante el proceso disciplinario se violentó su derecho a contar con un defensor profesional.

“¿Qué artículo violentó esto? Pues violenta el artículo 76 numeral 7 literal E, nadie podrá ser interrogado ni aún con fin de investigación por la Fiscalía, por una autoridad policial o por cualquier otra sin la presencia de un abogado, esa es una garantía del debido proceso que se le violentó”, dijo un abogado, y recalcó que las alumnas fueron obligadas a “auto incriminarse”.

El abogado de la universidad, Galo Vaca, expuso que lo sucedió no es una eutanasia, que se configura por la voluntad de la persona, algo que un animal no puede manifestar. “No podemos resarcir, matar a un can posiblemente doméstico, desconocemos si era un can escapado de su domicilio, de sus dueños, resarcirlo como eutanasia, como práctica de violencia”, señaló Vaca.

La conducta de los estudiantes -agregó el abogado- causó un “impacto alarmante”, y “presentaron documentación de dudosa procedencia para eutanasiar a un can, posiblemente a dos, esto genera rechazo por parte de la institución y comunidad universitaria”.

No obstante, el juez consideró que se vulneraron los derechos constitucionales de las alumnas, pues la Carta Magna señala que “nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo”, y “las pruebas obtenidas con violación a la Constitución no tendrán validez alguna”.

Así, el juez ordenó que la sentencia como tal representa una forma de reparación a favor de las alumnas, que se deje sin efecto la resolución de la comisión disciplinaria de la universidad y que las estudiantes sean reintegradas de inmediato “en el mismo curso y semestre que cursaban al momento de la sanción”, esto en un plazo de tres días.

La Agraria presentó una apelación oral durante la audiencia, pero en el proceso no consta que la haya oficializado, sino que, por el contrario, acató la sentencia y solo le queda por cumplir la capacitación a su personal, para lo que pidió una prórroga aún no aprobada por el juez.