51 detenidos tras 24 operativos contra extorsionadores en varias provincias de Ecuador

La Policía Nacional realizó 24 operativos, entre el 1 y el 7 de diciembre, que dejaron 51 personas detenidas, algunas de ellas vinculadas a las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros, y evitó el pago de más de USD 1 millón en secuestros y extorsiones.

Los operativos, denominados 'Libertad', se desarrollaron en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como en zonas de la Sierra centro.

Según informó la Policía, 51 personas fueron arrestadas por su presunta implicación en delitos de secuestro y extorsión, entre ellas cinco integrantes de Los Choneros y dos miembros de Los Lobos, consideradas dos de las organizaciones criminales más activas del país.

Las intervenciones policiales evitaron que las víctimas entregaran un total de USD 1.228.500 a los presuntos extorsionadores. Además, cuatro personas que se encontraban secuestradas fueron liberadas, recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familias conforme a los protocolos establecidos.

Operativos en Guayas, Esmeraldas y Manabí 

Aunque los operativos se realizaron entre el 1 y el 7 de diciembre, los días 3 y 4 concentraron las acciones más relevantes. El día 3, dos personas fueron detenidas en Lomas de Sargentillo (en la provincia de Guayas) y se rescató a un hombre retenido dentro de su camión. En Esmeraldas, otros dos sospechosos fueron arrestados por exigir una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano y su familia.

Un día después, un operativo en Manta permitió detener a una mujer y a dos presos del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, quienes supuestamente exigían USD 5.000 para no atentar contra sus víctimas.

Desde inicios de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado interno", lo que permitió catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y aplicar estados de excepción que incluyeron la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras.

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