Diana Moreno, la legisladora ecuatoriana en Nueva York: 'Ecuador tiene una gran parte de su población viviendo fuera y tiene la responsabilidad de apoyar a su gente'

NUEVA YORK. Diana Moreno habla de migración desde su propia historia. Nació en Quito y llegó a Estados Unidos a los 11 años. Creció en una familia que conoció de cerca la incertidumbre de no tener documentos. Hoy ocupa el escaño que dejó el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Asamblea Estatal, representando a un distrito de Queens donde una parte importante de la población es inmigrante.

Su llegada ocurre en un momento de tensión. El costo de vida expulsa a familias trabajadoras de la ciudad, mientras el miedo marca la vida cotidiana de comunidades migrantes por redadas federales del ICE. Moreno impulsa una agenda que combina asequibilidad y protección de derechos, con iniciativas como New York for All, en un momento donde, según plantea, la crisis ya no es solo migratoria, sino también política y de derechos humanos.

Pero su discurso también apunta hacia afuera. Hacia el sistema migratorio de Estados Unidos, que considera obsoleto, y hacia Ecuador, al que atribuye una responsabilidad directa con su población en el exterior. Moreno dialogó de forma telemática con PRIMICIAS.

Usted asume el escaño que dejó el actual Alcalde de Nueva York en un distrito profundamente migrante y uno de los más grandes de EE.UU. ¿Qué realidad le toca representar hoy?

Me toca representar a una comunidad trabajadora muy diversa, con muchos inmigrantes, en una ciudad que tiene muchísima riqueza, pero donde esa riqueza no está llegando a comunidades como la nuestra. Esa es la contradicción que vivimos todos los días. Nueva York genera oportunidades, pero también está expulsando a quienes sostienen esa economía, y eso es algo que no se puede seguir normalizando.

Esa contradicción también se refleja en el costo de vida. ¿Qué está pasando con las familias?

La ciudad se ha vuelto inaccesible. La vivienda, el cuidado infantil, la salud, todo ha subido. Y quienes se están yendo no son los más ricos, son familias trabajadoras que ya no pueden sostenerse aquí. Eso demuestra que el problema es estructural y que hay una desigualdad muy marcada entre quienes pueden absorber esos costos y quienes no.

¿Influye su historia como migrante en la forma en que legisla?

Completamente. Yo nací en Ecuador, fui indocumentada, viví el miedo a la deportación y la necesidad de trabajar en lo que hubiera para salir adelante. Esa experiencia la traigo conmigo todos los días. Me permite entender desde adentro lo que significa vivir en este sistema y también me da un sentido de responsabilidad muy fuerte al momento de tomar decisiones.

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Usted advierte un cambio en la forma en que operan los agentes migratorios. ¿Qué es lo que más le preocupa?

Que estamos viendo prácticas mucho más agresivas y peligrosas. Cuando agentes entran sin identificarse y se llevan a personas, eso yo lo llamo un secuestro. Y estamos hablando de gente que en su mayoría no ha cometido ningún delito. Eso ha generado un nivel de miedo muy profundo que está afectando la vida diaria de nuestras comunidades.

¿Cómo se traduce ese miedo en la vida cotidiana?

En cosas muy concretas. Personas que no salen de sus casas, que tienen miedo de ir al trabajo o de mandar a sus hijos a la escuela. Es un trauma colectivo que no solo afecta a quienes no tienen documentos, sino a toda la comunidad que vive con esa incertidumbre.

Frente a ese escenario, ¿usted ha planteado propuestas concretas? ¿Qué está impulsando desde la Asamblea?

Estamos trabajando en varias iniciativas, pero una de las más importantes es New York for All. Esta ley busca prohibir que las agencias policiales del estado colaboren con ICE o compartan información para detenciones migratorias, especialmente en casos menores. También estamos impulsando otras medidas como el MELT Act, que evitaría que los agentes operen ocultando su identidad, y Dignity Not Detention, para que el estado no utilice sus recursos en la detención de inmigrantes. Son herramientas concretas para proteger a nuestra comunidad.

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¿Hasta dónde llega su capacidad de acción?

Hay límites importantes. Las leyes migratorias son federales y eso define mucho del sistema. Pero desde el estado sí podemos actuar en cómo protegemos a nuestra gente aquí. Podemos reducir el riesgo de abusos, garantizar ciertos derechos y evitar que situaciones menores terminen en consecuencias mucho más graves.

Usted plantea que el problema de fondo es el sistema migratorio. ¿Por qué?

Porque no existe un camino real hacia la ciudadanía. Desde 1986 no ha habido una reforma significativa. Entonces cuando se dice que los migrantes no regularizan su estatus, la realidad es que no hay una forma justa de hacerlo. Es un sistema que lleva décadas sin responder a la realidad actual.

 ¿Qué está en juego?

No es solo migración. Es una crisis de derechos humanos y de democracia. Se están debilitando instituciones y priorizando políticas que generan miedo y exclusión. Eso termina afectando no solo a los inmigrantes, sino a toda la sociedad.

Usted considera que el Estado ecuatoriano tiene una deuda con sus migrantes. ¿Por qué?

Cien por ciento. Ecuador tiene una gran parte de su población viviendo fuera y tiene la responsabilidad de apoyar a su gente. Pero eso no está pasando. Más bien, el gobierno actual está colaborando con el gobierno antiinmigrante de Donald Trump. 

Con ese panorama, ¿qué le diría hoy a un ecuatoriano que está pensando migrar?

Que entienda bien el riesgo. Yo sé que en Ecuador hay situaciones difíciles, pero hoy emigrar es una decisión muy compleja. Es un sacrificio enorme y Estados Unidos no está dando la bienvenida a los inmigrantes. Es importante tomar esa decisión con información y con los ojos abiertos.

“El sueño americano”. ¿Qué queda de esa promesa hoy?

Yo diría que más que un sueño, es un sacrificio. Este país ofrece oportunidades, pero también ha discriminado y ha dejado atrás a muchas personas, especialmente a los inmigrantes. Por eso es importante contar la historia completa, no solo la parte idealizada.

La comunidad ecuatoriana la ve como un referente.

Para mí es una responsabilidad representar a mi comunidad con integridad y trabajar para que la vida de los inmigrantes mejore. Eso es lo que le da sentido a este trabajo.