Estado ahorraría casi USD 1.000 millones si municipios y prefecturas no suben la inversión como exige la nueva ley

Con la reciente reforma aprobada al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), el Gobierno de Daniel Noboa abre la puerta a un recorte de hasta USD 900 millones en gasto público, si municipios y prefecturas no elevan su inversión en obra pública al nivel exigido por la nueva ley.

Aunque la nueva norma, que entró en vigencia el 22 de febrero de 2026, apunta a que los gobiernos locales (municipios y prefecturas) mejoren la calidad de sus gastos y destinen más dinero a obra pública, también podría permitir indirectamente que el Gobierno Central reduzca su gasto, y por ende, el déficit fiscal. 

Qué plantea la Ley

¿Por qué? Según la nueva norma, si los municipios y prefecturas no destinan al menos el 70% de sus presupuestos totales a gasto de inversión y obra pública, las asignaciones de recursos que hace el Gobierno Central por el Modelo de Equidad Territorial del Cootad bajarán así: 

• El 21% de los ingresos permanentes (generados por recaudación de impuestos y tasas) bajaría a 15%.
• El 10% de los ingresos no permanentes del Estado (venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones) bajaría a 5%.

El plazo para que estos Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD) cumplan con ese porcentaje mínimo es progresivo:

1. En 2026 deben cumplir con el 65% de gasto de inversión. "Para 2026, el seguimiento al cumplimiento de la regla de asignación se lo hará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con, al menos el 65%, desde el 1 de junio del mismo año", dice la Ley.

2. En 2027, con el 68%.

3. Y en 2028 con el 70%.

Así que, si los gobiernos seccionales no cumplen con el 65% de gasto de inversión en 2026, el Gobierno Central ya tendrá una reducción en el gasto por las asignaciones que hace a municipios y prefecturas.

Las asignaciones a los GAD son el tercer gasto más alto del Gobierno Central en el Presupuesto General del Estado, luego del pago de salarios del sector público y de los intereses de la deuda pública.

En 2025, por ejemplo, de los USD 27.649,4 millones en gastos (sin contar con pago de deuda) que tuvo el Presupuesto General del Estado, lo destinado a asignaciones a los gobiernos locales representó casi el 12%.

Sin embargo, el Gobierno no pagó todo a los GAD, acumuló atrasos de unos USD 825 millones en 2025.

¿Cuánto se recortaría el gasto del Gobierno Central?

Antes de la aprobación de la Ley, el Ministerio de Finanzas preveía asignar USD 3.650 millones a prefecturas y municipios en 2026.

Aunque el valor final dependerá de la recaudación real de impuestos y tasas, así como de la venta de petróleo, explica el economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL.

De hecho, cada cuatrimestre, el Ministerio de Finanzas hace estimaciones y va ajustando el monto, y con ello, al año siguiente, hace liquidaciones y compensaciones si hacen falta, añade.

Pero para tener una idea del impacto de la medida, Lemus hace una aproximación usando la última estimación hecha por el Ministerio de Finanzas en septiembre de 2025.

En esa fecha, el Ministerio estimaba que las asignaciones por el 21% de ingresos permanentes (impuestos) en 2025 serían de USD 3.108 millones y de USD 160 millones por los no permanentes (petróleo).

Entonces, suponiendo que esa misma cifra se repita en 2026, en un escenario en el que ninguna prefectura y municipio lograra cumplir la meta de gasto de inversión de 65%, las asignaciones que haría el Gobierno Central bajarían a alrededor de USD 2.220 millones en el caso de los ingresos permanentes y a USD 79,9 millones en el caso de los no permanentes.

Así, el total de las asignaciones a los GAD pasarían de USD 3.268 millones a USD 2.300 millones; esto significa que una caída en este gasto de USD 968 millones para el Gobierno Central.

Esa cifra es similar a lo que gasta al año el Gobierno en los bonos de Desarrollo Humano y el de los 1.000 días, para la lucha contra la desnutrición infantil: USD 808,17 millones.

¿Podrán los GAD cumplir con la meta?

Lemus enfatiza que esos USD 968 millones de recorte de gasto para el Gobierno Central son solo una estimación.

Por una parte, la cifra podría variar según el monto de ingresos con los que cuente el Gobierno Central en 2026.

Por ejemplo, el impacto se amortiguaría un poco en un escenario en el que el precio del petróleo se disparara en el mercado internacional, pues el Estado contaría con más dinero para repartir. Pero sería más duro para los GAD si cae el precio del crudo.

Lemus cree, por otro lado, que podría haber entidades que sí logren cumplir con la meta de inversión que ha puesto la nueva ley, lo que podría hacer variar el posible ahorro que consiga el Estado.

Lemus reconoce que la realidad de los 245  municipios y prefecturas es muy variada.

Por ejemplo, bajo los nuevos términos de la Ley recién aprobada el Municipio de Quito habría destinado USD 157,2 millones a inversión en 2025; esto es, el 16% de todo su presupuesto codificado de 2025.

En cambio, el Municipio de Guayaquil destinó USD 284,1 millones a inversión, bajo los parámetros de la nueva Ley,  es decir, el 33% del presupuesto total codificado.

Sin embargo, la nueva ley establece que el cómputo del porcentaje mínimo de inversión se haga sobre el presupuesto sin considerar aquellos gastos relacionados con endeudamiento, como por ejemplo, el pago de amortización de deudas, intereses e inversiones financieras, aclara Lemus.

Así que, restando esos rubros, en el caso del Municipio de Guayaquil, su porcentaje de inversión en 2025 es 47,14%.

Y en el caso de Quito, su inversión representaría el 18,4% del presupuesto anual.