De 1.100 cooperativas que había en 2014, solo quedaron alrededor de 400 hasta mediados de 2024

Tras su censura por parte de la Asamblea Nacional, Margarita Hernández, exsuperintendenta de la Economía Popular, inmediatamente presentó una acción de protección ante la Función Judicial. 

En entrevista con PRIMICIAS, la exfuncionaria se defiende argumentando que "nunca se aprobó un informe que vaya al Pleno recomendando el juicio político. Lo que se hizo fue un informe de posturas en la Comisión, en el que no se recogió el análisis de las descargas que yo presenté". 

Su posición al respecto se puede escuchar en su integridad en el siguiente audio: 

Pero, además, Hernández, quien estuvo 12 años en calidad de Superintendenta de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), entre 2012 y mediados de 2024, habló sobre el estado del cooperativismo en Ecuador, un sector al que todavía se lo mira con recelo y en el que 9,9 millones de personas son socias, conforme los últimos valores registrados en la entidad, a agosto de 2024. 

A rasgos generales, ¿cómo quedó el sector cooperativo hasta su salida de la Superintendencia? Siempre hay el temor de que cualquier momento aparezca una noticia del cierre de alguna cooperativa. 

Tenemos que entender que en un sistema financiero, que procura mantenerse saludable, sacar a los actores que no son viables es una medida adecuada, desde el punto de vista técnico. Es decir, si un actor no tiene condiciones de viabilidad, hace más daño quedándose en el sector, sea cual fuere este, el privado, el público o el popular y solidario. 

En un símil con la medicina, cuando tengo un enfermo, lo que tengo que hacer es separarlo del resto de personas. O, cuando en el cuerpo tengo una parte gravemente enferma, tengo que operar y extirpar. ¿Hay otros tratamientos? Claro que sí, pero no siempre funcionan o no funcionan para todos los casos. Entonces está determinado en la norma, que es el Código Orgánico Monetario Financiero, en qué situaciones la consecuencia es liquidar a una entidad. 

Pero ha durado mucho tiempo esas 'extirpaciones'...

Acordémonos que Ecuador, en 1994, promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, al amparo de los principios de Basilea. Y entre esos principios de supervisión bancaria ya se establecía que las entidades de la Economía Popular y Solidaria, como son las cooperativas y mutualistas, que presten servicios al público deban estar supervisados por el supervisor de los bancos. 

Es apenas en ese año cuando tuvimos una norma jurídica, que se reglamentó en 1996 y que luego se modificó en 1998. Producto de esto, la Superintendencia de Bancos recibió en un primer ejercicio de supervisión y control, a casi 300 entidades que en ese momento estaban bajo la gestión de la Dirección Nacional de Cooperativas, que funcionaba dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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La Dirección no era una instancia de control de las cooperativas y mutualistas. Era una instancia de fomento al cooperativismo. Sin embargo, las estructuras que se creaban allí podían captar ahorro y colocar crédito. Como eso representaba un riesgo, entonces la norma hizo la exclusión. La Dirección analizó sus registros y pasó las que hacen intermediación y se quedó con las que no. 

Pasaron a la Superintendencia 39 cooperativas y una caja central. Luego se unieron cuatro mutualistas. Desde entonces hasta 2013, cuando se creó la SEPS, pasó lo que ha sucedido siempre en la historia de nuestro sistema financiero: el impacto natural de pasar de la desregulación a la regulación, no es posible que todas la soporten, no porque sean malas, sino porque no todas las estructuras son eficientes.

En el mismo símil de la salud, ¿faltó prevención, que no se sigan apareciendo nuevas cooperativas?

Cuando se promulgó la Ley de la Economía Popular y Solidaria, en 2011, se puso una disposición transitoria que decía que, desde la promulgación de la Ley, no era posible crear entidades del sector financiero popular y solidario, es decir cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas para vivienda.

En septiembre de 2014 se promulgó el Código Orgánico Monetario Financiero y se creó la Junta de Política de Regulación Monetaria Financiera. Desde la Superintendencia presentamos un informe técnico para que la Junta entendiera que no era momento de que se crearan nuevas entidades. 

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Luego, cuando se pasaron todas las demás entidades que quedaron en poder de la Dirección, llegaron más de 950 entidades que nunca habían sido controladas y reguladas. Presentaban riesgos altísimos. Entonces, se empezó a hacer las supervisiones, a evidenciar causales de liquidación forzosa.

El primer catastro de la SEPS tenía 1.010 actores. De estos, cuando terminé mi gestión, quedaron alrededor de 400. No todo lo que pasó en la mitad fue liquidaciones forzosas. Hubo fusiones por absorción, fusión por creación, transformaciones de entidades muy pequeñas, que dejaron de ser cooperativas y pasaron a ser cajas de ahorro. Pero nunca hubo una constitución de cooperativa o mutualista porque la moratoria que se pidió en 2014 se mantiene hasta el momento.

¿Todavía es necesario ajustar es número?

La norma no tiene ninguna intención oculta de intentar desaparecer a las cooperativas pequeñas. Por el contrario, se busca fortalecerlas. Que muchos de los procesos de liquidación forzosa afectaron a las cooperativas más pequeñas, es cierto. 

Pero también es cierto que la mayoría de procesos de fusión por absorción se dio entre cooperativas medianas y pequeñas, en un esfuerzo que reconoce el sexto principio del cooperativismo que es la cooperación entre cooperativas. Y la necesidad de que los socios no se pierdan, que si ya no tienen su cooperativa no se separen del sector. No fue un esfuerzo solo económico sino también operativo.

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¿Cuán sano diría usted que está el sector cooperativo?

En retrospectiva, he visto una transformación del sector. No podríamos hablar de más sano o menos sano. El sector popular y solidario de ahora no tiene nada que ver con el que era antes. Hoy cumple normativa técnica, tienen estándares, entrega información que es pública, se ha diversificado, ha crecido en socios, en servicios, en tecnología y, en definitiva, aporte fuertemente a la economía del país. 

Por eso, es necesario entender que es un sector distinto, que mira las finanzas desde una lógica diferente, desde los principios de la economía popular y solidaria. Eso hay que respetar. No significa que hay que ser permisivos, sino entender que tiene una naturaleza distinta. 

En esa dinámica que señala, ¿el control al lavado de activos es eficiente en las cooperativas? Han habido dardos que apuntan al sector. 

Castigar con cuestionamientos sobre esto a las organizaciones de la EPS no solo que es poco objetivo sino que desconoce todo el proceso y esfuerzo que las cooperativas han hecho para cumplir en este corto lapso de 13 años con toda la normativa en materia de lavado de activos.

¿Hay actividades ilícitas que podrían circular recursos a través de los intermediarios de la economía popular y solidaria? Supongo que sí, como lo harían a través de los otros actores del sistema financiero. No lo sé. Pero eso no es algo que le corresponde en el ámbito de su competencia determinar a la SEPS. Eso tiene una institucionalidad propia que está a cargo de la UAFE. Bajo mi gestión se reforzó en todos los puntos posibles la lucha contra el lavado de activos.