Cubículos minúsculos en donde los colchones se guardan debajo de la cama: la crisis de hacinamiento por alquileres en España golpea duro a los migrantes

En el cuarto piso de un edificio sin ascensor en Sevilla, la cotidianidad de Yulitza Zambrano se mide en turnos de cocina y en el espacio exacto que ocupa una cama individual. A sus 39 años, esta venezolana gestiona una intendencia doméstica imposible. Comparte una habitación pequeña, diseñada para una sola persona, con su hijo de 16 años. “Él a veces llora, se pone triste porque quiere su propio espacio y se imagina otro hogar”, relata. Paga 450 euros al mes por este espacio, tras haber sufrido acoso y xenofobia por parte de un casero anterior que aprovechó su vulnerabilidad por ser migrante. En total, hay 10 personas conviviendo en cuatro habitaciones, con un solo cuarto de baño y un frigorífico cuya capacidad no alcanza para almacenar los alimentos de todos.

Con tantas personas en un mismo piso, la vivienda ha dejado de ser un espacio de intimidad para convertirse en una mera parada logística. Yulitza se levanta a las cinco y media de la mañana para cocinar antes de irse a trabajar. Tiene dos empleos; de 10:00 a 16:00 horas trabaja como teleoperadora en un call center, y de las 17:00 hasta las 21:00 horas, como limpiadora en distintos hogares. No vuelve a su habitación hasta bien entrada la noche, justo el tiempo necesario para dormir y volver a repetir la operación. Su hijo se las ingenia durante esas horas para hacer los deberes y comer en el mismo cuarto, el único espacio que tienen disponible, porque la vivienda está tan saturada que ni siquiera dispone de salón.

Su caso no es una anomalía estadística. Por el contrario, se trata de una realidad habitacional que ha ido ganando terreno en España. Los últimos datos publicados por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, muestran que el 20,5% de los inquilinos que alquilan a precios de mercado vive en condiciones de hacinamiento, lo que supone un incremento superior al 25% respecto a las cifras previas a la pandemia. España se ha consolidado como el segundo país europeo donde más ha crecido la sobreocupación residencial desde 2019, solo por detrás de Irlanda, en un fenómeno que los expertos vinculan a una brecha cada vez más profunda entre unos salarios estancados y unas rentas que han escalado hasta un 30% en el último lustro.

Para Juan Antonio Módenes Cabrerizo, profesor del Departamento de Geografía de la UAB e investigador en el Centro de Estudios Demográficos, estos datos no responden a un bache pasajero, sino a una desconexión entre la demografía y la política habitacional. Según el experto, mientras no cambien los parámetros del sistema actual, la situación empeorará porque “el crecimiento de los hogares potencialmente es mayor que el meramente de la población y no encuentra un crecimiento de la oferta en consonancia”. Esta falta de vivienda suficiente está creando, según Módenes, un “paradigma de necesidades insatisfechas de vivienda” que lastra la capacidad de ahorro y bloquea las decisiones estratégicas de vida de miles de residentes.

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Aunque la tasa de hacinamiento general del país (9,5%) se mantiene por debajo de la media europea debido a la acumulación histórica de patrimonio residencial en las familias, esta cifra actúa como un espejismo estadístico que oculta la emergencia habitacional de quienes no tienen acceso a la propiedad.

Las organizaciones que trabajan en la primera línea de la exclusión social han detectado este cambio. Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que la organización busca cada vez más habitaciones y menos pisos, “incluso para familias de dos o más personas, porque no se pueden pagar viviendas solas”. Este retroceso en los estándares de vida afecta de manera desproporcionada a los migrantes, que a menudo se ven obligados a aceptar condiciones abusivas.

En Madrid, la precariedad está encontrando un nicho en la ilegalidad de los locales reconvertidos. Laura Prieto, de 47 años, habita junto a su perro en lo que describe como un “zulo” de apenas 10 metros cuadrados. Se trata de un antiguo local comercial sin cédula de habitabilidad por el que paga más de 500 euros mensuales. Su caso es una ventana a un ecosistema de explotación. En su edificio, propiedad de un rentista con otros edificios en la zona de Sol, conviven familias enteras en espacios idénticos al suyo. Esta extrabajadora de la ONCE relata cómo parejas con niños, entre las que destacan una de origen filipino y otra ecuatoriana, se administran en estos cubículos donde “tienen que usar colchones que se guardan debajo de la cama” para poder moverse durante el día.

Para el doctor en antropología económica e investigador en el Instituto de Investigación Urbana IDRA, Jaime Palomera, esta situación no es una consecuencia accidental del mercado, sino una estrategia deliberada de fragmentación del espacio. El analista identifica una lógica empresarial diseñada para obtener más rentabilidad por metro cuadrado, dividiendo las viviendas en unidades mínimas de coliving, a menudo mediante contratos de corta duración que evitan la estabilidad del inquilino y permiten una rotación constante de precios.

Otro ejemplo de esta emergencia habitacional es Diana Lora Effio, una madre soltera de origen peruano, que vive con sus tres hijos de 14, 11 y 5 años en una habitación en el distrito madrileño de Usera, por la que paga 500 euros al mes. En los últimos meses, su familia se ha visto envuelta en una tragedia tras otra, primero al verse obligada a dejar su piso después de que el casero le subiera la renta de 600 a 800 euros y, posteriormente, al ser estafada con 4.000 euros por un falso alquiler que terminó en un desalojo policial traumático frente a sus hijos. Esta mujer de 42 años resume su realidad actual con una frase que evidencia el colapso de su privacidad: “Somos cuatro en una habitación y una sola cama”.

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Para sortear la falta de espacio, esta familia ha optado por pasar la mayor parte del día en el parque a fin de evitar la tensión de un piso compartido entre siete, donde el uso del baño y la cocina es una batalla diaria. “Es frustrante porque ya llevo ocho años aquí y en vez de superarme estoy retrocediendo”, lamenta. Diana sobrevive con menos de 1.000 euros al mes realizando manicuras y limpiando casas, sin contrato, para poder cuidar de su hija menor. Y a pesar de su actual situación, se aferra a la posibilidad de poder encontrar una casa para que sus hijos crezcan en un buen entorno.

En Sabadell, Suyapa Orellana, una hondureña de 29 años, comparte una habitación de 12 metros cuadrados con su marido y su hijo de 10 años. A pesar de tener regularizada su situación migratoria y tener trabajo, los requisitos de dos años de empadronamiento y tres nóminas fijas para acceder a un piso público mantienen atrapada a esta familia en una convivencia con otras siete personas. Suyapa ha tenido que normalizar la falta de intimidad absoluta, instalando dos camas matrimoniales en su cuarto para asegurar que su hijo crezca con cierta estabilidad, mientras ahorra con tenacidad para una futura entrada de un piso cuyo precio difícilmente bajará de los 200.000 euros.

Presión habitacional

El caso de estas mujeres ilustra una tendencia que Módenes califica de crítica. Lo que antes era una fase transitoria para quien llegaba a España, ahora se está cronificando. “La alternativa habitacional que le concedemos (a la población inmigrante) es el hacinamiento, porque de etapa temporal relacionada con la llegada se está convirtiendo en una situación permanente”, advierte el catedrático. A diferencia de los jóvenes españoles, que suelen vivir con sus padres “hasta edades avanzadas”, los migrantes se enfrentan a un mercado que les impide evolucionar vitalmente, lo que para muchos termina siendo el primer paso para asumir un cierto “fracaso en el proyecto migratorio” que podría derivar en un aumento de los retornos.

En cualquier caso, la presión habitacional no es un fenómeno exclusivo de la población extranjera. También erosiona la capacidad de movimiento de los nacionales. Los catedráticos advierten de que el sistema está fallando incluso a quienes hasta hace poco tenían una inserción estable. Hoy, las “parejas de doble ingreso” o jóvenes con “buenas perspectivas laborales” se encuentran con que los precios del mercado libre son sencillamente “inasumibles para sus salarios”, insiste Módenes.

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Es en este punto donde José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), identifica un fenómeno de inmovilidad forzosa y considera que el flujo de salida de las viviendas se ha bloqueado. “Hay muchas parejas, por ejemplo, que querrían divorciarse”, explica Montalvo, pero la realidad material de no poder pagar un segundo alquiler o acceder a otra hipoteca las obliga a mantener la convivencia bajo el mismo techo. Este estancamiento, donde la falta de oferta impide que los hogares se dividan o crezcan de forma natural, es lo que explica que el hacinamiento entre propietarios con hipoteca se haya duplicado en apenas cinco años, escalando del 3,5% al 7,8%.

La crisis de vivienda no solo está redefiniendo cómo vive la gente, sino también cuánto está dispuesta a ceder para poder quedarse dentro del mercado. Sus efectos son inmediatos, pero también dejan una huella a largo plazo que probablemente marcará a los hijos de Yulitza, Diana y Suyapa. Todos ellos comparten un síntoma común: la pérdida de un espacio propio para la construcción de su identidad. La precariedad habitacional no solo reduce el espacio, también limita la vida privada y deja a muchas personas expuestas a la arbitrariedad de algunos propietarios.

El escenario se enmarca en un momento crítico, pues a lo largo de este año, el país atraviesa una revisión masiva de los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia, un proceso que amenaza con agravar la crisis tras la anulación por parte del Congreso del decreto que prorrogaba hasta dos años más las condiciones de dichos arrendamientos. Sin este blindaje legal, que buscaba evitar subidas drásticas y mantenía un tope en la actualización de las rentas, miles de hogares se enfrentan a un encarecimiento de sus contratos como el que sufrió Diana. Y al igual que ella, la falta de alternativas habitacionales convierte la sobreocupación en la única salida frente al desahucio.

Contenido publicado el 16 de mayo de 2026 en El País ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.