El 73% del gasto en salarios va para cinco entidades en Ecuador, ¿podrá el Gobierno optimizar este gasto con la nueva Ley de Integridad Pública?

Recortar el millonario gasto público en el Presupuesto General del Estado ha sido una labor compleja para los gobiernos de turno, sobre todo, porque buena parte del dinero está destinado a sueldos de miles de funcionarios públicos.

En 2024, el Estado destinó USD 9.862 millones a pagar sueldos de empleados públicos, lo que representó un incremento de USD 123,5 millones frente a 2023.

En los últimos 10 años, el gasto anual en sueldos de la burocracia ha sido de alrededor de USD 9.100 millones al año. Esto equivale a un poco más de tres veces el costo de la mayor hidroeléctrica de Ecuador, Coca Codo Siclair, que costó USD 2.763 millones.

Además, en una década, el gasto en salarios ha crecido casi cada año, excepto entre 2019 y 2021. 

En 2019, el Gobierno de Lenín Moreno comenzó un plan de reducción de tamaño del Estado, en el contexto del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional y entre 2020 y 2021, el plan siguió además, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

¿Cambiará el escenario en 2025?

Aunque para 2025, el Gobierno de Daniel Noboa preveía gastar un poco menos en sueldos de empleados públicos; esto es, alrededor de USD 9.654 millones, en la práctica, ya se tomaron decisiones que podrían elevar ese gasto este año.

Por ejemplo, en marzo de 2025, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidente Daniel Noboa anunció un bono de USD 507,6 para los policías y militares.

Así, en el primer semestre de 2025, el Gobierno ya gastó USD 4.718,6 millones en sueldos para los empleados del Estado; esto es USD 97 millones más que en igual período de 2024.

Pero, tras haber ganado la reelección y con ingresos que no crecen al mismo ritmo que el gasto público, el Gobierno de Noboa parece buscar, de alguna manera, depurar la gigantesca nómina del Estado.

La nueva Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, tiene reformas a la Ley del Servicio Público (Losep) con lo que se evaluará la excelencia de los funcionarios públicos de todo el Estado. Y de los resultados de esas evaluaciones dependerá su permanencia en las entidades públicas.

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Ahora las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios (incluido el nivel jerárquico) serán obligatorias, semestrales, técnicas y vinculantes, ya no anuales. Y se mantiene la calificación de “insuficiente” como motivo de destitución.

¿En qué entidades hay más gasto en sueldos?

El gasto público en salarios es el más alto, pues representa el 42% de todo el gasto en el Presupuesto General del Estado.

Tomando en cuenta que en el primer semestre de 2025 el gasto en nómina fue de USD 4.718,6 millones; el Estado ha gastado casi 100 veces más en sueldos que en obra pública, pues en el primer semestre del año solo se gastó USD 43 millones en este rubro.

Y es que, cada vez que los gobiernos de turno intentan recortar el gasto público, la variable de ajuste es la obra pública y los rubros considerados de inversión pública, dice el economista Jorge Calderón. 

¿Por qué el gasto en salarios ha sido tan difícil de optimizar? 

Es un gasto difícil de contener porque, por una parte, hay salarios que ya son altos frente a cargos similar en el sector privado. Pero también, porque hay normativa que impulsa este gasto al alza cada año, por ascensos, bonificaciones por antigüedad, capacitaciones, explica el economista Jorge Calderón.

Pero también porque la mayor parte del gasto en salarios está destinado a empleados de entidades de sectores sociales y de primera necesidad: seguridad, salud y educación.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2025, lo destinado a sueldos de empleados de la Policía Nacional y los Ministerios, Interior, Defensa, Salud y Educación sumó USD 3.442 millones; esto es el 73% del gasto total en salarios en el Presupuesto del Estado.

Ese monto representa un incremento de USD 88 millones (2,6% más) frente a lo gastado en estos sectores estratégicos en el primer semestre de 2024.

Calderón dice que sería sensible incurrir en despidos que reduzcan en manera sustancial el número de profesionales que aportan en la calidad de vida de las personas, solo para bajar el gasto público. "Ecuador ya está por debajo de los indicadores de la región en cuanto al número de médicos y profesores", explica.

Sin embargo, añade que hace falta poner la lupa y optimizar el gasto de salarios de cargos administrativos que no son de primera necesidad en estos ministerios estratégicos, pero también en otras entidades, como los gobiernos locales.

¿Se puede ahorrar con estas medidas?

Daniel Lemus, director del centro de desarrollo de políticas públicas de la ESPOL, enfatiza que aunque esta reforma sí podría contribuir a mejorar la eficiencia en las entidades públicas para "hacer más con el mismo número de funcionarios", eso no implica necesariamente un importante ahorro fiscal.

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Para Lemus, las medidas de evaluación a los servidores públicos en la nueva ley son positivas más bien desde el punto del fortalecimiento de la rendición de cuentas en el sector público.

"En mi experiencia, desvincular a un mal servidor ha sido sumamente difícil debido a las complejidades del sistema vigente", dice Lemus, que también fue viceministro de Finanzas.

No obstante, añade que la salida de malos funcionarios no garantiza la llegada de buenos elementos. "Para elevar la calidad del servicio público, la evaluación debe ir acompañada de mejores procesos de selección y de una política coherente de formación continua", agrega.