Estados Unidos endurece trámites migratorios y crece incertidumbre entre ecuatorianos en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. Tatiana todavía no puede mirar su cama sin que se le humedezcan los ojos. La sábana del lado derecho quedó tendida, intacta, como si su esposo aún pudiera volver a casa por la noche. Llegó hace apenas mes y medio, con visa de turista, para estar con ella, para vivir juntos al fin.

Tatiana lleva tres años en Nueva Jersey, limpiando casas, compartiendo piso con otras mujeres, enviando dinero a Ecuador. Al principio sin papeles, pero sin mayores sobresaltos.

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Su esposo había renunciado a su trabajo, vendió su carro, cerró ciclos con la esperanza de empezar nuevos. Pero lo que encontró en Estados Unidos fue otra cosa: puertas cerradas, empleadores que preguntaban por permisos, ofertas que no pasaban de USD 80 el día y gastos que, al final de la semana, no le dejaban ahorrar nada. “Lo intentó”, dice Tatiana. 

“Pero ya había probado lo difícil que era conseguir empleo sin papeles. Lo poco que lográbamos guardar no alcanzaba ni para soñar”.

Tatiana, migrante ecuatoriana

La ilusión duró poco. Hace diez días, recibió un mensaje de texto del gobierno de los Estados Unidos: “Decía que mi esposo tenía 40 días para abandonar el país”. Sin explicación. Sin llamada. Sin entrevista. Solo eso. El sábado pasado, él abordó el vuelo de regreso. Y ella se quedó. “Nuestro sueño quedó aniquilado”, dice, sin dramatismo, con una resignación que aprieta el pecho. 

Ahora analizan qué hacer: si ella vuelve a Ecuador o si él regresa en diciembre, “para quedarse, sin importar nada”. Otra opción que barajan es más silenciosa: que Tatiana doble turnos, limpie más casas, ahorre el doble y sea ella quien vuelva en diciembre. Por ahora, nada está claro.

Mientras Tatiana aún intenta entender qué pasó, las noticias llegaban desde la otra costa: Los Ángeles ardía. El 6 de junio, agentes de ICE detuvieron a 44 personas en redadas simultáneas. Al día siguiente, miles salieron a protestar frente a edificios federales y estaciones de metro. Hubo gases, arrestos, jóvenes con banderas y madres empujando carritos. El presidente respondió con el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad, sin autorización del gobernador de California. Lo que empezó allí, bajo el sol californiano, llegó en forma de burocracia endurecida a Nueva York y Nueva Jersey.

En la práctica, lo que antes bastaba, ahora no alcanza. Hasta hace poco, en muchos trámites bastaba presentar una licencia de conducir estatal o incluso solo el pasaporte del país de origen. Hoy, esas puertas se han cerrado. Oficinas, bancos, caseros y empleadores piden documentos legales migratorios, como tarjetas de residencia, visas válidas, permisos de trabajos o en su defecto una constancia oficial de solicitud de asilo en trámite.

Y eso no solo tensa las vidas de los recién llegados. También golpea a quienes ya estaban resistiendo. Como Carmen, otra ecuatoriana, que solicitó asilo en noviembre de 2024. Aún no le confirman el caso. Y sin ese paso, no puede acceder a un permiso de trabajo.

“No puedo seguir esperando. Pero tampoco puedo avanzar”

Carmen, migrante ecuatoriana

Estela, por su parte, está embarazada de ocho meses y debe presentarse la próxima semana en la corte de inmigración. En diciembre pasado se sentía segura: su estado sería considerado una circunstancia atenuante. Hoy, lo duda. “El embarazo no me garantiza quedarme. Ya no”, confiesa en voz baja.

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La presión se siente también en la economía. En la construcción, por ejemplo, antes se contrataba por USD 20 o USD 25  la hora a trabajadores sin documentos. Hoy, solo se presentan quienes tienen permiso legal, y eso eleva los costos a entre USD 35 y USD 40  la hora. Las obras se retrasan. Las facturas suben. “No es que falte mano de obra. Es que nadie quiere arriesgarse a una multa”, explica un contratista de Newark.

Según el centro TRAC de la Universidad de Syracuse, más de 2 millones de solicitudes de asilo están activas en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, y la espera promedio es de 636 días, es decir, más de 20 meses.

A esta saturación se suma un nuevo golpe: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha propuesto retrasar aún más el acceso al permiso de trabajo para quienes soliciten asilo. Hoy, la ley establece que se puede pedir a los 150 días tras presentar la solicitud, y suele otorgarse a los 180. Con los cambios, ese plazo se extendería a un año o más, y además se congelaría hasta que se resuelva el caso, lo que en la práctica obligaría a los solicitantes a esperar años antes de poder trabajar legalmente.

Nelson Ochoa, abogado que representa a migrantes desde hace más de una década, resume el panorama: “No hay leyes nuevas. Lo que hay es una ejecución implacable de lo que ya existía. Se ha vuelto una estrategia de desgaste: si no puedes quedarte por ley, te hacen imposible vivir mientras lo intentas”.

Tatiana, mientras tanto, sigue en Newark. Por las noches repasa la conversación con su esposo. Él llama desde Guayaquil, pregunta cómo está, si piensa volver. Ella no tiene respuesta. No hay instrucciones, solo una cuenta atrás ya cumplida y un sueño que se ha convertido en elección imposible: regresar o esperar al otro, sin certeza, sin permiso, sin futuro claro.