Créditos bancarios, beneficios tributarios y capacitación, puntos claves en la ley para emprendedoras aprobada en la Asamblea

Con una disputa por la autoría del texto final, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, enviada como económico urgente por el presidente Daniel Noboa.

La propuesta original, sin embargo, fue calificada como un "mamotreto" por los sectores de oposición que, aseguran, requirio de muchos ajustes en la Comisión de Participación Ciudadana para que tenga un sentido.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), por su parte, defiende lo planteado por las autoridades gubernamentales y resalta la idea del Ejecutivo de impulsar esta normativa.

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Tenga quien tenga la razón, el proyecto dejó a opositores y oficialistas satisfechos, por lo que fue aprobado con 110 votos la tarde del 19 de febrero. Ahora está en manos del presidente Daniel Noboa firmar el ejecútese o vetarlo.

¿Qué beneficios trae la propuesta?

El proyecto, según los legisladores, busca fomentar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en toda su diversidad, a través de la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales para facilitar el acceso a recursos, capacitación y mercados.

Ofrece la inclusión de las emprendedoras en el sistema financiero; incentivos tributarios y simplificación de trámites; capacitación continua, asesoría legal y económica, y el registro de mujeres emprendedoras para facilitar su acceso a programas de apoyo estatal.

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A este proyecto se pueden sumar las emprendedoras formalizadas, que cuenten con RUC, tengan domicilio fiscal en Ecuador y se encuentren anotadas en el Registro Nacional de Emprendedores.

Pero también aquellas que, por cualquier motivo, no han podido aún formalizarse. Para ellas se abrirá una nueva categoría en el Registro y deberán indicar la actividad que realizan, domicilio, lugar en el que desarrollan el emprendimiento y datos de contacto.

Cumpliendo esos requisitos, y si pasa el filtro del Ejecutivo, se pondrá en vigencia que:

• Las instituciones del sistema financiero nacional establecerán líneas de crédito preferenciales, periodos de gracia, con tasas de interés reducidas y plazos flexibles
• Se prohíbe a las instituciones financieras y de la economía popular y solidaria establecer criterios discriminatorios por razón de género en la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito.

A nivel tributario y de agilización de trámites, también quedaron establecidos algunos beneficios para las mujeres que decidan emprender en el país. Por ejemplo: 

• Incentivos que incluirán la exención del pago del Impuesto a la Renta y en los productos, bienes o servicios que produzcan, comercialicen o brinden.
• Todas las instancias competentes garantizarán la simplificación de los trámites administrativos para la formalización de emprendimientos liderados por mujeres.

Educación y capacitación

Aunque el país tiene un severo problema de acceso a la educación superior, los legisladores aprobaron que el ente rector del sistema establezca un plan de ingreso, permanencia y egreso para las emprendedoras registradas en universidades e institutos superiores.

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Asimismo, se establecerá un sistema obligatorio de becas para aquellas que se decidan por carreras como mercadotécnica, administración, tecnología, finanzas, gestión empresarial, y adopción de tecnologías relacionadas al emprendimiento.

La entidades del sistema financiero también deberán capacitar en potenciar competencias laborales, empresariales y financieras, adaptadas a las demandas del mercado y las tendencias tecnológicas; fomentar la sostenibilidad de los emprendimientos.

Deudoras

Por única vez, se dispone a las instituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, eliminar de sus registros la información histórica de obligaciones de las mujeres emprendedoras.

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Aplica únicamente para aquellas cuya deuda total consolidada en el sistema financiero sea menor a USD 3.000 en instituciones financieras y de cualquier empresa que haya otorgado crédito a sus clientes.

No se trata de una condonación de la deuda. El proyecto señala que a eliminación del registro no supone ni implica la pérdida de los derechos de cobro que asisten a los legítimos acreedores de dichas obligaciones.