El presidente Noboa dice que fallo a favor de Chevron podría llegar a USD 800 millones
El presidente Daniel Noboa también aseguró el fallo en el caso Chevron atrasa las negociaciones de los aranceles con Estados Unidos.
Una de las marchas realizada por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), tomada de su página de Facebook el 10 de diciembre de 2024.
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UDAPT
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Un tribunal arbitral internacional de la Corte Permanente de la Haya condenó a Ecuador a pagar USD 800 millones a la petrolera estadounidense Chevron, dentro de un largo litigio que inició en 2011, según anunció el presidente Daniel Noboa este 12 de septiembre de 2025.
El presidente soltó el dato durante una entrevista radial en Cuenca, mientras hablaba del proyecto minero Loma Larga. "En el caso Chevron perdimos en Corte Internacional ya USD 800 millones que atrasan las negociaciones de aranceles con Estados Unidos", afirmó.
La pretensión inicial de la petrolera eran USD 2.000 millones, según informó la Procuraduría al Ministerio de Finanzas a finales de 2023.
El monto de la indemnización era el siguiente paso al fallo que emitió el tribunal arbitral en agosto de 2018 y en el que ya había dado la razón a Chevron en sus reclamos.
El origen de la disputa
Para entender el histórico litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera estadounidense hay que remitirse hasta la operación de la multinacional petrolera Texaco en Ecuador.
Texaco operó entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador en la zona de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana.
Durante ese tiempo, Texaco vertió más de 80.000 toneladas de residuos tóxicos y petróleo en un área de cerca de 500.000 hectáreas, afectando poblaciones indígenas locales.
Las comunidades demandaron, por primera vez, a Texaco el 3 de noviembre de 1993. La demanda se planteó a nombre de 30 000 afectados, en una corte de los Estados Unidos.
Chevron compró Texaco en 2001 y heredó el pleito con las comunidades.
Chevron, condenada por una corte de Lago Agrio
Luego, en 2003, por presión de Chevron, la Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso al Ecuador Entonces, las comunidades presentaron una denuncia ante una corte en Lago Agrio.
Paralelamente a ese proceso, Chevron presentó una demanda arbitral en contra de Ecuador en 2009 en la Corte Permanente de la Haya, basada en una violación al Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Su argumento fue que Ecuador incumplió el acuerdo de transacción y liberación de responsabilidad alcanzado con Petroecuador.
Y, el 14 de febrero del 2011, el entonces juez y presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones por esos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana, con la advertencia de que si la petrolera estadounidense no emite disculpas públicas, la indemnización a las comunidades subirá a USD 19.000 millones.
La petrolera se ha defendido diciendo que sí remedió las áreas donde operó, que fue liberada en 1995 y 1998 por la propia Petroecuador de toda responsabilidad con el ambiente, y responsabilizó a esa empresa pública, que se hizo cargo de los pozos petroleros luego de que Texaco abandonó el país.
Frente al fallo de Zambrano, Chevron presentó una acción de protección en la Corte Constitucional, que fue negado en 2013. La Corte Constitucional exigió a la petrolera pagar por la contaminación ambiental en la Amazonía, aunque rebajó la indemnización a USD 9.500 millones.
Chevron gana la batalla en La Haya
Mientras todo esto sucedía, avanzaba, de manera paralela, el arbitraje internacional en La Haya, donde la petrolera estadounidense alegó que la sentencia fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción“.
En 2018, esa Corte internacional falló a favor de Chevron, diciendo que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones y que la sentencia fue “fraudulenta”.
Ecuador apeló esa sentencia y en septiembre de 2020 la Corte Distrital de La Haya rechazó el pedido de anulación planteado por el país.
El tribunal arbitral aceptó, de esta manera, el argumento de la petrolera que el fallo emitido por la justicia ecuatoriana se determinó mediante un fraude y corrupción por parte del equipo jurídico de los demandantes, incluyendo el soborno del juez y la redacción clandestina de la sentencia.
El tribunal de La Haya estableció, además, que la sentencia ecuatoriana es “inejecutable bajo el derecho internacional” y desestimó las acusaciones ambientales contra la petrolera, ya que una de sus subsidiarias ejecutó un programa de reparación en la zona de la Amazonía que operó entre 1964 y 1990.
Ese programa fue supervisado y aprobado por el Gobierno de Ecuador de entonces, que liberó y exoneró a la petrolera de las reclamaciones ambientales, según el fallo arbitral.
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