Contraloría sugiere responsabilidades por USD 5,5 millones por el polémico contrato de radares en Cuenca y su terminación

La Contraloría General del Estado aprobó el informe de la auditoría realizada a la ejecución, terminación y liquidación de un polémico contrato firmado para la implementación de radares en Cuenca. 

Se trata del contrato adjudicado en 2022 al Consorcio Móvil Technology Ecuador para la implementación de una plataforma integral de gestión, control y sanción de infracciones de tránsito, a través de equipos tecnológicos (radares) en la autopista Cuenca-Azogues y diferentes puntos de la ciudad. 

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La acción de control centró su análisis en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025, detalló la Contraloría en un comunicado difundido este 18 de diciembre de 2025.

"Como resultado se determinaron indicios de responsabilidad penal y se sugieren sanciones administrativas por USD 73.050 y civiles por USD 5’486.799,02", explica la Contraloría. 

El exalcalde Pedro Palacios aclaró a PRIMICIAS que este examen de auditoría no se ejecutó a la firma del contrato como tal, sino a su ejecución y terminación. 

"El contrato fue auditado hace ya más de cuatro años y emitió hace unos tres años sus resultados... en el contrato no se encontró ninguna cosa extraña, algunas observaciones que siempre se dan, recomendaciones", aseguró Palacios en una transmisión en Facebook Live. 

Estos son los hallazgos de la Contraloría:

• Los dispositivos iniciaron sus operaciones con un retraso de 143 días, por falta de control de los administradores del contrato, quienes no realizaron las inspecciones de manera oportuna ni gestionaron el inicio de las pruebas preoperativas.
• Se identificaron irregularidades en la etapa de implementación que no fueron comunicadas al Consorcio, relacionadas con la inspección de 32 dispositivos instalados en 16 diferentes puntos urbanos de la ciudad, ocasionando que no se pueda realizar el proceso sancionatorio de multa.
• Se establecieron incumplimientos en la homologación de funcionalidades de los dispositivos, por lo que, no se pudo comprobar que los mismos cumplan con los parámetros previstos en el objeto del contrato.
• Además, no se comunicó al consorcio el incumplimiento del monto de inversión del segundo año
• En cuanto a la terminación por mutuo acuerdo del contrato, la auditoría señala que se dio sin demostrarse la conveniencia para los intereses institucionales.
• Según la Contraloría, el monto de repartición de la cartera pendiente de cobro "no tuvo sustento, al no considerarse las estadísticas de recaudación y la falta de cobro que afectó a las infracciones pendientes de recaudar ocasionando un perjuicio a la entidad, por los montos no recuperados a favor de la empresa pública, que ascendieron a USD 4.887.856,81".

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Un cuestionado contrato

Este contrato generó una gran polémica en Cuenca y uno de los cuestionamientos era que el consorcio privado se iba a quedar con el 40% de las multas de tránsito generadas. 

Uno de los mayores detractores de ese proceso fue el actual alcalde Cristian Zamora, quien ese entonces era concejal de Cuenca. La promesa de retirar o apagar los radares se convirtió en una de sus banderas de campaña para ganar las elecciones. 

Y así lo hizo cuando llegó a la Alcaldía. El 25 de agosto de 2023, Zamora, anunció la "firma del acta de defunción" de los radares de control de velocidad instalados en Cuenca. 

La Municipalidad terminó el contrato de mutuo acuerdo con Movil Technology y los radares dejaron de  multar, aunque los equipos nunca fueron retirados y se mantienen en las vías. 

Este es el segundo informe de la Contraloría sobre el Municipio de Cuenca que se aprueba en este mes. El pasado 5 de diciembre, el ente de control anunció que encontró irregularidades e indicios de responsabilidad penal tras realizar una auditoría a 11 procesos de la Municipalidad. 

Ese examen incluye 10 procesos firmados durante la administración de Pedro Palacios y uno en la de Cristian Zamora, el que se refiere a la compra de un vehículo blindado para uso del alcalde. 

Este informe fue refutado por el alcalde Zamora, quien sostiene que la actuación de la Contraloría responde a cuestiones políticas. 

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