Presuntos ladrones fueron castigados con baños de agua fría y ortiga en dos parroquias de Tungurahua

El incremento de robos de ganado y en viviendas, en varias parroquias de Tungurahua, provocó la reacción de las comunidades indígenas. Presuntos ladrones capturados por los pobladores fueron sometidos a castigos ancestrales, como baños de purificación con agua fría y el uso de ortiga.

Las autoridades insisten en que los arrendadores verifiquen los antecedentes de sus inquilinos para evitar que delincuentes se establezcan en estas zonas.

Sospechoso terminó en una laguna

El caso más reciente ocurrió el lunes 24 de marzo en Quitocucho, parroquia Bolívar, en Pelileo. Un joven, presuntamente implicado en el robo de un toro, fue sometido por la comunidad a un baño de purificación en la laguna de una acequia.

El animal había sido reportado como robado y, tras una búsqueda intensiva, fue hallado en la feria de ganado de Huachi La Libertad, en Ambato.

El sospechoso, oriundo de Yatzaputzán, Pilahuín, inicialmente afirmó que había comprado el toro en Guaranda, pero luego confesó que lo robó porque tenía deudas que no podía pagar.

Siete sospechosos castigados en Cunchibamba

Otro caso se registró en Cunchibamba, al norte de Ambato. Comuneros de Salcedo y de la parroquia Panzaleo (Cotopaxi) aplicaron castigo indígena a siete personas señaladas como responsables de robos en viviendas y de ganado.

Los hurtos ocurrieron el jueves 20 de marzo en Panzaleo. Luego de investigaciones comunitarias, los sospechosos fueron ubicados, el sábado 22, en el barrio El Progreso, en una vivienda donde, según la comunidad, ocultaban objetos sustraídos.

Gabriela Telenchana, presidenta del Gobierno Parroquial de Cunchibamba, explicó que la justicia indígena fue aplicada por pobladores de Cotopaxi.

“Estos sospechosos estaban alquilando una casa en nuestra parroquia. No sabemos cuándo llegaron pero, al parecer, utilizaban la vivienda para guardar objetos robados”.

Gabriela Telenchana

Los comuneros, además de recuperar el ganado robado, encontraron en la casa objetos presuntamente sustraídos y aplicaron justicia indígena, que incluyó baños en agua fría, azotes con ortiga y advertencias públicas.

El coronel Jofre García, jefe de la Subzona de Policía en Tungurahua, informó que capturaron a siete personas que estaban rodeadas por más de cien pobladores.

“Hallamos objetos que podrían ser robados. Ahora esperamos que las víctimas presenten las denuncias para evitar que los detenidos sean liberados por falta de pruebas”, enfatizó.

Preocupación por arrendamientos sin control

Las autoridades locales han alertado sobre el peligro de arrendar viviendas sin verificar los antecedentes de los inquilinos.

“Muchas casas pertenecen a migrantes que dejaron encargados sus bienes, pero los administradores no controlan quién las alquila. Esto permite que personas desconocidas se asienten en la parroquia y cometan delitos”, advirtió Telenchana.

Ante esta situación, la comunidad ha implementado un plan de seguridad basado en una red de vigilancia comunitaria.

La presidenta del GAD explicó que han instalado cámaras de seguridad y alarmas comunitarias con apoyo del Comité de Seguridad Ciudadana (Comseca).

“Estamos creando un sistema de alertas mediante una red social, donde los vecinos podrán organizarse sin generar falsas alarmas. También capacitamos a los presidentes barriales para evitar el mal uso del chat”, detalló.

El sistema prevé la instalación de cámaras en los nueve barrios de la parroquia y la entrega de kits de seguridad.

“En anteriores administraciones ya se instalaron cámaras, ahora buscamos que todos los sectores estén conectados y puedan reaccionar de manera coordinada ante cualquier emergencia”, agregó la autoridad de la parroquia del norte de Ambato.

Confían más en la justicia comunitaria

El aumento de casos de castigo indígena evidencia la desconfianza de la ciudadanía en la justicia ordinaria, coinciden expertos y pobladores de la zona. La queja es que los delincuentes capturados son liberados con facilidad, lo que los obliga a tomar medidas por cuenta propia.

Cristina Martínez, ganadera afectada, relató que el 17 de marzo le sustrajeron tres toretes y ese robo le representa perder sus ahorros.

“Un ternero de hasta 18 meses puede costar USD 700, pero uno mayor de edad supera los USD 2.000. Para nosotros, cada robo significa una gran pérdida”, lamentó Joselo Freire, comunero de Huambaló.

Mientras tanto, las autoridades policiales insisten en que los afectados deben denunciar formalmente los robos para que los responsables sean procesados legalmente.

Sin embargo, en zonas rurales, la comunidad sigue prefiriendo la justicia ancestral, que busca imponer escarmiento inmediato y restaurar el equilibrio en sus territorios, explicó el sociólogo Luis Montalvo.