'Temo que nos quiten a los niños': El drama de la familia de un ecuatoriano detenido por ICE, pese a tener permiso de trabajo
Un hogar casi sin ingresos; niños que no van a la escuela por miedo. La detención de un padre de una familia compuesta por dos lojanos y sus hijos, nacidos en Estados Unidos, los mantiene en incertidumbre. Una redada de ICE, en su trabajo en Nueva York, les cambió la vida.

Imagen referencial de una detención a un migrante por agentes del ICE en la zona de Harrison, Nueva Jersey, el viernes 6 de enero de 2026.
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NUEVA YORK. Juan salió de casa a las cinco de la mañana. Ese día había pedido hacer cuatro horas extra, una decisión que se había vuelto recurrente. El overtime ayudaba a completar el dinero para la renta, la comida y los gastos que nunca esperan. Caminó en silencio dos cuadras hasta la estación del metro, con el frío de diciembre todavía pegado a la noche y la cabeza puesta en la bodega donde trabajaba en Queens.
Llegó temprano, como siempre. Marcó su entrada, se puso el chaleco, los guantes y empezó la jornada. Horas después, casi antes de su primer break, agentes del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, entraron al lugar. La rutina se interrumpió de inmediato. Pidieron documentos. Hicieron preguntas rápidas. Juan tenía permiso de trabajo, número de seguro social y un proceso migratorio por asilo en curso y, aun así, fue uno de los que se llevaron”, aseguró Marta, su pareja.
Le retiraron sus documentos allí mismo. No hubo margen para llamar a casa ni para explicar nada. Lo trasladaron primero a Nueva Jersey. Después a otro estado. Luego otro más. Marta dice que perdió la cuenta de cuántos centros de detención ha atravesado desde entonces. “Cada traslado significó volver a empezar la búsqueda”, agrega.
Juan, un migrante ecuatoriano de Macará, provincia de Loja, había cruzado la frontera más de ocho años atrás junto a Marta. Se instalaron en Nueva York, trabajaron sin pausa y pagaron impuestos. Aquí nacieron sus dos hijos, hoy de seis y cuatro años. Marta precisa que la vida no era cómoda, pero era estable. Juan era el sostén principal. Ella trabajaba pocas horas limpiando casas y oficinas, siempre en los ratos en que los niños estaban en la escuela.
Nada de eso pesó el día de la redada. “Juan no tenía antecedentes, ni siquiera infracciones de tránsito, nunca se parqueaba en zonas prohibidas, conducía bajo el límite de velocidad. Se presentaba puntualmente a las citaciones mientras esperábamos que se resolviera su proceso, el suyo y el mío”. La detención llegó igual.

Desde entonces, la economía familiar quedó suspendida. Juan no puede trabajar. No puede aportar al hogar. Marta tuvo que reorganizar cada gasto, pedir ayuda a familiares y trabajar unas horas cuando puede, “o cuando el hambre puede más que el miedo”. Los pagos siguen llegando. La renta, la comida, los servicios. También los costos administrativos del proceso migratorio, incluso con el acompañamiento de organizaciones.
Marta indica que no tiene ahorros para contratar un abogado privado. El dinero que habían logrado guardar estaba destinado a un terreno en Ecuador, una apuesta a largo plazo. Hoy dependen de abogados de fundaciones que les han recomendado considerar una fianza, si el juez la permite. Aún no saben si podrán pagarla ni de cuánto será.
“Es que la fianza no resolvería el problema. Dice el abogado que solo permitiría que Juan regrese a la casa mientras espera una nueva audiencia. Después vendrán más citas, más incertidumbre, más riesgo”. Mientras tanto, ella reúne fondos sin saber si serán suficientes ni si llegarán a tiempo.
La incertidumbre vs el temor
El miedo se instaló también en la rutina de los niños. No han vuelto a la escuela, desde el 6 de enero. Marta teme que algo pueda pasarles, que alguien los esté siguiendo, que una nueva redada vuelva a cruzarse en su camino.
“Mis hijos nacieron aquí, pero nada garantiza que los encierren o que nos los quiten y tal vez que no podamos volver a verlos”.
Marta, migrante ecuatoriana en Nueva York
Dice que regresar a Ecuador no es una opción sencilla. En Estados Unidos ven el lugar donde resistieron durante años para que sus hijos tengan oportunidades que ellos no tuvieron. “Las redadas no solo atrapan personas, desarman hogares enteros. Nos obligan a recalcular cada cosa que hacemos, cada gasto, cada decisión”.
Ahora esperan el día de la corte. No hay fecha definitiva, solo la certeza de que esa audiencia marcará el siguiente tramo del camino. Hasta eso, Marta administra la espera como puede, entre trámites, cuentas y llamadas que nunca son suficientes.
A los niños les ha dicho que su padre salió de viaje por trabajo. No sabe cuánto tiempo podrá sostener esa explicación. Preguntan cuándo vuelve, si llamará otra vez, si traerá algún ‘regalito’ para ellos. Juan no está en Nueva York, entonces no puede recibir sus visitas. El contacto se reduce a llamadas telefónicas breves, vigiladas, que cuestan alrededor de 30 dólares por quince minutos. Cada conversación es un cálculo entre lo que quiere decir y lo que se puede pagar.
Cuando logra hablar con él, Marta intenta mantenerse firme. Le dice que afuera ella se encarga de todo, que resuelve la casa, los niños, la vida. Que él se concentre en resistir, en mantenerse vivo adentro. Cuelga y recién entonces se permite derrumbarse. Llora.
Cada noche repite la misma oración: “No pedimos privilegios ni excepciones, solo pedimos piedad y que el cielo bendiga a todos los que salen a la calle a luchar por nosotros”. Mientras tanto, la familia sigue esperando, aferrada a la esperanza de que volver a estar juntos no sea una promesa imposible.
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