La Contraloría establece un perjuicio de USD 10,1 millones por la adquisición de terrenos para la Refinería de Esmeraldas

La Contraloría General del Estado aprobó el 19 de diciembre el informe correspondiente al "examen especial a la adquisición de los terrenos que conforman el cinturón de seguridad de la Refinería Esmeraldas, por parte de Petroecuador".

Como resultado de la acción de control, en la cual se analizaron operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, el organismo sugiere imponer multas que suman USD 27.000 y determinar glosas por USD 10'105.300 millones. Además, se aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal para envío a la Fiscalía.

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El informe de auditoría señala que el gerente de Refinación encargado, en funciones entre el 19 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, declaró de utilidad pública en octubre de 2023 a dos predios rurales de 13,71 y 27,10 hectáreas en las parroquias Vuelta Larga y Simón Plata Torres. 

La operación se realizó sin los certificados de avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Esmeraldas y sin la delegación del gerente general de la empresa pública.

Según la Contraloría, durante la negociación realizada en octubre de 2023, la Jefatura de Contratos y la Subgerencia de Finanzas fijaron el precio de los inmuebles sin contar con el certificado de avalúo otorgado por la respectiva Dirección de Avalúos y Catastros.

El proceso resultó en el pago de USD 10'164.118,37 a los propietarios. 

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No obstante, bajo los parámetros del artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el monto de adquisición se establece sumando un 10% al valor que consta en el avalúo catastral (USD 53.471,25), lo que fija el monto legal de los terrenos en USD 58.818,38.

La responsabilidad civil sugerida por la Contraloría corresponde a la diferencia de USD 10'105.300 entre el desembolso efectuado y el valor que tenía que calcularse según la normativa vigente a la fecha de la negociación.

Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para la investigación de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.