Un asambleísta, una terminal terrestre y el patrimonio del exdirector de la ANT, las revelaciones del caso Jaque

La Fiscalía investiga la participación de un asambleísta y de una terminal terrestre en el caso denominado ‘Jaque’, que reveló la existencia de una estructura paralela que vendía ilegalmente licencias en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La red fue desarticulada el 30 de enero de 2026 en un operativo que comprendió allanamientos en varias provincias y dejó 10 detenidos, entre ellos el entonces director de la entidad, Pedro Abril, cuyos chats fueron explotados y revelaron, según la Fiscalía, los miembros de la organización, los roles de cada funcionario y los valores cobrados a los beneficiarios.

Una licencia de conducir obtenida ilegalmente, a través de esta red, según el expediente fiscal, costaba USD 250, más del doble de su costo regular, que oscila entre USD 68 la licencia no profesional y USD 110 la licencia profesional. Los beneficiarios no realizaban más trámite que el contactarse con un intermediario de la organización, a quien le entregaban el dinero.

“Cobraban USD 250 para ayudarles a sacar licencias y matricular vehículos sin turnos, mientras los ciudadanos de bien no pueden obtener un turno, el guardia conoce a los tramitadores, que pasan a vista y paciencia de él mismo, mientras que las demás personas no pueden ingresar ni a preguntar por un trámite”.

Expediente fiscal

En la investigación del caso Jaque, las interceptaciones telefónicas fueron claves para determinar, por ejemplo, la presunta vinculación de agencias de tránsito como la de Cayambe, cuyos funcionarios delataron las órdenes que recibían del exdirector de la ANT.

Así mismo, en el chat del directivo, a quien se identifica con el alias de ‘Pedrito’, consta una conversación con una “mujer desconocida” a la que se le menciona como María de los Ángeles. El diálogo tiene fecha del 28 de noviembre de 2025.

Con ella el funcionario habla de la renovación de permisos de operaciones de cooperativas de transporte y se menciona también a un asambleísta que “ha pedido que protejan” a una funcionaria de la entidad.

-       La abogada Jenny H. ha hecho una resolución para que firme, Pedro. Esta resolución de renovación de permiso de operaciones, hay un cupo pendiente por habilitar, no hay sustento para dar el cupo.

-        ¿Se puede declarar nula la resolución?

-        No se puede, deben hacer un proceso de lesividad en el Contencioso

-        Hay que iniciar el proceso y el que quiere denunciar, que denuncie.

-        A la (nombre de una funcionaria) la tiene que largar por todos los errores

-        Hay un asambleísta que me ha pedido que la proteja.

En otra conversación, con fecha del 12 de diciembre de 2025, “un hombre desconocido le dice a ‘Pedrito’ que tiene problemas en una terminal, ya que están haciendo operativos dentro de la terminal y hacen problemas, porque tienen rayones en el parabrisas”.

“Que le llame a Fernando N. o a Carlos A. (directivos de la Agencia de Tránsito Municipal y de la fundación Terminal Terrestre). Si no solucionan, cierra la terminal”, instruye ‘Pedrito’ a su subalterno, quien le responde: “ya hago la gestión”.

En otro diálogo del 19 de diciembre de 2025, el usuario denominado ‘Pedrito’ chatea con un hombre no identificado que le consulta “si le puede decir más o menos en qué tiempo puede salir lo de esa vuelta, ‘Pedrito’ dice que, si es lo de las placas, ya consulta”.

Patrimonio se duplicó

De la información proveniente del mismo teléfono del exdirector de la ANT se mencionan inversiones realizadas en tres entidades bancarias por USD 20.000 y USD 22.000, de la tercera no se precisa el monto invertido.

Durante el allanamiento a su residencia en el operativo ‘Jaque’ se hallaron paquetes con billetes de USD 100 y de USD 20, que sumaron, según el expediente, el monto de US 19.780, cantidad que su abogado señaló que podían justificarlo, porque correspondía a un familiar del exdirectivo, que había llegado del exterior.

Pedro Abril, de 38 años, ingresó en 2020 como director de Estudios y Proyectos a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entonces llamada Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Anrctttsv). Antes, entre 2015 y 2020, trabajó en la Agencia Metropolitana de Tránsito del municipio de Quito.

En 2020, cuando entró a la ANT, el funcionario reportó en su declaración de bienes un patrimonio de USD 171.764, según los registros de la Contraloría, donde registró activos por USD 306.364 -principalmente bienes inmuebles- y deudas por USD 134.600.

En esa institución, ocupó cargos como coordinador general de gestión, directivo 3 y director ejecutivo, función que cumplió desde julio de 2025, año en que reportó ante la Contraloría su declaración de bienes de inicio de gestión.

Su patrimonio, para entonces, se había duplicado, alcanzaba los USD 321.639 y comprendía activos por USD 732.160 -inmuebles por USD 450.000 e inversiones por USD 157.000-, mientras que las deudas llegaban a USD 410.521, según los registros de la Contraloría.

Pedro Abril, tras la investigación del caso Jaque, fue retirado de su cargo como director ejecutivo. Su declaración de bienes de fin de gestión no consta en los registros de la Contraloría General del Estado.