“Salgo de mi casa sin saber si voy a regresar”; así vive la comunidad migrante en Estados Unidos, tras un año de gobierno de Trump

NUEVA YORK. El aniversario del mandato de Donald Trump llega en un clima de mayor presión política, económica y administrativa, atravesado también por tensiones diplomáticas que se sienten en Nueva York y Nueva Jersey, donde viven alrededor de 500 mil ecuatorianos y donde el último año ha estado marcado por controles migratorios más duros, trámites federales más lentos y un aumento sostenido del costo de vida.

César forma parte de ese escenario. Llegó desde Cuenca hace 23 años y hasta hace poco llevaba una vida estable dentro de los márgenes de la informalidad. No tiene estatus migratorio, pero trabaja, paga renta y sostenía a su familia sin sentirse bajo amenaza directa. En el último año eso cambió. La mayor presencia de controles, los operativos migratorios y las nuevas directrices federales introdujeron un nivel de temor que no había experimentado en dos décadas.

Trabaja en la construcción y ha modificado rutinas que llevaba años repitiendo sin pensar. Sale más temprano, evita ciertas zonas y reduce al mínimo cualquier trámite que implique mostrar documentos. “Este año que acaba de terminar fue duro. Cada día salgo de mi casa sin saber si voy a regresar, no porque me muera, sino porque me agarren ‘los que sabemos’, dice, y al pronunciar esa última frase levanta las manos y dibuja en el aire unas comillas. Las medidas se han endurecido y con ellas la percepción de que la estabilidad que construyó durante más de dos décadas ya no depende solo de su trabajo.

A pocas estaciones del metro, en Queens, vive Maritza, una ecuatoriana que hace cinco años se convirtió en ciudadana estadounidense tras once años en el país. Se casó por segunda vez y esperaba que su vida entrara en una etapa más previsible. Sin embargo, el último año ha sido distinto. El proceso de su actual esposo avanza con más lentitud de lo previsto, con citas reprogramadas y tiempos de espera más largos, algo que ella asocia al nuevo clima político.

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Maritza trabaja en un salón de belleza y ha notado otro cambio. El costo de vida se ha disparado. La renta, menos acceso a subsidios de gobierno, los alimentos y el transporte absorben una parte cada vez mayor de sus ingresos. Lleva más de una década en Estados Unidos y no recuerda otro periodo tan marcado por la incertidumbre cotidiana, incluso para quienes tienen estatus legal.

“Agradezco a este país porque me dio una oportunidad, pero este último año ha sido un caos”.

Maritza, migrante ecuatoriana en Nueva York

Desde la administración de Donald Trump han difundido cifras y mensajes oficiales para enmarcar su primer año en términos de logros. En un discurso transmitido desde la Casa Blanca, el presidente afirmó que tras once meses en el cargo “nuestras fronteras están seguras”, que la inflación se ha detenido y que la economía muestra señales de fortaleza, mientras anunció incentivos como bonificaciones a personal militar antes de las fiestas de diciembre.

Aranceles precios y trámites  

El impacto del primer año de Trump no se ha limitado al frente migratorio. También ha alcanzado a los pequeños y medianos negocios que dependen del comercio internacional y del consumo de las comunidades latinas. Joaquín Oyola, distribuidor de productos latinoamericanos en Nueva Jersey, dice que los aumentos de aranceles y las nuevas barreras comerciales le afectaron de lleno. “Fue como una amenaza directa. Perdí clientes porque los precios subieron de golpe y muchos dejaron de comprar”, explica. En los últimos meses ha empezado a recuperar parte de su cartera, pero ‘el daño ya estaba hecho’. “Ahora se mueve todo con más cautela. Nadie sabe cuánto va a costar mañana”, resume.

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En paralelo a este escenario económico, también se ha incrementado la presión sobre los procesos migratorios y legales. En Nueva Jersey, una entidad que brinda asesoría legal reporta que la demanda de sus servicios se ha triplicado en el último año. La mayoría de las consultas está relacionada con evaluaciones de riesgo migratorio, preparación de planes familiares ante posibles detenciones y revisión de procesos que quedaron en suspenso o se han vuelto más lentos.

“Las solicitudes no provienen solo de personas en situación irregular. También acuden residentes permanentes, solicitantes de asilo y ciudadanos preocupados por parejas o familiares que siguen en trámite”, afirma Víctor Cruz, quien trabaja en una organización en dicho estado. La percepción de un entorno más restrictivo ha llevado a que muchas familias busquen información preventiva antes de enfrentar una crisis.

Ese cruce entre economía, comercio y estatus migratorio ha definido buena parte del año para la diáspora en Estados Unidos. La política ya no se percibe como un debate lejano en Washington, sino como una variable que condiciona precios, contratos, trámites y decisiones familiares en la vida cotidiana de miles de hogares.