Call center de la extorsión en Quito | 31 sentenciados a penas de hasta 18 meses y 10 sobreseídos

Luego de cuatro meses, 31 personas fueron sentenciadas por el caso del call center de la extorsión que operaba en Quito. Este 27 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado informó que los implicados cumplirán penas de entre 12 y 18 meses de prisión.

Los procesados fueron acusados de asociación ilícita en el marco de actividades extorsivas realizadas desde una empresa ubicada en el norte de la capital.

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El establecimiento fue allanado el 25 de junio por la Policía Nacional, que incautó computadoras, teléfonos celulares y cientos de chips usados para realizar llamadas.

Con esos equipos, y mediante aplicaciones como Pegasus y Rimbill, los integrantes del grupo enviaban mensajes extorsivos a personas en Ecuador y en el extranjero, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su integridad.

Así se captaba a las víctimas

Las víctimas eran captadas mediante ofertas de créditos ilegales publicadas en redes sociales y aplicaciones. Antes de recibir los fondos, los interesados entregaban su información personal, que luego era utilizada para extorsionarlos

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Si se negaban a pagar los créditos con intereses elevados, eran amenazados con la difusión de montajes sexuales.

El contador de la empresa declaró que el negocio facturaba entre USD 5.000 y  USD 67.000 mensuales, principalmente desde cuentas en México y Ecuador.

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Los 31 sentenciados admitieron su responsabilidad y se sometieron a un procedimiento abreviado, acordando con la Fiscalía las penas según su grado de participación.

10 personas fueron sobreseídas

Los 31 sentenciados son parte de un grupo de 44 procesados. De ellos, 13 continuaron con el procedimiento ordinario. 

Según la Fiscalía, pese a las pruebas presentadas, de los 13 solo tres fueron llamados a juicio, mientras que 10 recibieron auto de sobreseimiento, lo que significa que ya no son parte del proceso ni recibieron condena alguna. Esta decisión será apelada por el Ministerio Público.

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Además del delito de asociación ilícita, la institución informó que siguen abiertas investigaciones por presunto enriquecimiento privado no justificado, falta de afiliación al IESS, violación a la intimidad y pornografía infantil.