Tribunal arbitral condena a Ecuador a pagar USD 220 millones a Chevron, muy inferior al monto que reclamaba la petrolera

El largo arbitraje iniciado por Chevron contra Ecuador llegó a su fin este lunes, 8 de diciembre de 2025. Un Tribunal Arbitral condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a la petrolera estadounidense, un monto muy inferior a los USD 3.350 millones que reclamaba la compañía.

Así lo informó la Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, pese a que semanas atrás el presidente Noboa había señalado que Ecuador esperaba un monto de USD 800 millones, pero al final el monto fue menor.

"La pretensión de las demandantes ascendía, con intereses, a más de USD 3.350 millones. El Tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, ha determinado una indemnización total de USD 220'806,941.94 (USD 180'402,691.43 por capital y USD 40'404,250.51 por intereses pre-lauda)", precisó el comunicado.

En consecuencia, apuntó, "se ha evitado el pago de más de USD 3,130 millones, lo que representa una reducción del 93.4% del valor total pretendido", señaló la Procuraduría en un comunicado.

• Ecuador espera 17 años por una Ley de Repetición pese a condenas millonarias como la de Chevron

La Procuraduría General del Estado agregó que "continuará representando a la República del Ecuador en la cuarta fase del proceso arbitral, relativa a la determinación de las costas del arbitraje. Paralelamente, el laudo emitido se encuentra bajo un análisis técnico-jurídico detallado, a fin de evaluar la viabilidad y conveniencia de eventuales actuaciones posteriores". 

El arbitraje internacional iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum, conocido como “Chevron III” (Caso CPA 2009-23), se encontraba en su fase denominada Track III, destinada exclusivamente a la cuantificación de daños sobre una responsabilidad ya establecida en 2018

En el Track II, mediante laudo del 30 de agosto de 2018, el tribunal arbitral había determinado la responsabilidad del Estado por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.

Desde entonces, la Procuraduría, junto con el estudio internacional Foley Hoag LLP y con apoyo de entidades del Gobierno, trabajó para demostrar que los montos reclamados por las empresas eran exagerados, infundados o improcedentes, señaló la institución.

El origen de la disputa  

Para entender el histórico litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera estadounidense hay que remitirse hasta la operación de la multinacional petrolera Texaco en Ecuador.

Texaco operó entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador en la zona de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana.

Durante ese tiempo, Texaco vertió más de 80.000 toneladas de residuos tóxicos y petróleo en un área de cerca de 500.000 hectáreas, afectando poblaciones indígenas locales.

Las comunidades demandaron, por primera vez, a Texaco el 3 de noviembre de 1993. La demanda se planteó a nombre de 30 000 afectados, en una corte de los Estados Unidos.

Chevron compró Texaco en 2001 y heredó el pleito con las comunidades.

Chevron, condenada por una corte de Lago Agrio

Luego, en 2003, por presión de Chevron, la Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso al Ecuador Entonces, las comunidades presentaron una denuncia ante una corte en Lago Agrio.

Paralelamente a ese proceso, Chevron presentó una demanda arbitral en contra de Ecuador en 2009 en la Corte Permanente de la Haya, basada en una violación al Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Su argumento fue que Ecuador incumplió el acuerdo de transacción y liberación de responsabilidad alcanzado con Petroecuador.

Y, el 14 de febrero del 2011, el entonces juez y presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones por esos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana, con la advertencia de que si la petrolera estadounidense no emite disculpas públicas, la indemnización a las comunidades subirá a USD 19.000 millones.

La petrolera se ha defendido diciendo que sí remedió las áreas donde operó, que fue liberada en 1995 y 1998 por la propia Petroecuador de toda responsabilidad con el ambiente, y responsabilizó a esa empresa pública, que se hizo cargo de los pozos petroleros luego de que Texaco abandonó el país.

Frente al fallo de Zambrano, Chevron presentó una acción de protección en la Corte Constitucional, que fue negado en 2013. La Corte Constitucional exigió a la petrolera pagar por la contaminación ambiental en la Amazonía, aunque rebajó la indemnización a USD 9.500 millones.

• Caso Chevron: Revés de Ecuador en Corte Suprema Holandesa

Chevron gana la batalla en La Haya

Mientras todo esto sucedía, avanzaba, de manera paralela, el arbitraje internacional en La Haya, donde la petrolera estadounidense alegó que la sentencia fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción“.

En 2018, esa Corte internacional falló a favor de Chevron, diciendo que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones y que la sentencia fue “fraudulenta”.

Ecuador apeló esa sentencia y en septiembre de 2020 la Corte Distrital de La Haya rechazó el pedido de anulación planteado por el país.

El tribunal arbitral aceptó, de esta manera, el argumento de la petrolera que el fallo emitido por la justicia ecuatoriana se determinó mediante un fraude y corrupción por parte del equipo jurídico de los demandantes, incluyendo el soborno del juez y la redacción clandestina de la sentencia.

El tribunal de La Haya estableció, además, que la sentencia ecuatoriana es “inejecutable bajo el derecho internacional” y desestimó las acusaciones ambientales contra la petrolera, ya que una de sus subsidiarias ejecutó un programa de reparación en la zona de la Amazonía que operó entre 1964 y 1990.

Ese programa fue supervisado y aprobado por el Gobierno de Ecuador de entonces, que liberó y exoneró a la petrolera de las reclamaciones ambientales, según el fallo arbitral.