Daniel Noboa envía a la Asamblea de Ecuador dos proyectos urgentes sobre minería, energía y gobiernos locales
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, asegura que cumplen con el requisito de unidad de materia. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, promete un tratamiento responsable y abierto al diálogo.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, a su arribo a la Asamblea en la entrega de los dos proyectos de ley, Quito, el 28 de enero de 2026.
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El gobierno del presidente Daniel Noboa presentó ante la Asamblea Nacional en Quito, este 28 de enero, dos nuevo proyectos de ley económicos urgentes: los primeros de 2026
Fue el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, quien ingresó las propuestas del Ejecutivo que ya había anunciando la presentación de varias leyes urgentes durante el año, tras los resultados del pasado referéndum y consulta popular.
Y, ¿qué proyectos de ley se enviaron este miércoles a la Asamblea? Uno tiene que ver con una propuesta para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de la minería y energía, que incluye reformas al sector minero.
El otro se refiere a una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, con el que el gobierno plantea fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los gastos de los Gobierno Autónomos Descentralizados.
La última ley urgente que trató la Asamblea fue enviada el 1 de octubre de 2025, la misma que fue aprobada a finales de ese mes y era para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La explicación de Enrique Herrería
Según la Constitución de Ecuador, el presidente de la República puede enviar un solo proyecto de ley económico urgente a la vez a la Asamblea Nacional para su trámite que no puede exceder los 30 días.
El secretario jurídico explicó, sin embargo, que al estar el país en estado de excepción, el gobierno tiene la potestad de ingresar al Legislativo hasta dos propuestas de esta característica urgente en materia económica.
Herrería también aseguró que ambas propuestas cumplen con el requisito de unidad de materia, por lo que no deberían encontrar obstáculos para su inmediato tratamiento en la Asamblea, dijo.
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Sobre Gobiernos Autónomos Descentralizados
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Con respecto a esta reforma, Enrique Herrería, explicó que actualmente existe una disposición expresa para limitar los gastos corrientes de los GAD y el gobierno busca que haya una cohesión de esos gastos con el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el gobierno, la falta de obra y desarrollo social en los gobiernos locales "crea una presión al Estado central que, por la estrechez económica que tiene, a veces, no puede suplir estas deficiencias que existen en los GAD", dijo Herrería.
En 2024, el gasto de ejecución de obras y provisión de servicios básicos (como agua potable, saneamiento e infraestructura local) representó, en promedio, de menos del 39 % del presupuesto total de esos gobiernos descentralizados.
"La reforma establece una regla clara y verificable para que los GAD destinen un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, y servicios públicos. Es una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas", dice el proyecto
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Fortalecimiento de sectores mineros y energía
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Sobre este tema, Herrería hizo referencia a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) del 11 de diciembre de 2025 que declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La norma permitía al Estado concesionar servicios de energía eléctrica a empresas privadas bajo una causal amplia de “interés público”, la cual, según la Corte, no establecía límites ni criterios claros para justificar esa delegación en un sector estratégico como el eléctrico.
"Somos respetuosos de la institucionalidad y el estado de derecho", dijo Herrería que informó que en el proyecto urgente están incorporando normas que deben ser explicitas para la inversión del sector privado en la energía.
Esto permitiría asegurar la provisión de energía, pero además, que existan los recursos necesarios para que el Estado pueda insertarse en la producción de energía y que cuando los costos del Estado sean mayores, hacer que el sector privado provea este servicio, liberando al Estado de esa carga de inversión.
Con respecto al tema minero, el jurídico del Ejecutivo dijo que existe normativa que impide que haya celeridad en la inversión minera, y lo que se busca es que exista un retorno inmediato de recursos y tributos para el Estado de lo que se produzca de esa producción.
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