¿Implica toque de queda el nuevo estado de excepción en Ecuador, decretado el 2 de abril de 2026?

Un nuevo estado de excepción fue establecido en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, este jueves 2 de abril de 2026, en la víspera del feriado de Semana Santa.

La medida se estableció a través de un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa que argumenta grave conmoción interna.

El estado de excepción se fijó para las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. En la lista también figuran Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. 

También figuran los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

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Este nuevo estado de excepción implica:

•  Suspender los derechos a la inviolabilidad de domicilio 
• Suspender los derechos a la inviolabilidad de correspondencia 
• Requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito que resulten estrictamente necesarios

¿Hay toque de queda?

Esta vez, el estado de excepción no incluye toque de queda.

El toque de queda es una medida que prohíbe o restringe la libre circulación de personas por las calles y lugares públicos durante horarios específicos, generalmente nocturnos, como el que se mantuvo vigente en cuatro de estas provincias hasta el 30 de marzo.

Según el Decreto Ejecutivo 353, esta disposición tendrá vigencia por 60 días, desde el 2 de abril. 

Aquí puede ver el decreto completo sobre el estado de excepción establecido el 2 de abril de 2026

El nuevo decreto autoriza a la fuerza pública realizar allanamientos e intervenciones de comunicación cuando existan indicios de presencia de grupos armados, delincuencia organizada, armas, explosivos u otros elementos que puedan constituir delitos o amenazar la seguridad.

Detalla que estas acciones deberán cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y debido proceso, dejando constancia documentada de lo actuado.

Además, se dispone el empleo coordinado de militares y policías donde rige el estado de excepción con el objetivo de mantener el orden público, proteger a la población y prevenir actividades delictivas que afecten derechos y libertades ciudadanas.

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El estado de excepción se decreta basándose en un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia con el Gobierno ha identificado que la violencia en Ecuador no es uniforme, sino que se concentra en provincias y cantones específicos.

El informe concluye que existe una situación de violencia armada estructural y persistente que sobrepasa las capacidades ordinarias del Estado.