ADN y correísmo discrepan en Cuenca por ley que crea incentivo tributario para donantes de viviendas de interés social

La Asamblea Nacional debatió el 18 de marzo de 2026 en Cuenca el informe preliminar del proyecto de ley urgente para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional en Ecuador, enviada por el presidente Daniel Noboa.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Régimen Tributario Interno con la creación de un incentivo tributario dirigido al sector privado. El objetivo, según el Ejecutivo, es promover la donación de viviendas de interés social y ampliar la oferta de soluciones habitacionales para familias de bajos ingresos.

El beneficio consistirá en una rebaja del Impuesto a la Renta equivalente al 100% del valor donado. Tiene un límite máximo del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente y sin derecho a devolución.

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La propuesta recoge información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), donde se señala que el déficit habitacional nacional supera las 700.000 viviendas en Ecuador.

Además, se indica que sector de la construcción tiene efecto multiplicador que genera otras actividades productivas incrementando la producción de materiales para el área, su transporte, los servicios profesionales, el comercio y las actividades inmobiliarias.

ADN defiende la propuesta

El oficialista Alex Morán calificó como "inteligente y moderna" a la reforma tributaria propuesta por el gobierno y tratada por la Comisión de Desarrollo Económico dominada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN).

Por un lado, resaltó que la política tributaria se convierta en política social en la que el sector privado invierta, el Estado canalice y los beneficiarios sean las personas menos favorecidas.

Morán, que actuó como ponente del informe para primer debate realizado en Cuenca, explicó que el monto del descuento se aplicará únicamente sobre el valor de la vivienda construida, en tanto cumpla conciertos estándares.

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Además, aseguró que el Estado cuenta con las herramientas para definir cuáles son las familias ecuatorianas que en realidad necesitan esta ayuda de vivienda, para evitar distorsiones.

Según ADN, en el informe se están incluyendo varios mecanismo de control para que el Ministerio de Finanzas establezca los límites del gasto tributario, y evalúe anualmente el impacto económico de la propuesta que será temporal entre 2026 y 2029.

Correísmo rechaza el descuento tributario

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) anunció que se opondrá a la aprobación de este proyecto de vivienda social y adelantó que la propuesta podría correr la misma suerte de otras leyes urgentes: que sea demandada por inconstitucionalidad.

Diego Salas, que es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que la normativa está construida sobre la base de la reducción del 100% del Impuesto a la Renta de los donantes, y muy poco sobre las necesidades de las personas sin vivienda.

"Esta no es una verdadera política de vivienda social, se trata de de una ventaja tributaria envuelta en discurso social".

Diego Salas, asambleísta del correísmo

Luis Molina pidió "que se diga que hay detrás de esta ley urgente que genera incentivos tributarios especialmente para las empresas inmobiliarias", sobre todo, porque en anteriores leyes urgentes ya se habría beneficiado a este sector.

El legislador correísta recordó que la construcción de vivienda de interés social le corresponde asumir al Estado, a través de municipios y prefecturas, y que para que eso se cumpla, el gobierno debería igualarse con las rentas que debe a los gobiernos locales.

Al respecto, Adrián Castro, de ADN, dijo que la reforma no propone quitar esa potestad a los municipios, muchos de los cuales tendrían proyectos inmobiliarios que no han beneficiado a los sectores más vulnerables. 

Luego de escuchar a los asambleístas, la presidenta encargada de la Asamblea, Mishel Mancheno, cerró el debate y dispuso que la propuesta regrese a la comisión para que elabore el informe definitivo para segundo debate.