Quito: Jóvenes reclutados por Los Lobos son sentenciados por el crimen del taxista Luis Alejandro Ortiz

Bebieron cerveza y tomaron fotografías. Así actuaron cuatro jóvenes involucrados en el crimen del taxista Luis Alejandro Ortiz, ocurrido el 3 de agosto de 2024.

Casi un año después del hecho, la Fiscalía General del Estado informó que el principal sospechoso fue sentenciado a 17 años de cárcel por el delito de desaparición involuntaria.

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El sujeto fue identificado como Christian David S. J., de 18 años. Según el Ministerio Público, actuó en complicidad con tres adolescentes de entre 15 y 17 años, conocidos como “el colombiano”, “el zambo” y su propio hermano menor.

Estos tres adolescentes fueron juzgados en octubre de 2024 como coautores de secuestro extorsivo y desaparición involuntaria. Recibieron penas de internamiento institucional de hasta seis años.

Reclutados por Los Lobos

Las investigaciones determinaron que Christian David S. J. y los tres menores fueron reclutados por la organización criminal Los Lobos para cometer delitos en Quito.

De hecho, el joven recibía órdenes de un privado de la libertad. Una de esas instrucciones fue “mover un carro”, es decir, robar un vehículo. Acordó cobrar USD 400 por facilitar el auto y puso en marcha el plan.

La noche del 3 de agosto de 2024, los cuatro implicados solicitaron un servicio de taxi a través de una plataforma digital, desde el parque La Carolina hasta Calderón. El conductor asignado fue Luis Alejandro Ortiz.

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Durante el trayecto, los ocupantes lo sometieron, lo obligaron a transferir USD 96 desde su teléfono a la cuenta de Christian David S. J. y eliminaron las aplicaciones del dispositivo móvil.

Luego, lo hirieron con un cuchillo, lo envolvieron en una cobija y, mientras bebían cerveza, tomaron fotos y videos para enviárselos al contacto en prisión, a quien llamaban “jefe”.

Posteriormente, abandonaron el cuerpo y se ocultaron en un hostal junto al vehículo robado.

Transferencia reveló todo

Antes de perder contacto con su familia, Ortiz alcanzó a enviar un mensaje por WhatsApp indicando que se encontraba en Cochapamba, en el norte de Quito. Horas después, ya no respondió.

Ante la alerta, su hermano revisó su correo electrónico y encontró una notificación de transferencia bancaria a nombre de Christian David S. J.

Con esa evidencia, denunció la desaparición la mañana del 4 de agosto, lo que permitió activar las diligencias de búsqueda.

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La Fiscalía logró rastrear el celular de Ortiz en Pomasqui, mientras los sospechosos coordinaban la entrega del vehículo robado. Luego de recibir el pago, Christian David S. J. escribió a su contacto en prisión que se iba a “guardar un rato” porque tenía exámenes en el colegio.

Las unidades especiales ya seguían su rastro. Al detectar un dron cerca de su casa, el joven alertó al “jefe”, quien le ordenó borrar toda la evidencia.

Fue entonces que Christian David S. J. fue interceptado por la Policía. Se ofreció a colaborar, confesó el crimen y entregó las direcciones de los otros implicados, así como el teléfono donde guardaba las imágenes de la víctima.

Búsqueda en la vía Culebrillas

En su declaración, Christian David S. J. reveló que arrojaron el cuerpo del taxista al río Guayllabamba. Guio a los agentes hasta la vía Culebrillas, donde se hallaron muestras biológicas que coincidieron con el perfil genético de la madre de Ortiz, su tarjeta de débito y una bolsa con un tirante cortado que, según su hermano, siempre llevaba consigo.

Días más tarde, el vehículo de la víctima fue recuperado en El Arenal, tras haber sido utilizado en otros delitos cometidos en Quito.

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Aunque el caso fue esclarecido, las autoridades continúan la búsqueda del cuerpo de Luis Alejandro Ortiz Imbaquingo. Se han realizado más de 10 operativos por tierra, aire y agua en el tramo entre el puente de Culebrillas y la Central Hidroeléctrica Manduriacu.

Además de la pena de cárcel, la justicia ordenó que Christian David S. J. pague USD 10.000 a la familia de la víctima, que deja un hijo con una discapacidad intelectual del 90 %.

El resto de procesados deberá indemnizar con USD 6.000 a los deudos, quienes viven en una situación de extrema pobreza.