El conflicto judicial que enfrenta Sociedad Deportivo Quito se encamina, al parecer, hacia su desenlace definitivo tras casi 10 años de trámite en los tribunales. 

El juicio concursal, iniciado el 19 de enero de 2017 en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, se ha prolongado durante años debido a la acumulación de demandas, la rotación de juzgadores y la actuación de dos síndicos de quiebra.

Mediante providencia judicial, el juez Santiago Altamirano convocó a las partes a la Junta de Acreedores para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 10:00, en la Sala de Audiencias ubicada en el quinto piso del Complejo Judicial Norte de Quito. 

En esa diligencia oral y pública, los acreedores y la representación del club definirán si Deportivo Quito todavía tiene con qué afrontar las deudas o si se debe declarar la quiebra definitiva y proceder con la ejecución a través del remate de los activos.

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Concordato de pago o declaratoria de quiebra

La Junta de Acreedores convocada para el 10 de noviembre de 2026 se regirá por lo estipulado en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep), norma que señala dos escenarios para el desenlace de la audiencia. 

El primer escenario legal es el denominado concordato o plan de pagos, previsto en el artículo 427 del Código. Para que una propuesta de acuerdo, refinanciamiento o moratoria formulada por el deudor sea aprobada, la ley exige que cuente con el voto favorable de más del 51% de los acreedores.

Si la propuesta alcanza esa mayoría, el juez Altamirano ratificará el concordato en la misma diligencia mediante sentencia, lo que suspenderá temporalmente las ejecuciones individuales, siempre y cuando el club cumpla con el cronograma de desembolsos que se establezca en el fallo tras la negociación.

El segundo escenario es la declaratoria de quiebra e insolvencia definitiva. Este desenlace se configurará si la directiva de Sociedad Deportivo Quito no presenta una propuesta de pago garantizada o si la mayoría de los acreedores rechaza las condiciones ofrecidas por la 'AKD'. 

De consumarse esta votación, el juez podría dictar una sentencia de quiebra, decretando la incapacidad legal del club para administrar bienes, celebrar contratos o ejercer derechos comerciales.

La consecuencia de esa declaratoria de quiebra sería la orden judicial de pasar a la fase de ejecución forzosa e incautación de bienes. 

En esa etapa, la Sindicatura de Quiebras asumirá la representación legal y procederá al embargo, avalúo definitivo y señalamiento de fecha para el remate en subasta pública de los activos pertenecientes al club. 

Los valores que se recauden en dichas subastas serán consignados en la cuenta del tribunal para cancelar los pasivos, respetando la prelación de créditos que establece la ley, otorgando prioridad a las deudas laborales, públicas y prendarias antes de cubrir las deudas privadas.

Carcelén revaluado en USD 3 millones, ¿se puede rematar?

En el sistema de la Función Judicial, la última pericia elaborada por el síndico de quiebra William Erazo, que se hizo pública, fue la elaborada a mediados de julio de 2026. Ese documento cifra en USD 3,2 millones el patrimonio negativo del club.

Esto es porque el Complejo Ney Mancheno Velasco, ubicado en Carcelén, fue tasado en USD 0, ya que sobre él pesa una prohibición de enajenarlo que se estableció en la escritura de 1964 con la que el Municipio de Quito donó el terreno al equipo de fútbol.

Sin embargo, PRIMICIAS accedió a una actualización de la pericia fechada el 21 de agosto de 2026, que es la que se discutirá en la junta del 10 de noviembre.

En ella, el síndico Erazo incorporó el predio 81480, correspondiente al Complejo Ney Mancheno Velasco, con una extensión de 27.248 metros cuadrados, asignándole una valoración de USD 3 millones. Este cálculo se sustentó en el avalúo del catastro oficial del Municipio de Quito.

Con la inclusión del predio de Carcelén, el inventario de activos de Sociedad Deportivo Quito se elevó a USD 3,2 millones, mientras que el pasivo se fijó en USD 3,7 millones. 

Esta reestructuración redujo el déficit de la institución de USD -3,2 millones a USD -442.218. De esta manera, tendrán que ser el club, los acreedores y el juez quienes resuelvan directamente en la Junta el destino del bien. 

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Este se prevé como el punto de mayor confrontación legal para la junta del 10 de noviembre. La postura de la directiva del club y de su defensa se apoya en los términos de la escritura de donación, que contiene una cláusula que obliga a destinar el inmueble a fines deportivos y prohíbe gravarlo o enajenarlo.

En la contraparte, los abogados que representan a los acreedores rechazan que la cláusula de donación municipal impida la ejecución en la quiebra. Joan Paul Egred, abogado de la acreedora Marjorie Pazmiño, sostiene que las restricciones de un contrato privado o municipal no pueden prevalecer sobre el Cogep, que faculta a los acreedores a recuperar su parte con cargo a los bienes del deudor. 

Parte de los demandantes exigirá en la Junta de Acreedores que el Juez ordene el embargo definitivo y el remate en subasta pública de las edificaciones, canchas y mejoras construidas sobre el terreno de Carcelén para usar el producto de la venta al pago de los pasivos.

Frente a este choque de interpretaciones, en el expediente constan requerimientos de información dirigidos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que precise si se ha configurado la causa de reversión o si el bien mantiene su estatus.

El contrato con MarkSDQ

A menos de dos meses de la audiencia decisiva, las partes tienen posturas antagónicas. La administración liderada por José Pardo y su abogado, Celso Vásconez, sostiene la tesis de que el club no se encuentra en quiebra y buscará impugnar la pericia, ya que, según sus cuentas, esta no incluye todos los activos del club.

Sin embargo, hasta el momento la directiva no ha hecho pública la cifra exacta ni las garantías financieras con las que respaldaría un plan de pagos. Al ser consultado por PRIMICIAS, Vásconez prefirió no revelar su estrategia.

Por su parte, el síndico Erazo llegará a la cita con tres solicitudes planteadas en la ampliación del 21 de agosto de 2026. Primero, el perito pide que se conmine a Pardo a entregar el contrato con Marketing Deportivo Quito (MarkSDQ), la firma que gerencia el club. 

También que se ordene una pericia contable judicial a los libros de dicha empresa privada para fiscalizar los fondos de taquilla y marcas, y que se autorice la apertura de una cuenta bancaria judicial bajo control exclusivo de la sindicatura para depositar los ingresos de la institución.

MarkSDQ fue constituida en 2019. PRIMICIAS documentó que en julio de 2024 pasó a manos de Songoku, vinculada a los hermanos Carrera, que adquirió el 80%, y Hub, de Erik Chiriboga Espín, hijo de Luis Chiriboga, que compró el 20%. Ambas firmas tomaron el control comercial de Deportivo Quito.