Sacerdote separado de sus funciones en Olón: ¿qué dice el protocolo de la Iglesia frente a denuncias de abuso?

La Diócesis de Santa Elena suspendió de sus funciones al sacerdote Diego S., grabado en un video junto a tres adolescentes en su vivienda en Olón, Santa Elena. El hecho, difundido en redes sociales el 16 de agosto de 2025, motivó una indagación previa de la Fiscalía por presunto abuso sexual. 

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Mientras avanza el proceso judicial y canónico, resurge la pregunta: ¿qué medidas está obligada a aplicar la Iglesia ante denuncias de abuso?

La respuesta de la Iglesia: suspensión y cero tolerancia

La Diócesis de Santa Elena confirmó la suspensión del sacerdote de sus funciones pastorales mientras se desarrollan las investigaciones civiles y canónicas. “Hemos activado todos los protocolos establecidos para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”, señaló en un comunicado oficial.

Ese protocolo —titulado “Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños, adolescentes y personas vulnerables”, publicado en enero de 2020— busca establecer un marco de prevención, atención y sanción ante casos de abuso y acoso sexual en contextos educativos y pastorales.

El sacerdote Carlos Man Ging, quien participó en la elaboración del documento, explica a PRIMICIAS que, ante la noticia de un posible delito grave, algunas de las primeras medidas son la “suspensión de los ministerios en público, la puesta bajo vigilancia de una comunidad o de un superior y la prohibición de acercarse a menores de edad”.

Según él, esta normativa nació tras una exigencia global de la Iglesia y en un contexto local marcado por escándalos como el del colegio réplica Aguirre Abad en 2017 y el caso del sacerdote César Cordero, fundador y primer rector de la Universidad Católica de Cuenca, acusado de pederastia en 2018. “La Iglesia reacciona buscando un camino de claridad, de transparencia y de prevención”, señala.

De la indagación previa a Roma

Una vez tomadas las medidas primarias, debe conformarse una comisión independiente de la curia diocesana para llevar a cabo el proceso de indagación previa.

Según el sacerdote, este proceso se realiza con un canonista y un notario, quienes recopilan documentos y entrevistas para determinar si la acusación es verosímil o no verosímil. Concluido ese proceso, el informe -independientemente de su resultado- debe enviarse a Roma.

En el caso de sacerdotes diocesanos, el informe lo remite el obispo con su consejo a la Congregación del Clero; si se trata de un sacerdote de una orden religiosa, se entrega a su superior general en Roma. En todos los casos, también se notifica al nuncio apostólico, representante del Papa en Ecuador, cargo que actualmente ocupa Monseñor Andrés Carrascosa.

Allí, la Congregación del Clero o la autoridad superior de la comunidad religiosa revisan la documentación y devuelven una respuesta a la diócesis. Esa resolución puede confirmar las medidas cautelares impuestas al sacerdote, levantarlas por falta de pruebas o recomendar un proceso canónico más severo.

De acuerdo con el procedimiento, la indagación previa debe realizarse en un plazo ideal de hasta tres meses. “Lo ideal sería que no pase de tres meses, pero en la práctica puede tardar cuatro o seis” por la cantidad de testigos y la disponibilidad de quienes participan en la comisión, admite Man Ging.

En cuanto a sanciones, el protocolo en sí no impone penas, pero el Libro VI del Código de Derecho Canónico sí contempla medidas que van desde la prohibición de celebrar en público hasta la separación definitiva del ministerio. “El sacerdote nunca deja de ser sacerdote, porque es un sacramento que permanece. Pero la suspensión le impide ejercer públicamente”, puntualiza Man Ging.

¿Qué dicen las normas de conducta del protocolo?

El documento oficial no solo fija procesos de investigación, sino que establece normas claras de prevención y conducta. Por ejemplo, exige que toda actividad fuera de colegios o parroquias cuente con autorización escrita de los padres y que siempre haya al menos dos adultos presentes cuando participen menores.

"Las actividades que se realicen fuera del recinto pastoral, independientemente del número de menores que participen, serán atendidas por un mínimo de dos personas adultas".

Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños, adolescentes y personas vulnerables

También es explícito en prohibir que un sacerdote o religioso reciba a menores en habitaciones privadas. Asimismo, impide que los acompañen en actividades recreativas —como cines o partidos de fútbol— sin la presencia de otro adulto.

"Se prohíbe a clérigos y a todos los educadores-formadores
permitir la entrada a menores a las habitaciones privadas
en las casas parroquiales, residencias sacerdotales y celdas
conventuales".

Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños, adolescentes y personas vulnerables

En materia de relaciones interpersonales, el protocolo subraya: “Los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos no abusarán de la confianza que los padres de familia y la comunidad depositan en ellos para obtener alguna ventaja sexual y evitarán todo lo que pueda generar la mínima sospecha de comportamiento inadecuado”. Por eso, ordena evitar cualquier contacto físico con menores que pueda malinterpretarse o despertar sospecha.

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En la sección de reporte de comportamientos inadecuados, la Conferencia Episcopal es tajante: “Los responsables de los diferentes ámbitos donde la Iglesia tiene contacto con niños, adolescentes y jóvenes, y por el bien y la dignidad de la posible víctima, tienen la obligación de informar a las autoridades civiles y eclesiásticas de manera inmediata bajo el riesgo de ser involucrados como cómplices o encubridores”.

Es decir, la Iglesia no solo debe actuar internamente: también está obligada a notificar a la Fiscalía y a las autoridades judiciales, de forma paralela a la investigación canónica.

Del papel a la práctica: aplicación desigual del protocolo

Aunque el protocolo es un documento oficial y, en teoría, de cumplimiento obligatorio, en la práctica su ejecución depende de la voluntad y la celeridad de cada obispo u ordinario.

Lo mismo ocurre con los seminarios (institución eclesiástica donde se forman los candidatos al sacerdocio), que son autónomos en la definición de sus planes de formación: algunos han incorporado cursos de prevención y sesiones sobre el protocolo; otros han avanzado de manera más lenta en su implementación.

Carlos Man Ging reconoce que las diócesis que han atravesado situaciones de abuso o crisis más graves han avanzado más rápido en la aplicación, precisamente porque la presión social y mediática les ha obligado a tomar medidas, bajo la lógica de “mientras no me toque, puedo demorar”.

"Uno de los factores de mayor incidencia en una temática de abusos es una formación poco idónea o deficiente".

Carlos Man Ging, decano de la facultad de Teología de la PUCE

El protocolo señala que cada jurisdicción debe establecer su propio mecanismo de supervisión. Pero en la práctica, no hay un sistema único que garantice que todos lo apliquen del mismo modo. Si un obispo no ejecuta el protocolo, podría incurrir en abuso de potestad eclesiástica lo que podría derivar incluso en su destitución por la Santa Sede.