En la zona del alto Punino, donde asesinaron a 11 militares, está en auge el negocio millonario de la minería ilegal

La minería ilegal en la zona del alto Punino, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana y donde el fin de semana fueron asesinados 11 militares mientras realizaban un operativo para controlar esta actividad ilícita, se disparó en los últimos dos años. 

Así lo denuncian colectivos sociales, que vienen pidiendo al Gobierno declarar un estado de excepción focalizado, para intervenir y recuperar  esta zona de la Amazonía que, según dicen, ha sido tomada por esta actividad ilícita.

• Lea: 1.000 militares y policías hacen operativos contra la minería ilegal en Orellana y Napo 

En un mega operativo realizado en 2023, unos 1.000 militares y policías intervinieron los sectores del alto Punino (entre Napo y Orellana) y Talaga (en Napo).

Durante el operativo, los militares destruyeron 15 máquinas retroexcavadoras y retuvieron otras cinco.

Casi dos años después, la minería ilegal sigue presente y se ha recrudecido. Edwin Cañizares, Comandante de la Cuarta División del Ejército, dijo a PRIMICIAS que la presencia de la maquinaria dedicada a la minería ilegal es fluctuante y tiene mucho movimiento, lo que hace difícil cuantificar la magnitud del problema. Solo en el Alto Punino se estima que hay hasta 30 maquinarias operando en esta actividad ilegal.

"Tienen (las bandas delictivas) mucha iniciativa para ingresar la maquinaria a la selva. Lo hacen a través de trineos, abriendo trochas para poder ingresar. En otros casos, se apoyan en ciertas concesiones legales, lo que dificulta poder actuar (en el control)", dice Cañizares.

Pero miembros de colectivos sociales que trabajan contra la minería ilegal en la Amazonía y que pidieron no ser nombrados por seguridad, dicen que la minería ilegal se ha multiplicado en esta zona. Ellos han contabilizado a lo largo de todo el río Punino y el río Sardinas hasta 300 retroexcabadoras. 

La fiebre del oro en la Amazonía comenzó en 2015, pero se disparó con la pandemia de covid-19, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation.

Ese reporte muestra la deforestación por minería en constante aumento en la zona Punino, durante los últimos cinco años. El impacto comenzó en 2019, alcanzando 1.000 hectáreas a finales de 2023, y más recientemente, en junio de 2024, se alcanzó las 1.422 hectáreas deforestadas de bosques selváticos que rodean al río Punino.

El Mapa Base también muestra que la gran mayoría (90%) de la deforestación por minería se encuentra fuera del límite de las zonas autorizadas para realizar dicha actividad (según el catastro minero actualizado al 2022). Es decir, la gran mayoría de la minería es probablemente ilegal.

Lo más preocupante es que la deforestación minera ha ampliado su extensión hasta ingresar en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco.

Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa.

El oro es cada vez más rentable para bandas criminales 

El aumento de la minería ilegal en esta zona está relacionado con el ingreso de bandas delictivas a esta actividad. 

Entre las causas están el aumento del precio del oro, que les deja mayores réditos con menos riesgo que el tráfico de cocaína y, además, las operaciones de lavado proveniente de la minería ilegal son más sencillas, dice el consultor en seguridad, Renato Rivera. 

"En Ecuador, no hay una trazabilidad para la exportación del oro (para autorizar los envíos al exterior). No se exige saber si el oro proviene de una actividad legal y eso disminuye el riesgo de control y la rentabilidad en el mercado aumenta para los grupos criminales", dice Rivera.

Las comunidades, además, dicen que los grupos criminales se benefician de combustibles subsidiados para la operación de las retroexcavadoras y otra maquinaria de extracción de oro, lo que termina impulsando otra actividad ilegal: el contrabando de combustibles.

¿Qué grupos criminales están detrás?

Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas.

Una de ellas fueron los Lobos, que aliados con los Comandos de la Frontera (CDF), de origen colombiano, comenzaron a desplazar a los mineros ilegales en la zona.

Frente a eso, estos buscaron protección con otra banda criminal, Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Shushufindi, en Sucumbíos.

Anterior ha provocado una guerra entre bandas por el control del oro en la zona lo que a su vez ha incrementado la violencia, en especial en la provincia de Orellana. Lo anterior se evidencia en el aumento de homicidios intencionales en esa provincia.

Así la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en Orellana prácticamente se duplicó en un año, al pasar de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 108 en 2024.

Las comunidades también alertan que habitantes asentados en el río Punino han tenido que abandonar sus tierras por minería ilegal y narcotráfico. 

El Estado ha perdido el control en los frentes de minería ilegal

El asesinato de 11 militares en la zona del alto Punino el 9 de mayo de 2025 refleja un problema más profundo para comuneros y expertos.

Lo que da cuenta es que el Estado ya perdió el territorio, dice el consultor en seguridad Renato Rivera. "Ni siquiera es una disputa por el control, sino quien ejerce el control son los grupos criminales, el Estado dejó de representar esa legitimidad institucional desde hace dos años".

Además, alerta que no solo que las investigaciones que se abrieron luego del mega operativo realizado en 2023 no han avanzado nada, sino que los grupos delincuenciales han ido más allá, logrando una cooptación de instituciones que están en territorio del Estado", añade Rivera.

Los comuneros de la zona coinciden en que el Estado ha perdido el control total de la zona. Lo que se veía antes es que los mineros ilegales escondían la maquinaria durante los operativos de control de los cuales previamente eran alertados por personas cooptadas por estos mineros ilegales dentro de las propias instituciones estatales. 

El problema ahora va más allá pues quienes se dedican a esta actividad ahora enfrentan al Estado para defender el territorio.