Crecimiento de la minería aurífera en Napo arrasa 1.700 hectáreas y amenaza cuatro ríos, advierte ONG
La afectación en Napo, a causa de la minería, fue advertida por un informe de la Fundación EcoCiencia, en colaboración con Amazon Conservation.

Operativo contra la minería ilegal en Talag, Napo, el 22 de marzo de 2023.
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Twitter Ejército del Ecuador.
Autor:
Redacción Primicias
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Un informe de la Fundación EcoCiencia, en colaboración con Amazon Conservation, alertó que el incremento de la actividad minera en Napo -entre 2017 y 2024- genera una afectación en 1.700 hectáreas de terreno y en cuatro cuencas hídricas.
“Una afectación de más de 1.700 hectáreas en los últimos años se analiza en cuatro cuencas clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno. Solo en el caso del río Jatunyacu, se registraron 502 hectáreas impactadas, muchas de ellas en las inmediaciones de la ciudad de Tena”, resume el informe.
El documento resume que esta afectación se debe a la presencia creciente de actividades mineras no autorizadas, incluso en zonas cercanas a centros urbanos y dentro de zonas de protección hídrica.
“Los datos muestran una expansión significativa en otras zonas: 635 hectáreas afectadas en el río Anzu (15 % fuera del catastro), 492 hectáreas en el Huambuno (23 % sin autorización), y 112 hectáreas en el sistema Puní–Cotona–Arajuno, donde el 99 % de la actividad minera identificada no cuenta con permisos legales”, añade.
Estas actividades estarían poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas y animales de la zona, a decir del informe, debido a la presencia de metales pesados -como el mercurio- en el agua.
Entre las recomendaciones para reducir el impacto están:
- El fortalecimiento del monitoreo ambiental a través de tecnologías satelitales y trabajo en campo,
- La aplicación efectiva de sanciones penales y administrativas a quienes promuevan o permitan minería ilegal,
- • La delimitación de zonas de exclusión minera a 100 metros de cuerpos de agua,
- La inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los planes territoriales de gobiernos locales.
Finalmente, el informe hace un llamado a establecer categorías de protección hídrica vinculantes para ríos con alto valor ecológico y cultural, además de políticas que garanticen los derechos de las comunidades a decidir sobre su entorno.
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