Avanza el arbitraje internacional de la minera china Junefield por Río Blanco, tomado por Los Lobos
El proyecto Río Blanco, en Azuay, está tomado por la minería ilegal y según autoridades del Ministerio de Energía, el nivel de peligrosidad es tan alto que ni la Policía puede entrar a la zona.
Entrada al proyecto Río Blanco, Molleturo, Azuay. Archivo.
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Sitio web Enami.
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Redacción Primicias
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Mientras las Fuerzas Armadas bombardean para retomar el control en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura) —zona tomada por la minería ilegal al mando del grupo delictivo Los Lobos—, en el sur del país poco se sabe sobre otro punto rojo de minería ilegal al que, según las autoridades, ya ni siquiera la Policía puede ingresar.
"Vayan y entren si es que pueden al proyecto Río Blanco, hemos perdido el control ahí, la Policía cuando entra le queman los vehículos. Les invito a los antimineros a que vayan a ver qué sucede ahí", dijo el pasado 25 de junio de 2025 el viceministro de Minas, Javier Subía.
Además, la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo el 12 de septiembre de 2025 que la minería ilegal en Río Blanco también está al mando de "organizaciones delictivas".
PRIMICIAS conoció que, igual que en La Merced de Buenos Aires, el proyecto minero Río Blanco también está tomado por el grupo delictivo Los Lobos.
¿Qué tan importante es Río Blanco?
Río Blanco es un proyecto minero industrial de oro y plata, de mediana escala, ubicado en Molleturo, Azuay. Para cuando fue inaugurado, en agosto de 2016, tenía 4,3 millones de onzas de plata y 600.000 onzas de oro en reservas.
El proyecto Río Blanco está conformado por tres concesiones: Canoas, San Luis A2 y Miguir, estaba a cargo de la empresa Ecuagoldmining, cuya accionista es la firma de capitales chinos Junefield.
Río Blanco recibió licencias y fue inaugurado durante el gobierno de Rafael Correa. Y, de hecho, ya había comenzado a operar para cuando sus operaciones fueron suspendidas.
Sin embargo, durante el Gobierno de Lenín Moreno, el proyecto quedó paralizado por una acción de protección presentada por grupos antimiernos, con lo que la empresa china tuvo que salir de la zona desde junio de 2018.
El arbitraje contra Ecuador avanza por el caso Río Blanco
Así, mientras los mineros ilegales llevan casi siete años sacando el material de esta mina, Junefield sigue a la espera de un resultado del laudo arbitral presentado en octubre de 2022 en el que demandan a Ecuador por un valor no menor a USD 480 millones.
En junio de 2025 un tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) emitió ya un laudo parcial sobre jurisdicción a favor de la empresa china. ¿Pero qué implica esto?
Significa que el tribunal, por voto de mayoría, se declaró competente para entrar a examinar el fondo de la disputa y resolver si existió expropiación indirecta, que es una de las alegaciones de la empresa china, explica el árbitro internacional y profesor de derecho de Georgetown University, Álvaro Galindo.
El especialista explica que en este tipo de procesos, la siguiente etapa es la de mérito.
"Esto es lo que en derecho internacional se conoce como la etapa para discutir la responsabilidad del Estado; es decir, si efectivamente el Estado ecuatoriano violó obligaciones bajo el Tratado Bilateral de Inversión Ecuador-China", agrega Galindo.
En esta etapa sobre el fondo del asunto, las partes tendrán que presentar escritos, luego vendrá una audiencia oral en donde se examinan testigos, expertos y toda evidencia presentada por las partes.
Finalmente se esperaría una decisión en un laudo sobre el fondo del asunto y luego se sabrá si el Estado tendrá que indemnizar a esta compañía, explica Galindo.
En el laudo parcial de junio, el tribunal además declaró no tener jurisdicción para conocer las reclamaciones de la empresa china relacionadas con otros dos aspectos: el estándar de trato justo y equitativo y el de protección y seguridad plena.
Galindo explica que, al sacar de la mesa esos dos estándares de protección el caso se vuelve más acotado y el riesgo disminuye para el Estado, pues el tribunal solo tendrá competencia para resolver sobre el tema de expropiación indirecta, que es un aspecto que requiere de evidencias y pruebas más elevadas y complejas para el inversionista.
¿Por qué se paralizó Río Blanco? ¿Todavía queda oro y plata?
El proyecto minero tenía una vida útil de 11 años; es decir, se esperaba que exporte hasta 2028. Se esperaba que las exportaciones de la empresa sumen USD 636 millones hasta ese año.
Además, el Estado esperaba USD 191 millones de Junefield por regalías e impuestos.
Pero ya han transcurrido siete años en manos de la minería ilegal, y quedan tres años más de vida útil, en teoría.
Rebeca Illescas, exviceministra de Minas, explica que es probable que a los mineros ilegales les tome más tiempo extraer el material, porque no lo hacen de manera industrial como lo preveía la empresa. Pero el tiempo se agota para dar una solución y rescatar lo que queda, añade.
En 2018, la empresa, que ya había construido el túnel en la mina y había comenzado incluso a exportar material a China, tuvo que salir del proyecto, luego de que un juez de Cuenca aceptó una acción de protección para suspender la mina.
Yaku Pérez, que era el presidente de la Ecuarunari y Lauro Sigcha, entonces presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) presentaron el pedido de acción de protección, alegando que el proyecto se realizó sin haber realizado la consulta previa en la zona.
Así, el proyecto minero quedó suspendido y abandonado, con lo que fue un blanco fácil para la minería ilegal, pues las reservas de oro eran bastante superficiales y fáciles de extraer, además, ya había un túnel construido.
Illescas, que fue viceministra de Minas hasta abril de 2025, explica que cuando estuvo en el cargo, conoció que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la Policía realizaron algunos operativos, aunque reconoce no tener mayores detalles porque esas actividades no las dirigía directamente el Viceministerio.
Según la exviceministra, en la mayoría de operativos de minería ilegal que se hacen en el país, la situación es la misma casi siempre: se retira a los mineros ilegales, pero al poco tiempo vuelven.
Y en el caso de Río Blanco, Illescas dice que conoció que las familias que vivían cerca al proyecto abandonaron la zona, pues se volvió bastante peligrosa, debido a la llegada de grupos delictivos.
Por ahora, el Gobierno de Daniel Noboa reconoce que el proyecto está "prácticamente perdido" en manos de los mineros ilegales. Así lo calificó el actual viceministro Subía.
Hay que considerar que Río Blanco no es el único proyecto de mediana escala que tiene riesgos por minería ilegal. El proyecto La Plata, a cargo de la empresa Ático Mining, en Palo Quemado y el proyecto Curipamba- El Domo también han enfrentado la presión de grupos antimineros.
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