“Por una pastilla de USD 0,25 terminé gastando USD 1.200”, el alto costo de la automedicación en Ecuador
El consumo de pastillas y otros medicamentos sin receta provoca resistencia y efectos adversos en la salud. Esta práctica aumentó tras la pandemia de Covid-19, dicen expertos.

Control de Arcsa en una farmacia de El Tena, provincia de Napo, 23 de marzo de 2026.
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Arcsa
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Corina acudió al médico por una infección en las vías urinarias, siguió el tratamiento recetado y se recuperó. Sin embargo, a las dos semanas, el agudo dolor de cintura regresó. Para evitar una nueva consulta y tener que esperar una cita en el sistema de salud público, acudió a una farmacia y compró exactamente la misma pastilla. El alivio duró tres días; al cuarto, no podía orinar.
Su decisión tuvo un costo alto. Por automedicarse sin exámenes ni supervisión, desarrolló resistencia bacteriana y contrajo una nueva infección. Terminó hospitalizada dos veces, recibiendo suero intravenoso las 24 horas durante tres semanas. El impacto no fue solo físico, sino económico: las pastillas iniciales le costaban USD 0,25, pero su cuerpo terminó necesitando un fármaco de USD 58 por dosis.
“Por una pastilla de USD 0,25 terminé gastando USD 1.200. Lección aprendida después de eso, nunca más me medico sin ver a un doctor”.
Corina
La historia de Corina refleja un patrón de comportamiento de alto riesgo que se repite a diario en Ecuador.
Radiografía de la emergencia: cifras del ECU 911
Una parte de las consecuencias del uso irresponsable de medicamentos queda registrada en el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.
Según datos oficiales, en 2025 el país reportó 23.177 emergencias por distintos tipos de intoxicación. De estas, 1.366 estuvieron relacionadas con el consumo de fármacos, es decir, unas 3,7 casos al día. Esto la convirtió en la cuarta causa de intoxicación en Ecuador, luego de intoxicación por envenamiento, alcohol y productos químicos.
Además, la cifra representa un aumento del 2% frente a 2024. En 2026 hubo una nueva alza: entre el 1 de enero y el 22 de marzo se registraron en promedio 4,2 emergencias diarias por esta causa.
Sin embargo, esta cifra no contiene todas las emergencias que se dan por el autoconsumo de medicamentos. En muchos casos las víctimas acuden de manera directa a un hospital, y el ECU911 no registra estas atenciones, como ocurrió con el caso de Corina.
Pacientes se hacen más resistentes a las bacterias
Más allá de las intoxicaciones directas, el principal daño colateral de la automedicación es la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) catalogan a la RAM como una crisis inminente. En 2021, la resistencia bacteriana estuvo asociada a 4,71 millones de muertes en el mundo.
Álvaro Maldonado, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica e Investigación e Innovación (IFI), señala que para 2050 la RAM podría causar 10 millones de muertes anuales, convirtiéndose en la primera causa de mortalidad global.
Maldonado explica que a nivel local, los estudios del Institute for Health Metrics and Evaluation estiman que para 2030, las muertes asociadas a la RAM en Ecuador podrían alcanzar casi las 10.000 anuales.
Ante esto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte, en su página web, que abandonar tratamientos o ingerir medicamentos o pastillas sin receta agrava las enfermedades crónicas, enmascara cuadros agudos y daña severamente el aparato digestivo y los riñones.
PRIMICIAS solicitó a esta Cartera de Estado, encargada de la salud pública, un reporte actualizado sobre casos de automedicación, y estamos a la espera de una respuesta.
Un mercado distorsionado: la venta libre en el mostrador
El acceso a estos medicamentos sin control sería el origen del problema. Hasta el 77% de los pacientes en el país adquirían medicinas sin una receta médica antes de la pandemia, según un estudio sobre el mercado farmacéutico nacional realizados por el grupo de investigación One Health de la Universidad de las Américas (UDLA) en 2019.
Esteban Ortiz, director de esta investigación, señala que con la llegada del COVID-19 la automedicación se disparó, incluso de fármacos de uso delicado. La pandemia evidenció la gravedad del problema: la venta de antiparasitarios como la ivermectina aumentó de manera desproporcionada, en más de un 500% (llegando a picos de 2.057% en estudios de dosis diarias), mientras que la hidroxicloroquina alcanzó incrementos de hasta 1.900%.
A esto se suma la irresponsabilidad en la prescripción. Carlos Cárdenas, representante de la Federación Médica Ecuatoriana, denuncia que en el país muchos dependientes de farmacia, sin estar legalmente capacitados, recetan a los clientes.
Cárdenas añade que si una persona recurre a una farmacia con dolor abdominal puede que le vendan un analgésico, con lo que le quitan el dolor. Pero si esa persona en realidad tiene apendicitis y no es atendida a tiempo, el cuadro puede devenir en peritonitis, con lo que su vida estaría en riesgo.
Nueva normativa de Farmacovigilancia y controles de ARCSA
Frente a esta problemática, las autoridades han impulsado campañas comunicacionales como "Tómalo en serio, la receta se respeta".
El objetivo de estas medidas es erradicar los cambios arbitrarios de medicación en el mostrador y evitar que las farmacias operen como consultorios, una práctica que puede poner en riesgo la vida de los pacientes.
Pero el control no solo apunta a la venta. También se ha reforzado la vigilancia sobre los efectos que generan los medicamentos en la población.
En ese marco, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) ha buscado controlar la venta de medicamentos en general, reportado un aumento de decomisos y ha implementado nuevas reglas de juego para todo el sistema de salud.
El 4 de febrero de 2026, además, se publicó en el Registro Oficial la "Normativa Técnica Sanitaria Sustitutiva para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
Esta nueva norma tiene como objetivo rastrear y mitigar los efectos adversos de los medicamentos en condiciones reales de uso. Entre sus directrices destacan:
Obligatoriedad de reporte
- Todos los establecimientos de salud, médicos e incluso los pacientes y sus familiares están obligados a notificar a la ARCSA las Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM), fallas terapéuticas y errores de medicación.
Responsabilidad en farmacias
- Los establecimientos farmacéuticos deben designar a un Químico o Bioquímico Farmacéutico como Responsable de Farmacovigilancia, encargado de reportar los eventos adversos que detecten en los mostradores.
Plazos estrictos
- Las reacciones adversas graves o inesperadas deben reportarse en un plazo máximo de 48 horas para los profesionales de salud, permitiendo a la autoridad emitir alertas sanitarias o retirar lotes del mercado de forma inmediata.
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