Gobierno debe USD 119 millones por devolución del IVA a personas de la tercera edad y con discapacidad
Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian que el SRI les debe las devoluciones de IVA de junio a noviembre de 2025. Un grupo de jubilados presentó una acción de protección que fue negada.
Imagen referencial de atención del SRI en brigadas móviles, Guayaquil, 4 de diciembre de 2025.
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Cuenta X del SRI.
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El Gobierno de Daniel Noboa continúa acumulando atrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los adultos mayores y a las personas con discapacidades.
Esto, pese a que el 12 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció que con la eliminación del subsidio al diésel, tendría más recursos disponibles para pagar la devolución del IVA a estos dos grupos vulnerables.
De hecho, luego de que se anunció la eliminación del subsidio al diésel, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó el 17 de septiembre que pagó USD 129 millones de IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.
Pero ese no fue el único momento en que el Gobierno aceleró los pagos. En enero y febrero de 2025, previo a las elecciones presidenciales, el Gobierno de Noboa, que iba por la reelección, también anunció pagos para reducir los atrasos en la devolución del IVA.
Así, en enero y febrero de 2025, el SRI pagó USD 41 millones y USD 70,5 millones en devolución de IVA respectivamente, pero luego, en promedio, pagó USD 20 millones en los siguientes meses, excepto en septiembre, como muestra la gráfica:
De ahí que los atrasos en devolución del IVA no se han eliminado del todo.
Daniel Naranjo, padre de familia que tiene un hijo con una discapacidad, recuerda que en septiembre de 2025, luego del anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, el SRI le pagó las devoluciones que estaban atrasadas de marzo y abril de 2025.
Y en noviembre de 2025, en el mes de la Consulta Popular, en cambio, recibió el pago de mayo.
Pero luego no ha vuelto ha recibir acreditaciones de la devolución del impuesto. De ahí que al 8 de diciembre de 2025 le deben todavía de seis meses (junio a noviembre).
"Mi hijo necesita terapias en el sector privado, ya que los turnos para las consultas en el sector público se tardan demasiado y ese dinero nos sirve para costear ese gasto", relata.
Mariana Jiménez, una persona de la tercera edad, vive una situación similar. En septiembre el SRI le pagó las devoluciones de marzo, abril y mayo de 2025. Desde entonces no le han pagado más devoluciones.
En el caso de Jiménez, su jubilación no supera los USD 250. De ahí que con la devolución del IVA cubría sus atenciones de salud y compra de medicinas en el sector privado.
¿Cuánto adeuda el Gobierno por devolución de IVA?
Según el SRI, el monto que se adeuda por devolución de IVA a grupos vulnerables es de unos USD 119 millones, con corte al 26 de noviembre de 2025.
La cifra se acerca a lo que el Gobierno va a destinar a compensación para los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel, según el Presupuesto de 2026: USD 197 millones.
Por la eliminación del subsidio, el Gobierno aprobó dar compensaciones en efectivo de entre USD 400 y USD 1.000 mensuales a los transportistas, sin pedir que justifiquen el uso del dinero.
En contraste, los adultos mayores y personas con discapacidad deben hacer cada mes los pedidos de devolución, contra la presentación de facturas en el portal web del SRI.
El dato de los USD 119 millones en atrasos consta dentro del proceso de una acción de protección presentada el pasado 2 de septiembre de 2025 por un grupo de jubilados en Guayaquil.
Se trata de un grupo de ocho jubilados que pide que el Gobierno de Noboa se ponga al día en estos pagos a todos los adultos mayores.
La acción de protección fue negada en primera instancia este 8 de diciembre.
La jueza Cruz Germania Torres consideró que no se afectaron los derechos de los jubilados al adeudarles estos pagos. No obstante, los demandantes apelarán.
Así, dentro de ese proceso legal, el SRI informó en un memorando del 28 de noviembre, a la jueza Torres, que durante 2025, que ha presentado al Ministerio de Finanzas (MEF), "32 solicitudes de asignación de fondos para cubrir las acreditaciones de resoluciones que reconocen el derecho de devolución de IVA a personas de grupos prioritarios".
El SRI, además, reconoció que varios pedidos están pendientes de acreditación "conforme la última insistencia remitida al MEF en el que se da a conocer el valor total pendiente de acreditación de USD 118,8 millones solicitado mediante Oficio Nro. SRI-NAC-RRE-2025-0107-OF de 26 de noviembre de 2025".
PRIMICIAS pidió al SRI un detalle de los montos atrasados y del número de beneficiarios que están esperando ese dinero, pero estamos en espera de la respuesta.
Jubilados están indignados por sentencia
Los contribuyentes coinciden en que los atrasos en la devolución del IVA se volvieron más recurrentes entre 2024 y 2025. De ahí que el grupo de jubilados decidió poner la acción de protección porque a septiembre de 2025, había casos de adultos mayores a los que les debían hasta 11 meses.
En medio del pedido de acción de protección interpuesto por los jubilados en Guayaquil, el SRI insistió en que actúa como entidad ejecutora de pagos, cuando los fondos le han sido proporcionados por el ente rector de las finanzas públicas.
"No está en poder del SRI la decisión en cuanto a la asignación de fondos... la única gestión útil que puede efectuar el SRI es la recurrencia de solicitudes al Ministerio de Economía para la reposición oportuna de valores", dijo la entidad a la jueza.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas, como parte de su defensa, solo envió un memorando a la jueza, en el que detalla que de enero al 16 de septiembre entregó USD 328 millones al SRI para el pago de devoluciones de IVA para adultos mayores.
El documento no detalla cuánto deben ni por qué no han hecho los desembolsos al SRI.
Para Harry Valarezo, procurador del grupo de jubilados que presentó la acción de protección, es indignante y una "burla" que pese a que el SRI reconoce que hay atrasos, la jueza haya negado el pedido de acción de protección.
"Hemos pagado el IVA en las compras que hemos hecho, ese dinero ha llegado al Estado, ¿por qué no lo pagan? Lo están destinando a otras prioridades".
Harry Valarezo, jubilado.
El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Ortega, coincide.
"La jueza solo rechazó el pedido sin enunciar la motivación. Hay vulneración a la seguridad jurídica y en consecuencia menoscabo a la vida digna de un grupo de atención prioritaria, como son adultos mayores y personas con discapacidad", dijo Ortega.
"Los dos grupos merecen protección reforzada en sus derechos"
Gonzalo Ortega, Defensoría del Pueblo.
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