Corte de Guayas ratifica fallo que ordena al Estado entregar 69 medicamentos para enfermedades raras y catastróficas

En una rueda de prensa realizada este 8 de diciembre en Guayaquil, la Red de Organizaciones Unidas de Enfermedades Raras y Catastróficas exigió al Estado la entrega inmediata de 69 medicamentos esenciales, luego de que la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas ratificara la sentencia de primera instancia emitida en 2022 a favor de los pacientes.

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El fallo, notificado el 25 de noviembre, otorga 60 días para el cumplimiento integral de la resolución, un plazo que comenzó a correr el 26 de noviembre de 2025.

Rogelio Valencia, abogado que acompaña a las organizaciones, explicó que la sentencia reafirma el derecho constitucional de los pacientes a acceder a tratamientos oportunos y suficientes y "da un hálito de esperanza".

Sin embargo, recordó que, pese a la orden judicial inicial del 12 de mayo de 2022, el Estado no ha garantizado la provisión de medicamentos durante más de tres años.

"Desde esa fecha a la actualidad, a pesar de que ahí se indicaba que eso debió haberse cumplido quince días después del pronunciamiento oral favorable, hasta el día de hoy no se ha tenido la respuesta óptima para poder salvar las vidas de cada uno de los pacientes afectados por estas patologías".

Rogelio Valencia, abogado

Un fallo que alcanza a hospitales de todo el país

La acción de protección, No. 09332-2021-16100, fue presentada en Guayaquil, pero contempla afectaciones en hospitales públicos de varias provincias.

Entre las instituciones demandadas constan hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Icaza Bustamente, Abel Gilbert Pontón en Guayaquil y Eugenio Espejo en Quito, entre otros.

Según resume Valencia, la sentencia confirma tres puntos esenciales:

1. Rechazar las apelaciones de las instituciones de salud.

2. Ratificar la sentencia de primera instancia, que obliga al Estado a garantizar la provisión de medicamentos.

3. Reformar el plazo de cumplimiento, ampliándolo de 15 a 60 días por la complejidad del proceso, pero manteniendo la obligatoriedad absoluta.

Los medicamentos incluyen tratamientos para leucemias, fibrosis quística, enfermedades renales, patologías reumatológicas, trastornos hiposarios, miastenia gravis y diversos tipos de cáncer infantil.

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La coalición que impulsó la acción de protección está integrada por siete organizaciones: la Red de Enfermedades Raras y Minoritarias del Ecuador (RERME), la Fundación Fibrosis Quística del Ecuador, la Fundación Mucopolisacaridosis del Ecuador, la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (APNAC), la Fundación Miastenia Gravis del Ecuador y la Red de Pacientes Renales.

En conjunto, estas agrupaciones representan a más de 4.000 pacientes a escala nacional, afectados por la falta sostenida de medicamentos y tratamientos esenciales.

“El caos en el sistema de salud es un gran negocio”

Las organizaciones alertaron que el incumplimiento no solo es administrativo, sino que ha derivado en la pérdida de vidas por falta de medicinas esenciales.

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Rafael Palacios, vicepresidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, hizo un llamado directo al Estado ecuatoriano.

"El caos en el sistema de salud es un gran negocio. Lamentablemente, mantenerlo así es el éxito para poder seguir teniendo grandes intereses detrás de todo esto. Juegan con la vida de los pacientes. Nosotros no estamos pidiendo mendicidad, estamos exigiendo obligaciones constitucionales".

Rafael Palacios, vicepresidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer

Palacios afirmó que la falta de provisión oportuna, los constantes cambios de autoridades y la falta de personal especializado han agravado la crisis y aumentado la mortalidad, tanto en niños con cáncer como en pacientes renales y con enfermedades raras.

La Defensoría del Pueblo, que acompañó la acción de protección, también será parte del seguimiento al cumplimiento.

Un fallo vinculante para un sistema de salud en crisis

Con la sentencia en firme, el Estado ecuatoriano enfrenta la obligación inmediata de activar compras, garantizar abastecimiento y agilizar los procesos administrativos necesarios para la entrega de los fármacos.

Mientras tanto, las organizaciones advierten que cada día de retraso pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de estos tratamientos para sobrevivir.