Docente de la Universidad Agraria: “Si tú no te alías a mí, ya sabemos qué hacer contigo, me dijo el asesor de la rectora”

Las denuncias de irregularidades en la Universidad Agraria del Ecuador serán investigadas por una comisión del Consejo de Educación Superior (CES), mientras el Consejo Universitario de este centro académico resolvió que las clases previstas para el 28 de abril se posterguen para el 12 de mayo de manera presencial.

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Tras una sesión extraordinaria, el CES recibió un informe sobre las denuncias de la Agraria que le fue remitido por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES el lunes de esta semana. Ahí se concluía que los conflictos no podrían ser resueltos “bajo mecanismos internos”.

Dicho informe señalaba, además, que hay fundamentos suficientes e indicios de irregularidades en este centro de educación superior, por lo que el CES dispuso la conformación de una comisión con tres de sus miembros y el inicio de la fase de investigación al considerar que hay causales para una intervención.

Previamente, la mañana del lunes 28 de abril, el director del CES, Pablo Beltrán, compareció ante la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia de la Asamblea Nacional, y detalló que el Consejo ha recibido tres denuncias de “irregularidades académicas, administrativas y económico-financieras”.

Además, “supuestas situaciones de violencia al interior de la institución, la presunta interferencia de personas externas en decisiones institucionales, la falta de autonomía de la primera autoridad ejecutiva, la presencia de personas armadas que intimidan a la comunidad universitaria y presuntos incumplimientos en procesos de contratación pública”, mencionó Beltrán.

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El CES -agregó el director- dispuso que un informe de descargos sea entregado por la rectora Tamara Borodulina antes del 21 de abril, sin embargo, el informe fue presentado de manera extemporánea el 24 de ese mes.

En dicho informe, la rectora negó las denuncias y señaló que su actuación se enmarca en la ley, además rechazó la presencia de un asesor externo, aseguró que los bienes de la universidad solo se utilizan con fines académicos y administrativos y que las contrataciones cumplen la normativa vigente.

No obstante, en una entrevista con PRIMICIAS el martes 21 de abril, la rectora confirmó la contratación de un bufete de abogados en el que se desempeñaba su asesor. ‘El señor Llerena (José Luis) es parte del bufete, porque yo necesitaba consultar, yo estaba totalmente aislada, solita’, indicó Tamara Borodulina.

La semana pasada, el Consejo Universitario de la Agraria solicitó al CES, además de la intervención, la remoción de la rectora, lo que fue descartado por la entidad.

“Sobre la remoción, se respondió que no es posible dar trámite, en virtud de que no se cumple con las causales, no podemos remover a la rectora”, señaló Beltrán en su comparecencia ante la Asamblea.

Amenazas a docentes

Dos maestros de la Universidad Agraria comparecieron también ante la Asamblea Nacional y denunciaron intimidaciones y amenazas de parte del asesor externo de la rectora, José Luis Llerena, exsuegro de Jacobo Bucaram Pulley.

“La camioneta de la universidad la usaba el asesor, el carro ejecutivo del rectorado lo han blindado y le han puesto sirena. Hay ingresado guardias con fusiles. Se nombró a un jefe de Talento Humano que tiene trece procesos judiciales, por estafa, por favor”.

Kléber Cevallos, docente

Cevallos también mencionó que el asesor de la rectora dispuso la contratación de una médico ocupacional que tiene procesos judiciales por delitos como tráfico de influencias.

“Qué personal se ha llevado a la Agraria. Hemos detectado un contrato para biométricos, donde las tres ofertas son de personas que trabajan en la universidad, ya pagaron ese proceso y no están instalados los biométricos. Queremos que la Justicia y la Contraloría actúen. No vamos a declinar, estamos en defensa de la Agraria”, recalcó Cevallos, docente con 31 años de labores en esa universidad.

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Mientras que Carlos Amador, también docente de ese centro de estudios afirmó: “La Universidad Agraria del Ecuador no se escapa de la garra de la corrupción. La rectora, quien se desempeña desde 2024, trajo a un seudo asesor, quien trae una cola de personas que busca el desfalco de la universidad”.

En una carpeta con documentos que fueron distribuidos a los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea, el docente mencionó que en la universidad ingresaron “pipones” que cobraban sueldos de USD 2.000 sin trabajar, que se utilizaban los vehículos del Estado para fines ajenos a la universidad y que fue amenazado por el asesor de la rectora.

“Me llamó el seudo asesor y en pocas palabras me dijo: ‘Si tú no te alías a mí, ya sabemos qué hacer contigo’, me dijo el asesor de la rectora. Es una realidad lo que está sucediendo, tengan presente para que sepan la gravedad del asunto de lo que está viviendo la institución”.

Carlos Amador, docente

Mientras, el asambleísta de la comisión, Juan Carlos Camacho, recordó que hace dos años se reunió con el fundador de la universidad, Jacobo Bucaram Ortiz, quien le habría comentado que ya había la intención de tomarse la Agraria. Bucaram falleció el año pasado.

“Por ahí veo algunos nombres que son los mismos que aparecen en la mafia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, estamos ante un problema más grande que lo que en el papel puede constar, y ojalá que pronto se pueda intervenir esa universidad. Gente armada en una universidad es inadmisible”, comentó Camacho y exhortó a que la comisión legislativa derive las denuncias a la Fiscalía.

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Mientras, la presidenta de la Comisión de Educación, Zolanda Plúas, enfatizó: “No es posible que caiga en manos delincuenciales una universidad tan emblemática y reconocida en nuestro país”.