Las clases comenzaron en la Universidad Agraria, en Guayaquil, pero los conflictos no terminan

Con un mes de retraso, las clases en la Universidad Agraria del Ecuador (UAE) iniciaron este lunes 26 de mayo, pero la crisis interna se agudizó el fin de semana tras la denuncia de la rectora Tamara Borodulina de supuestos “actos de vandalismo” en los predios del centro académico.

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En un video difundido a la comunidad educativa, la rectora afirmó que los días sábado 24 y domingo 25 de mayo se presentaron hechos de vandalismo que provocaron la destrucción de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en el recinto universitario, por lo que dispuso que las actividades se retomen de manera virtual.

“Como máxima autoridad y ante los hechos que causan conmoción social, comunico que he dispuesto que a partir del lunes día 26 de mayo las actividades docentes, administrativas y estudiantiles se realizarán de manera virtual. Los decanos comunicarán las direcciones para que se realicen las clases virtuales”.

Tamara Borodulina, rectora

Clases presenciales

No obstante, las actividades educativas se iniciaron hoy de forma presencial, según imágenes y videos captados por docentes en los que se muestra a los estudiantes recibiendo clases en sus respectivas aulas, además se observa a alumnos caminando en los predios del centro superior en su sede en Guayaquil.

También en la sede de Milagro, videos mostraron una asistencia mayoritaria de jóvenes que acudieron al inicio de las clases, que se habían venido postergando desde el 21 de abril debido a los conflictos internos de la Agraria.

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La rectora no mostró los daños eléctricos producidos y en algunas aulas se observó la utilización, con normalidad, de equipos informáticos y proyectores que funcionan con energía o Internet.

En su video, Borodulina afirmó que la universidad “ha sido infestada por actos anárquicos reñidos con la ley”. “Buscaremos la cooperación de la Policía y de las Fuerzas Armadas para que identifique y aprehenda a los causantes de los daños ocasionados”, recalcó la autoridad.

Más cambios

Por su parte, los docentes denunciaron la designación de nuevos funcionarios por parte de la rectora, entre ellos directores administrativos, financieros, coordinador de Talento Humano, procurador síndico, director de bienestar y un asesor estratégico del rectorado.

Para este último cargo, la rectora nombró a Fabián Álava, quien se había desempeñado antes como coordinador de Talento Humano y a quien los docentes sacaron por la fuerza de las instalaciones de la universidad, pues lo acusaban de autorizar traslados de personal sin justificación.

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Los profesores lo señalaron de disponer, por órdenes del rectorado y de un abogado externo de ese despacho, cambios administrativos de docentes o empleados que no acataban las órdenes del asesor jurídico de Borodulina.

El 15 de abril, en medio de insultos, decenas de profesores exigieron la salida de Álava, quien fue removido del cargo por el Consejo Universitario en una sesión extraordinaria el 14 de abril. En esa misma sesión se dispuso la prohibición de realizar designaciones sin el conocimiento del consejo, máximo órgano en la Agraria.

“Todos los que han sido nombrados eran del grupo del asesor de la rectora, a algunos los han movido de puestos, pero son del mismo grupo”, comentó un docente que cuestionó que la rectora haya realizado los nombramientos en vísperas del feriado, el 22 de mayo pasado.

No obstante, en otro video difundido por la rectora, la funcionaria confirmó las designaciones y anunció la creación de nuevos canales y redes sociales para informar a los estudiantes sobre las decisiones del rectorado.

“Me vi en la penosa necesidad de reemplazar a las autoridades que violaban sus derechos y nombrar en su lugar a personas que, cumpliendo requisitos legales, ocupen estas funciones y que me ayuden a garantizar sus derechos como estudiantes”, informó la rectora.

El estatuto orgánico de la universidad -agregó Borodulina- le faculta para nombrar decanos, subdecanos y otras autoridades administrativas sin la autorización del Consejo Universitario. “Ya he pedido a la Contraloría que audite los siete últimos años, incluido mi periodo, y que de determinarse responsabilidades civiles y penales”, afirmó la rectora.