Dos días después de ocurrida una balacera en el interior de la Penitenciaría del Litoral con un saldo de seis internos fallecidos y un herido, este sábado 1.° de junio, dos altos mandos de la Policía Nacional proporcionaron los nombres de las víctimas e informaron que han sido destinados 2.600 policías a “pacificar” las cárceles de Guayaquil, Cuenca, Latacunga y Portoviejo.
El director de Contingencia Penitenciaria, Byron Vallejo, y el subsecretario de Policía, José Vargas, relataron que varias "organizaciones delincuenciales" provocaron un amotinamiento en la Penitenciaría, el jueves 30 de mayo de 2019.
Los oficiales atribuyeron los incidentes a luchas por mantener el poder en el interior de esa prisión ubicada en Guayaquil. La Policía controló el evento con el despliegue de un contingente de uniformados que pusieron a los presuntos responsables a órdenes de la autoridad competente.
No obstante, como desenlace del suceso se registró la muerte de seis internos, cuatro de los cuales integraban la banda “Los Lagartos”: Ricardo Iván Mantilla Ceballos, alias Ricky, quien permanecía recluido por delincuencia organizada; Cristian Fabián Cuenca Palma, acusado de robo; Marcelo Román Capurro Mosquera, por importación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y, Romario Stewart Villón Soriano, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
También se cuentan entre los fallecidos: Luis Daniel Parrales Chilán, de la banda “Los Choneros”, quien guardaba prisión por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y, Oswaldo Israel Calderón, por robo. Los oficiales no dieron el nombre del interno que resultó herido.
Estos hechos sucedieron en plena vigencia del Estado de Excepción para el sistema nacional de rehabilitación social, declarado el 16 de mayo de 2019, mediante los decretos 741 y 754.
En el marco del Estado de Excepción, 90 PPL líderes de organizaciones delictivas han sido llevados a las áreas de Tratamiento Especializado para Difícil Adaptación (TEDA).
Al amparo de esa normativa, la Policía ha efectuado requisas en la Penitenciaría del Litoral y en otros centros carcelarios del país, con el consiguiente decomiso de varias sustancias y objetos que ponen en peligro la integridad de los recluidos, según indicaron los oficiales Vallejo y Vargas sin entrar en detalles sobre el material requisado.
También se ha dispuesto la reorganización del control de los centros de rehabilitación mediante el traslado de 90 internos, líderes de organizaciones delictivas, que han sido llevados a áreas de Tratamiento Especializado para Difícil Adaptación (TEDA), donde estarán bajo el control de las unidades especializadas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).
Asimismo, dentro del plazo de 60 días fijados por el Estado de Excepción se reorganizará las prisiones para lograr “el equilibrio y la supervisión necesarias”. Para esa labor ha sido designado el general de Distrito, Byron Vallejo Martínez, quien coordinará con la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Además, oficiales de alta jerarquía -en el grado de coronel- deberán coordinar y supervisar cada uno de los grandes centros penitenciarios.
Para hacer frente a la situación actual, la Policía ha destinado 2.600 policías a los centros priorizados de Guayaquil, Cuenca, Latacunga y Portoviejo, que orientarán sus esfuerzos a "pacificar" y realizarán operaciones enfocadas en garantizar la seguridad en esas instalaciones.
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