La herida que no cierra: el drama de las hipotecas impagables que sigue afectando a migrantes ecuatorianos en Madrid

MADRID. El mercado hipotecario español ha cerrado la primera mitad de 2025 con un apetito por el crédito que no se veía desde los primeros años posteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y junio se firmaron 243.257 hipotecas para la compra de vivienda, un aumento del 25% respecto al año pasado y la cifra más alta en un primer semestre desde 2011. Los expertos lo atribuyen a la relajación financiera —con un tipo medio del 2,99%— y al temor a que la oferta residencial siga menguando y los precios escalen aún más.

Pero mientras parte del país vuelve a lanzarse a comprar vivienda, miles de familias, sobre todo migrantes, continúan atrapadas en las hipotecas que firmaron en pleno boom inmobiliario de los años 2000. Quienes no lograron entregar el piso y cancelar la deuda siguen sumidos en trámites judiciales, moratorias con los bancos y acuerdos de alquiler social con los nuevos propietarios.

César Bolaños, ecuatoriano que lleva 26 años en España, fue uno de los que encabezaron el reclamo de cientos de hipotecados que, como él, no vieron la letra pequeña de sus contratos y no lograron sostener las cuotas cuando el índice euríbor se disparó y los pagos mensuales se duplicaron. Aún se sorprende de lo sencillo que fue conseguir crédito en 2005. “Las hipotecas se daban a diestra y siniestra, hasta con el pasaporte”, recuerda. Firmó por 220.000 euros (USD 255.000 al cambio de hoy) y el banco le aseguró que la cuota subiría “un poquito”. Ese “poquito” se convirtió en un precipicio: la mensualidad pasó de 800 a 1.300 euros (de USD 925 a 1.500). En 2012 dejó de pagar. El dilema era simple: hipoteca o comida.

Su llegada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) le permitió identificar cláusulas abusivas y aprender a defenderse acompañado de la plataforma y de un abogado. La entidad inició entonces una ofensiva judicial de ocho años. “Querían el piso y querían dejarnos con deuda”, resume. Hubo dos intentos de desahucio, frenados por la resistencia organizada. “Mucha gente de la PAH se ponía en la puerta y paraba los desahucios”, recuerda. La presión social y el respaldo jurídico de la Embajada de Ecuador, que entre 2012 y 2017 asesoró a los ecuatorianos hipotecados, obligaron finalmente al banco a negociar.

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El regateo fue prolongado. Le pidieron 20.000 euros (USD 23.000) para dejarle ir; luego 10.000, 8.000, 5.000… hasta que cedieron y aceptaron las llaves sin más condiciones. Era la dación en pago, el mecanismo que permitía entregar la vivienda a cambio de borrar la deuda. La suya llegó en 2019, después de casi una década de desgaste.

Hoy, con su caso cerrado, César mantiene un chat con más de 150 afectados que siguen buscando cómo sostener sus viviendas o cómo salir de sus deudas. Entre ellos, muchas mujeres cuya historia revela los nudos más retorcidos que dejó aquella crisis. Todas han pedido cambiar sus nombres, menos una; casi todas han roto con sus parejas; varias han cargado con enfermedades, depresiones y silencios que no quieren que sus familias en Ecuador conozcan.

María: pagar para no perder lo que es suyo  

María compró su casa en Madrid en 2003 por 140.000 euros (USD 162.000) porque hasta entonces alquilaba una litera en la vivienda de un familiar. Como no podía acceder sola al crédito, terminó envuelta en avales cruzados y una persona cercana fue incluida como copropietaria del 50%. El problema estalló cuando ese tercero dejó de pagar otras deudas y la mitad de la casa de María quedó embargada.

Hoy, aunque la propiedad está partida, María paga el 100% de una hipoteca que llega a 1.600 euros mensuales (USD 1.850). Ya no está con su pareja y asume toda la deuda con ayuda de su hijo para evitar ser desalojada. Su crédito variable pasó por varios fondos buitre sin previo aviso y ahora solo puede negociar por teléfono con el último.

Edith: borrar la deuda, no el estigma  

Edith compró con su marido un cuarto piso sin ascensor en Madrid en 2006 por 255.000 euros (USD 295.000). La cuota pasó de 950 a 1.800 euros (de USD 1.100 a 2.084) tras el desplome del sector de la construcción. Dejaron de pagar pasados unos cinco años y el banco se negó a negociar. Durante la batalla, Edith se divorció. Finalmente contrató un abogado particular y logró un alquiler social por siete años con la deuda retirada por completo. Pero sigue en la lista de morosos (Asnef) por haber sido avalista de un familiar que, como ella, dejó de pagar.

Margot: vivir en el piso sin saber si podrá quedarse  

Margot compró en 2006 un piso en Carabanchel por 350.000 euros (USD 405.300) junto con su pareja. La cuota escaló de casi 1.000 a 1.400 euros mientras su marido perdía su empleo en la construcción durante tres años. Agotaron los ahorros y dejaron de pagar cuando ella tenía 50 euros en la cuenta.

Descubrió después que su hermana, que solo iba a ser avalista, fue incluida como propietaria sin que nadie se lo comunicara. La inmobiliaria también le robó 5.000 euros destinados a la entrada del piso. La vivienda fue subastada y adquirida por un fondo buitre. Hoy sigue allí gracias a una moratoria lograda con un abogado de oficio, prorrogada hasta 2028. Su objetivo es obtener la dación en pago para no quedar endeudada. Ha sufrido depresión y estrés, y el nuevo propietario la ha llegado a llamar “okupa”, visitándola varias veces para exigirle que se marche.

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Elena: violencia, enfermedad y deuda perpetua  

Elena compró con su marido un piso de protección oficial en 2006. Él ejerció violencia de género y se desentendió de la hipoteca y de la manutención. Ella vive hoy con una pensión por incapacidad debido a epilepsia, ansiedad crónica y depresión, afecciones agravadas por los malos tratos.

El piso terminó en manos de un fondo buitre y ella arrastra una deuda de más de 100.000 euros (USD 115.800). No dispone de un abogado que pueda avanzar en su caso y la negativa del exmarido a colaborar la mantiene atrapada en un laberinto legal que parece no tener salida.

César, que ya logró cerrar su propia batalla hipotecaria, acompaña ahora a todos ellos: responde mensajes a cualquier hora, los calma, los orienta, revisa papeles, busca abogados. Insiste una y otra vez ante las autoridades de la Embajada de Ecuador en España y ante los asambleístas que representan a la comunidad migrante para que retomen aquel patrocinio legal que, durante un tiempo, salvó a cientos de familias de quedar a merced de los acreedores. La deuda de muchos sigue viva. 

Las claves del pinchazo a la burbuja inmobiliaria  

• El detonante llegó desde Estados Unidos. La crisis de las subprime secó la liquidez internacional y frenó en seco el crecimiento de los precios en España. La demanda se desplomó y comenzó la caída del valor de la vivienda.
• El ajuste fue brutal: la demanda cayó más de un 40% y los precios, un 25,6%. Las cajas quebraron y fueron nacionalizadas; la banca acumuló suelo, viviendas y una deuda inmobiliaria de 325.000 millones de euros. El desempleo se disparó y miles de personas quedaron sin trabajo.
• La crisis dio lugar a la PAH, que organizó resistencia, frenó desalojos y promovió la dación en pago, la quita de deudas y una moratoria de desahucios que sigue vigente hasta, al menos, 2028.
• Tras el rescate bancario, llegó una segunda sacudida: la venta masiva de viviendas públicas a fondos buitre. Su irrupción, sumada al auge del alquiler turístico, alimentó una nueva crisis, esta vez en el mercado del alquiler, con subidas superiores al 50% en ciudades como Madrid y Barcelona.