Diez años después de la tragedia: De la promesa de una “nueva Chamanga” a la orilla del abandono
Diez años después de la tragedia: De la promesa de una “nueva Chamanga” a la orilla del abandono
A 10 años del terremoto de 2016, las poblaciones esmeraldeñas de San José de Chamanga y la Isla de Muisne enfrentan un abandono, invisibilizado por la atención estatal centrada en Manabí. La falta de oportunidades obliga a los pescadores a rechazar reubicaciones y a vivir entre ruinas, en una zona de riesgo y sin servicios básicos. Una radiografía de la otra zona cero que el país olvidó.
Fecha: 16 de abril de 2026
Así luce la ría de San José de Chamanga, donde, pese a los riesgos, los moradores siguen haciendo pesca artesanal. Fuente: PRIMICIAS
Tras el terremoto de 2016, el Estado levantó una promesa de seguridad y progreso en la parte alta de la parroquia rural San José de Chamanga, una pequeña población costera de 5.709 habitantes, perteneciente al cantón Muisne, en el Pacífico de Ecuador. Esta zona, que bien podría haberse bautizado como la “nueva Chamanga”, ahora es un escenario de casas a medio habitar y servicios inconclusos.
Son casas adosadas, pequeñas y divididas en departamentos, construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) tras el terremoto. Según datos de esa entidad, en 2017 se entregaron 475 viviendas en esa zona.
Las fachadas, antes blancas, lucen tiznadas, algunas marcadas con propaganda política. El 26 de marzo de 2026, las calles estaban desoladas. Y es que gran parte de sus pobladores ya no reside ahí.
La falta de oportunidades laborales ha obligado a esta población, que vive de la pesca, a volver junto al mar, en la parte baja de Chamanga, a pesar de la inmensa vulnerabilidad del terreno y del trauma aún latente.
Retornar a la orilla es una nueva tragedia al recordar la furia con la que la naturaleza castigó a esta localidad: aquí, el sismo alcanzó el nivel 9 de intensidad destructiva -la misma fuerza letal que devastó a Pedernales- y borró del mapa entre el 80% y el 90% de toda su infraestructura física.
Hoy, acorralados por el estancamiento económico y el abandono estatal, los pescadores se ven obligados a levantar nuevamente sus casas de madera sobre el mismo suelo fangoso y propenso a hundirse que hace una década casi los sepulta bajo los escombros.
Pesca entre el lodo y el abandono
En esta zona costera, junto a la ría, las fachadas abiertas de las construcciones de cemento dejan ver a los hombres tejiendo sus redes de pesca.
Pero al acercarse al estuario, la escena cambia: casas de tablas de madera a medio caerse, entre basura acumulada, lodo y botes en desuso y otros atracados, a la espera de la nueva jornada de pesca.
Ana Mero, de 74 años, es originaria de Manabí, pero vive en Chamanga desde hace tres décadas. El día del terremoto, el 16 de abril de 2016, ella estaba friendo unos pescados en su casa. La tierra se sacudió, las ollas volaron, las paredes se cayeron. Dice que fue afortunada: logró salir con su familia a la calle.
El entonces presidente Rafael Correa la visitó, le prometió ayuda y le entregó un departamento en la zona segura de la parte alta de Chamanga.
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Pero su tienda no prosperó y decidió volver a su casa cuarteada. Reconstruyó uno de los muros que se cayó, pero hoy, 10 años después, otras partes de la estructura que quedaron cuarteadas han empezado a ceder. No se sabe si los problemas son serios, pero ella se niega a partir.
Ana permanece junto a la ría, pese a que el terremoto probó que no es una zona segura. El riesgo sigue latente, ya que nunca se construyó un muro de escollera, una barrera de contención construida con grandes bloques de roca o concreto para absorber la energía del agua y evitar inundaciones. El sector tampoco cuenta con servicio de agua potable como se ofreció entre las obras de la Reconstrucción. Recién en enero de 2025, el Municipio de Muisne aprobó un proyecto de USD 2,5 millones para dotar de este servicio a Chamanga, pero todavía no se ha ejecutado.
El estancamiento del agua y las inundaciones no son algo nuevo; son parte del riesgo geográfico de la zona baja de Chamanga. Al estar asentada sobre suelo fangoso y pantanoso, el agua del estuario siempre tiende a empozarse. Ducle Arboleda, un pescador de 54 años, recuerda con asombro cómo el violento sacudón de 2016 alteró hasta la tierra que pisaban: la fuerza del sismo partió el suelo, creando profundas grietas por las cuales, paradójicamente, el agua que solía inundarlos terminó filtrándose y drenando de golpe. Eso, además, favoreció la pesca en esos días.
Él se salvó de morir ese 16 de abril de milagro, pues justo había salido de su casa para comprar leche. Al regresar, encontró su vivienda semidestruida, las paredes a medio caer y las ventanas rotas. Pero Arboleda no quiso mudarse a los departamentos del Miduvi. “La vida y las herramientas del pescador pertenecen a la orilla del mar”, sentencia.
Hoy, Arboleda no oculta su indignación. Acusa a las autoridades locales de despilfarrar en fiestas los pocos fondos existentes, mientras el pueblo sigue desprotegido, sin el muro de contención ni servicios básicos. Ante la falta de alcantarillado, por ejemplo -reclama el morador-, una parte de la playa se ha convertido en un pozo séptico a cielo abierto.
Para sobrevivir, los moradores se ven obligados a comprar agua de tanqueros a un dólar por tanque. Aunque la cifra suene menor, en una economía de subsistencia donde la pesca a veces no deja ganancias, gastar hasta USD 30 mensuales representa un golpe durísimo al bolsillo de familias empobrecidas.
Y lo peor es que pagan por enfermarse. César Cárdenas, representante de la Fundación Mi Cometa, una organización social dedicada a la intervención comunitaria y defensa de derechos de poblaciones vulnerables, denunció tras el terremoto que estos tanqueros extraen el agua directamente del río sin ningún tipo de tratamiento clorado.
El consumo de esta agua desató graves epidemias de parasitosis, especialmente en la población infantil. Es una condena crónica: esto ya ocurría antes de 2016, y los millones de dólares de la reconstrucción no sirvieron para cambiar en lo absoluto esa realidad. Hoy el agua sigue teniendo suciedades cuando el tanquero la reparte.
La isla que se negó a morir en la oscuridad
Al desplazarse hacia el norte de Esmeraldas, un puente peatonal -inaugurado tras el terremoto y adaptado hoy para el paso de vehículos a un solo carril- conecta la zona continental con Muisne. Para entender la magnitud de la tragedia, hay que mirar al pasado: antes del terremoto de 2016, la vida del cantón giraba casi exclusivamente alrededor de esta isla. Era el corazón de la localidad, donde se concentraban el comercio, las instituciones públicas, la cotidianidad, y, sobre todo, el turismo.
Pero el terremoto partió esa historia en dos. Don Wilson, un octogenario muisneño que vivió el 16 de abril de 2016. Tras la sacudida, la ayuda gubernamental y los equipos de rescate no cruzaron el brazo de mar hacia la isla; todo el operativo se estancó en los albergues del continente.
La isla quedó sumida en la destrucción en medio de la ría, como un navío al garete y devorado por una oscuridad producto de la caída del tendido eléctrico. En un intento desesperado por no dejarse tragar por la desolación, el día del sismo Don Wilson encendió un pequeño generador eléctrico para alumbrar su casa y un tramo de la calle. Luego, contactó directamente a la entonces gobernadora para suplicar y exigir que la asistencia internacional que llegaba a Ecuador aterrizara también para los isleños, que se sentían dejados a su suerte en el mar.
Pero el verdadero sismo para esta población vino después, cuando el Gobierno de Rafael Correa, amparado en estudios de riesgo de tsunamis, intentó vaciar la isla de Muisne de forma definitiva para trasladar a todos los habitantes al continente.
A pesar de que este riesgo sigue latente, muchos se resistieron ferozmente al desarraigo. Uno de ellos es Jackson Estrada. "De aquí no nos vamos, aquí nos quedamos", dice, un grito de rebeldía que unificó a los pobladores frente a las presiones del gobierno.
Aun así, los habitantes recuerdan que el Estado trasladó momentáneamente las escuelas Alfredo Pérez Guerrero, Vicente Rocafuerte, e incluso se llevó el hospital hacia el lado continental. Solo la escuela fiscomisional San Luis Gonzaga resistió en la isla gracias a gestiones de la Curia. Aunque con los años regresaron estas dependencias, la estocada fue letal: la economía de la isla nunca se reactivó, y hoy sus calles lucen vacías, polvorientas y sin turistas.
Para otros pobladores, el terremoto dejó una cicatriz psicológica imposible de borrar, obligándolos a huir. Gioconda Pérez, una mujer de 61 años nacida y criada en Muisne -madre de una familia de pescadores-, vio cómo la tierra se abría bajo sus pies y cómo su casa, ubicada al borde de la ría, colapsaba irremediablemente mientras el nivel del agua empezaba a subir. Ella logró escapar y ver prácticamente ante sus ojos cómo se cayó su casa, aunque agradece que nadie de su familia murió en la tragedia.
El pánico se apoderó de ella y huyó hacia el continente. Al recordar ese día, Gioconda confiesa con voz temblorosa que le tiene un terror profundo a la isla y se niega categóricamente a volver, a pesar del apego a su tierra natal. Como no quiso vivir hacinada en las carpas de los albergues oficiales, cree que el Estado la excluyó de los programas de vivienda del MIDUVI. Una década después del sismo, Gioconda sigue sin tener casa propia; hoy sobrevive pagando arriendo en unos humildes cuartos ubicados en una loma en el continente.
Diez años después de la tragedia, la vida en Muisne se concentra obligatoriamente en el lado continental, donde hay un comercio vibrante: se vende verde, frutas, verduras y carnes, la gente camina a prisa y se observan incipientes obras urbanas.
Chamanga y Muisne comparten una herida adicional, una que no fue causada por el movimiento tectónico, sino por las administraciones estatales. Desde el primer instante, la tragedia fue bautizada como "El terremoto de Manabí", marginando, en términos de discurso, a Esmeraldas.
Juan Manuel Yépez, Estefanía Celi
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