467 ecuatorianos están presos en cárceles españolas; uno de ellos cuenta cómo ha sido pasar 18 de sus 41 años en prisión

MADRID. Durante más de la mitad de su vida adulta, un ecuatoriano que pide ocultar su identidad ha vivido bajo custodia del Estado español. “Mi condena fue de 19 años y 3 meses”, señala con gran precisión. Fue detenido en el marco de un homicidio y acusado como autor, aunque siempre ha defendido que su responsabilidad no fue directa. El tiempo, para este hombre que hoy tiene 41 años, no se mide en cumpleaños, sino en grados penitenciarios, permisos denegados y expedientes que se reactivan justo cuando parecía que todo empezaba a encajar.

Entró en prisión con 23 años. Hoy, cuando mira hacia atrás, llega a una conclusión sin dramatismo: “He pasado media vida en la cárcel”, dice. No intenta esquivar responsabilidades, al contrario, asume el daño causado y el delito cometido, pero también subraya que la pena ya fue cumplida. “Cuando entré a prisión no era consciente de la magnitud del delito que había cometido, pero al final lo pagué y jamás volvería a meterme en eso”.

Cuando dice “eso”, se refiere a su paso por las bandas latinas, un fenómeno que generó una fuerte alarma social en España y que, a comienzos de los años 2000, llenó las cárceles de jóvenes latinoamericanos que llegaron a España reagrupados por sus padres: chicos que encontraron en la calle una forma peligrosa de pertenencia. En su caso, la vinculación con las bandas no solo marcó el delito, sino toda su trayectoria penitenciaria.

Banda latina, una etiqueta y control permanente

A los jóvenes que llegaron a prisión con la etiqueta de pertenecer a una banda latina, el sistema penitenciario les aplicó un régimen de vigilancia y control más severo. Según una fuente interna de prisiones, muchos fueron clasificados en el fichero FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), reservado para internos considerados especialmente peligrosos, como miembros de organizaciones armadas o criminales.

La etiqueta se tradujo en un estigma cotidiano. El ecuatoriano entrevistado dice que daba igual que negara cualquier liderazgo o que explicara que se relacionaba con compatriotas por afinidad cultural. Para los funcionarios, esa cercanía era leída como amenaza. “Llegaba al patio y me juntaba con paisanos míos, y los funcionarios a los tres, cuatro días pues me decían: 'Recoge las cosas que no puedes estar aquí'. Pero, ¿por qué? Me trataban como si fuera una manzana podrida".

A lo largo de sus años de encierro pasó por cinco prisiones distintas. Estos cambios constantes de centro respondían a criterios de seguridad, pero, en la práctica, bloqueaban cualquier proceso de reinserción.

Esa inestabilidad también golpeó a su familia, obligada a desplazarse de un punto a otro del país para verlo durante encuentros breves, casi siempre a través de un cristal.

“Yo empezaba a estudiar en algún sitio y ya tenía que ir a otra prisión y empezar de nuevo. O ya me iban a dar un puesto de trabajo y no podía aceptar porque al otro día no iba a estar ahí”.

Ecuatoriano que pasó por cinco centros penitenciarios en España y hoy está en libertad condicional

Buena parte de la condena transcurrió en cárceles de máxima seguridad, como Estremera (Madrid) o Herrera de la Mancha (Castilla-La Mancha). Allí, el control era constante. Habla de cacheos y revisiones a las dos de la mañana, de noches interrumpidas y de una vigilancia que no descansaba.

Bajo el régimen FIES, además, tuvo durante años restringido el acceso a cursos y talleres a los que otros presos sí podían optar. Solo con el paso del tiempo, y gracias a un comportamiento que los informes calificaron de bueno, pudo empezar a trabajar en destinos internos, como los comedores, y realizar cursos de manipulación de alimentos y cocina.

Permisos que llegaron tarde y un segundo encierro

La ley contempla permisos penitenciarios tras cumplir una cuarta parte de la condena. En su caso, eso habría sido a los cinco años, pero no ocurrió. “Por la tipología del delito”, le dijeron. Los permisos llegaron recién a los 12 o 13 años de encierro. Fueron salidas breves, cada dos meses, durante casi un año. “Salía tres días y luego volvía a la prisión”, recuerda.

Después llegó el tercer grado, un régimen de semilibertad que permite cumplir la condena fuera del centro penitenciario, generalmente pernoctando en un Centro de Inserción Social. Así vivió diez meses: “Salía a las 7 de la mañana y volvía a dormir a las 11 de la noche, todos los días”. Parecía el principio del final, pero fue solo un paréntesis.

En pleno tercer grado se activó una orden de expulsión judicial con el objetivo de deportarlo a Ecuador. Por “protocolo de seguridad”, lo devolvieron a prisión hasta el final de la condena. “Esos dos años fueron peores que todo lo anterior”, repite. Desde dentro, luchó contra la expulsión con abogados y logró paralizarla. “Si no hubiera tenido familia ni dinero, me habrían deportado inmediatamente”, dice.

Finalmente, un juez retiró la orden apoyándose en informes positivos de educadores, trabajadores sociales y psicólogos. Su comportamiento en prisión había sido bueno. Volvió al tercer grado y hoy se encuentra en libertad condicional. Le quedan dos años para completar oficialmente la condena.

Reinserción, pero sin papeles

No tiene documentación. Aunque está en libertad, el miedo es concreto: cuando termine la condicional, puede activarse una expulsión administrativa por extranjería. Vive en casa de su familia, su red de seguridad. “Eso es lo que me salva”, cuenta. Sin ellos, estaría en un albergue o en recursos de emergencia.

Su vida, insiste, está aquí, en España. “Toda mi familia está aquí. Yo he vivido toda mi vida aquí”. Ecuador, en cambio, es casi un país ajeno.

No pide indulgencia ni olvido. Pide coherencia, y que alguien —una institución, un juzgado, un organismo de Derechos Humanos— mire su caso sin prejuicios ni atajos administrativos. “Mi condena ya está más que pagada y pasada”, repite. Se define como una persona “totalmente reinsertada” y reclama algo concreto y elemental: poder quedarse, trabajar y vivir sin esconderse. Mientras espera la resolución de su solicitud de asilo y firma una vez al mes en el centro de reinserción. Sigue viviendo una condena larga, duplicada por la extranjería y por una etiqueta que nunca terminó de borrarse.

Radiografía de un sistema

Su historia no es una excepción. En diciembre, en las prisiones bajo la Administración General del Estado —con competencias transferidas en Cataluña y el País Vasco— había 467 ecuatorianos presos, 441 hombres y 26 mujeres, de un total de 20.871 internos extranjeros. Los delitos más frecuentes son los contra el patrimonio (robos, hurtos, estafas), seguidos de los delitos contra la salud pública, principalmente tráfico de drogas, y los relacionados con violencia de género. La mayoría cumple condena en centros de la Comunidad de Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón.

En esta última comunidad está uno de los presos ecuatorianos más conocidos: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, recluido en el Centro Penitenciario de Zuera tras ser detenido en Málaga. Considerado por las autoridades ecuatorianas como uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, su régimen es el primer grado, el más restrictivo del sistema penitenciario español.Cómo funcionan las cárceles en España

El sistema penitenciario español se rige por el principio de individualización científica: la pena se ejecuta mediante un proceso de clasificación en grados, con la reinserción social como fin primordial, recogido en la Constitución. La gestión depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, salvo en Cataluña y el País Vasco.

El primer grado aplica el régimen cerrado, reservado a internos de peligrosidad extrema o con grave inadaptación. El segundo grado es el régimen ordinario y el más habitual. El tercer grado permite la semilibertad. La libertad condicional, conocida como cuarto grado, suspende el resto de la pena bajo condiciones.

España cuenta con 92 centros penitenciarios, incluidos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Los centros considerados de máxima seguridad —como Herrera de la Mancha o Madrid VII (Estremera)— y otros con módulos cerrados, como Puerto I y III, A Lama, Teixeiro o Zuera, se caracterizan por cacheos frecuentes y hasta 20 horas de aislamiento diario.