Regularización masiva en España: Luego de emisión de decreto se espera intensa actividad en los consulados de Ecuador, que activaron redes, campañas y alertas

MADRID. Los consulados asentados en España han enfrentado una demanda inusual desde que se anunció el proceso de regularización masiva en este país. El real decreto —dirigido a regularizar a los extranjeros que hubieran entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025— se aprobó el 14 de abril, pero ya el anuncio había activado a miles de personas. 

Luego de la emisión del decreto, se anunció que los migrantes podrán solicitar la regularización desde el 16 de abril de manera online, o pedir, ese mismo día, una cita para hacerlo presencialmente a partir del 20 de abril. 

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio" para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, cuando se acaba el plazo, de modo que en dos meses y medio el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones "vengan las que vengan", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La medida ha despertado recelos en el espacio Schengen, la zona de 29 países que garantiza la libre circulación. En febrero, la Comisión Europea ya advirtió que una regularización masiva no puede convertirse en “un cheque en blanco” ni tensar el equilibrio migratorio dentro de la Unión Europea.

Mientras se resuelve ese pulso político, los consulados se prepararon para un escenario que ahora tiene forma definitiva. Uno de los trámites clave, la solicitud del certificado de antecedentes penales, ha generado colapsos en varias sedes consulares de distintos países. En el caso ecuatoriano, sin embargo, el impacto ha sido más contenido porque el documento y su apostilla (que cuesta 30 euros, unos 35 dólares al cambio actual) pueden gestionarse en línea, lo que ha evitado largas filas, aunque también ha evidenciado una brecha digital que obliga a mantener la atención presencial para quienes no pueden acceder o completar el proceso telemático.

La embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, confirma que la maquinaria consular está en alerta y atenta a la realidad política, por las observaciones de la Comisión Europea. Añade con claridad el trasfondo político: “La Unión Europea está contraria a que se haga una regularización masiva”.

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Según Andrade, Bruselas ya ha marcado límites concretos al eventual proceso: “Si España continúa con ese proceso de regularización masiva, que sepa que esas personas que se regularizan solo podrán permanecer en España y que para el resto de la Unión Europea serán sencillamente turistas con una permanencia de no más de 90 días”.

La red consular ecuatoriana ha desplegado una estrategia preventiva. Desde el anuncio, los consulados han activado campañas informativas e incluso se ha diseñado un formulario para medir la demanda potencial, aunque los resultados apuntan a un interés más limitado de lo esperado. La embajadora señala que serían alrededor de 3.000 ecuatorianos quienes podrían beneficiarse, una cifra baja en comparación con otras comunidades que no tienen la restricción de visado y continúan ingresando a España.

Ecuador cuenta con seis consulados principales —Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Málaga—, además de una red de consulados honorarios y asociaciones como Rumiñahui, que actúan como canales de información para evitar fraudes. La coordinación institucional busca adelantarse a la desinformación, uno de los principales riesgos del proceso.

En el terreno, cada consulado adapta la estrategia a su realidad. En Barcelona, con una jurisdicción de más de 120.000 ecuatorianos, el cónsul Patricio Garcés advierte que la regularización se mezcla con otros procesos de extranjería. “Muchos hablan de la regularización, pero no saben en qué consiste y algunos confunden que puede ser incluso para el proceso de nacionalidad”.

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Valencia ya vivió una pequeña regularización

En Valencia, donde están registrados unos 65.000 ecuatorianos en el consulado, el perfil migratorio ha cambiado con la llegada de estudiantes. “Aquí somos muy diferentes a la primera ola de migrantes que vinieron a finales de los 90. Son estudiantes y muchos se están quedando a trabajar por pedido de sus profesores o empresas de aquí”, explica la cónsul Nataly Ortiz, que subraya la creciente inserción laboral cualificada de los ecuatorianos. En esa jurisdicción, además, ya se percibe el efecto del anuncio. “Sí hemos tenido un incremento sustancial de la demanda del certificado de antecedentes penales, digamos un 50%”, señala.

Ese aumento no es del todo nuevo. Hace un año, tras la DANA de octubre de 2024, se abrió un proceso excepcional de regularización para personas afectadas por la catástrofe climática en Valencia, que alcanzó a unos 25.000 extranjeros. Entonces, cerca de 600 ecuatorianos solicitaron el certificado de antecedentes penales, lo que representó un incremento de hasta el 300% en la demanda habitual. “Por el tema de la DANA les dieron también la posibilidad de regularizarse”, recuerda Ortíz desde el consulado, donde ese precedente funciona hoy como una suerte de ensayo general.

Murcia, que atiende a unos 31.000 ecuatorianos, tiene una población flotante porque no solo recibe usuarios de su región, sino también de provincias cercanas, señala el cónsul César Mantilla, lo que complica la planificación de la demanda. “Nosotros atendemos a ecuatorianos de Alicante porque es menos distante que irse al consulado que a ellos les corresponde. Lo mismo pasa con lo que están en frontera con la parte de Málaga”, explica Mantilla.

Aun así, destaca la preparación institucional. “Ecuador es un referente en orden y en las estrategias que se han tomado”. Entre las medidas concretas ya en marcha figuran los consulados móviles —como el que habrá en Cartagena el 25 de abril—, talleres informativos con abogados de extranjería y jornadas extraordinarias de atención en fines de semana.

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Los cónsules ecuatorianos también hacen advertencias e insisten en que no es momento de precipitarse. El certificado de antecedentes penales, el requisito indispensable, tiene una validez de apenas 90 días. Tramitarlo antes de que se publique el reglamento podría convertirlo en papel inútil. “Esperemos a que el proceso esté un poco más avanzado para que no se les venza”, recomienda el cónsul de Murcia.

En paralelo, la embajada ya tiene lista una campaña más amplia, con creadores digitales y tutoriales paso a paso, que se prevé se active rápidamente, una vez que se ha expedido el decreto. “Nosotros estamos alertas a que el reglamento se publique, tenemos ya listo una campaña”, asegura la embajadora.

La regularización extraordinaria oscila entre la expectativa de miles de migrantes y las reservas de Europa. En ese terreno incierto, los consulados ecuatorianos han optado por anticiparse con una estrategia preventiva que busca contener el desconcierto, ordenar la demanda y, sobre todo, evitar que la urgencia por regularizarse derive en nuevas formas de vulnerabilidad o en redes informales que lucran con la necesidad.