¿Puede el Gobierno dejar en manos de la Prefectura de Azuay y la Alcaldía de Cuenca el futuro del proyecto minero de oro Loma Larga?

El lío por el polémico proyecto minero Loma Larga, en Azuay (antes conocido como Quimsacocha) no se acaba y ahora enfrenta al Gobierno de Daniel Noboa con los gobiernos locales.

Loma Larga es un proyecto que prevé la construcción de una mina subterránea a gran escala, con una inversión de USD 419 millones y una vida útil de 12 años. Sus reservas se estiman en 926.000 onzas de oro, también habría plata y cobre.

Su ubicación es cercana al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, por lo que hay una fuerte oposición de colectivos ambientalistas y de una parte de la población azuaya, por el temor de que la explotación de oro contamine las fuentes de agua para la población.

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El 11 de septiembre de 2025 en un comunicado de redes sociales, la Presidencia dijo que "espera que, con la celeridad que amerita, el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay se pronuncien respecto a la preocupación ciudadana que existe sobre los posibles riesgos de afectación al agua respecto al proyecto minero" a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals.

Además, en el comunicado en redes sociales, el Gobierno dijo que estos dos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán emitir informes técnicos y adjuntar al expediente sus resoluciones administrativas motivadas sobre esos riesgos.

Al día siguiente, en entrevistas con medios, tanto el Presidente como la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, insistieron en que es responsabilidad del Municipio de Cuenca y de la Prefectura de Azuay entregar esos informes técnicos y resoluciones administrativas. 

Y los dos responsabilizaron al Municipio y Prefectura si el proyecto minero se paraliza y, como consecuencia de esto, el país tiene que enfrentar un arbitraje internacional y pagar millones de dólares en caso de perder.

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"Deben hacerse responsables. Es un poco decirles que como 'Estado hicimos lo que debíamos'...Esperamos que estas instituciones, que son las más han hecho énfasis en este tema (del riesgo de contaminación en los ríos, ndr) hagan también su parte", dijo Manzano.

Y, de hecho, el Presidente Noboa ya ha dado a entender que no va a seguir en marcha Loma Larga.

"Yo no voy a seguir con este proyecto (...). Municipio y Prefectura, háganse cargo, pero si el día de mañana tienen que ir a la Corte de Londres, a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes", dijo Noboa en una entrevista con un medio local de Cuenca el 12 de septiembre de 2025.

El Ejecutivo no puede cargar su responsabilidad a los GAD

Especialistas en derecho explican que los dos GAD no tienen ninguna obligación de acatar lo que pide la Presidencia. Y que tampoco son responsables de una eventual suspensión del proyecto.

Sebastián López, profesor de derecho constitucional de la Universidad del Azuay, dice que es incomprensible que el Ejecutivo intente cargar en los GAD una responsabilidad que no es de su competencia, sino del Estado, a través del Gobierno Central.

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"Recordemos que fue el Estado, a través del Ministerio de Energía, el que en su momento concedió la concesión minera a esta empresa. Y fue también el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, el que concedió la licencia ambiental", añade.

López explica que la responsabilidad de presentar informes sobre estos temas no está dada solo "porque el Presidente lo diga, sino por lo que dice la Ley".

"Hay que diferenciar los niveles de gobierno y el ámbito de atribuciones de cada uno"

Sebastián López, abogado.

Y es que, según el artículo 266 de la Constitución, el Estado es el único que puede administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre ellos, la minería. 

Además, el artículo 166 de la Código del Ambiente establece que es el Ministerio de Ambiente el que debe emitir las autorizaciones administrativas para proyectos de sectores estratégicos, de alto impacto o riesgo ambiental.

Esto mismo le recordó el prefecto de Azuay, Cristóbal Lloret, al presidente Noboa, y enfatizó que un gobierno local no puede atribuirse competencias en contra de lo que dice la Constitución.

¿Quién enfrentará las consecuencias de un arbitraje internacional?

El contrato de inversión firmado por la minera Dundee establece una cláusula de solución de conflictos mediante arbitraje internacional en la Cámara de Comercio de París.

Aunque un eventual arbitraje todavía no ha sido planteado por la compañía minera canadiense, es un riesgo presente, dice López.

No obstante, el abogado aclara que es absurdo que el Presidente haya dicho que el Municipio y la Prefectura deben ir ante el tribunal internacional a "pelear".

Si la empresa decidiera iniciar un proceso ante el tribunal internacional, sería un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. En ese escenario le correspondería la defensa a la Procuraduría General del Estado, dice López.

Al final del día, si Ecuador llega a perder el laudo y debe pagar una multa económica, eso lo deberá pagar el Gobierno Central con recursos públicos.

¿De qué sentencia habla el Gobierno para defender la emisión de la licencia para el proyecto?

El Presidente y la ministra han defendido que el Ministerio otorgó la licencia ambiental a Loma Larga el 23 de junio de 2025 para "acatar una sentencia de Corte".

Es posible que se refieran a la sentencia de segunda instancia emitida por la corte de Azuay, tras una acción de protección presentada en 2022 en contra del Ministerio de Ambiente por este proyecto minero, interpuesta por la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA), auspiciada por el excandidato presidencial, Yaku Pérez.

La sentencia de segunda instancia, que fue emitida el 28 de agosto de 2023 estableció que el Gobierno debía implementar medidas con el proyecto minero:

1. Realizar la consulta previa. Este requisito lo cumplió el Ministerio de Energía, aunque hay quejas de colectivos y ciudadanos que dicen que no se realizó como se debía.

2. Realizar la consulta ambiental. Este requisito lo cumplió el Ministerio de Ambiente.

3. Presentar dos informes, uno sobre la eventual afectación sobre la zona de recarga hídrica de Cuenca y otro sobre la influencia del proyecto minero en el área de Recreación de Quimsacocha. Estos dos informes los presentó el Ministerio de Ambiente, pero la empresa municipal de agua de Cuenca Etapa, presentó otro informe que advirtió que “la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga no es viable”.

López dice que el problema es que el Gobierno se adelantó a dar la licencia ambiental cuando la corte de Azuay todavía no ha verificado el cumplimiento de las medidas.