Trabajadores demandarán la Ley de Integridad Pública por evaluación a servidores que podría terminar en despido

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) presentará una demanda de inconstitucionalidad a Ley de Integridad Pública, que entró en vigencia este 26 de junio de 2025 con su publicación en el Registro Oficial. 

Marcela Arellano, presidenta de Ceosl, dijo este 26 de junio tras una sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que la nueva ley es inconstitucional desde su origen, al no cumplir con el principio de unidad de materia, el cual se refiere a que un proyecto de ley debe tratar sobre un solo tema. Sin embargo, la norma presenta reformas en distintos ámbitos. 

Uno de los temas de la ley que preocupa a la Confederación es el modelo de evaluación que se aplicará a los servidores públicos, que podría terminar en despido. Esta evaluación se realizará cada seis meses; antes, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establecía que debía realizarse cada año. 

"Efectivamente se tiene que evaluar a los trabajadores en función de mejorar su desempeño, pero si esa evaluación termina en despido, es evaluación punitiva. Y lo que va a ocurrir es una salida masiva de trabajadores, tal como ocurrió con el Gobierno de (Rafael) Correa", dijo Arellano. 

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El artículo 80 de la Ley de Integridad pública señala que la servidora o servidor que obtenga una calificación de insuficiente será destituido de su puesto. Sin embargo, la Losep ya establecía la destitución como consecuencia de una calificación insuficiente en la evaluación. 

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recalcó este 26 de junio en la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que no se trata de un tema nuevo, pero que hasta ahora no se han realizado estas evaluaciones en el sector público. Además, aclaró que el trabajador que obtenga una calificación insuficiente tendrá derecho a cuestionar ese resultado. 

Estas evaluaciones serán realizadas por las instituciones públicas, con base en los parámetros de evaluación que deberá establecer el Ministerio del Trabajo mediante un acuerdo ministerial. "Vamos a definir el marco técnico y los puntajes de evaluación", añadió Núñez.