Trabajadores marcharán el 11 de septiembre en contra de las cinco leyes económicas urgentes de Noboa
Organizaciones sindicales de trabajadores han presentado demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), en una rueda de prensa el 3 de septiembre, en Quito. Imagen referencial.
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Rolando Enríquez / API
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Grupos de trabajadores del país marcharán el próximo 11 de septiembre, en diferentes ciudades de Ecuador, en contra de las cinco leyes económicas urgentes, impulsadas por el Gobierno, que ya están vigentes.
Concretamente, los trabajadores se manifestarán en contra de las leyes de Inteligencia, Solidaridad, Integridad Pública, Áreas Protegidas y Transparencia Social.
En Quito, los trabajadores se concentrarán a partir de las 16:00, en la avenida 10 de agosto, frente al edificio principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para marchar hacia el Centro Histórico.
En otras ciudades del país, como Cuenca y Guayaquil, aún se están definiendo los puntos de concentración.
Esta manifestación fue convocada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en la Convención Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales, celebrada el 16 de agosto, en Quito.
La presidenta de la Ceosl, Marcela Arellano, califica a las nuevas normativas de inconstitucionales, tanto en su forma como en su fondo, pues considera que no son económicas urgentes ni cumplen con la unidad de materia, y que, además, van en contra de derechos protegidos por la Constitución.
"En este momento, Ecuador está experimentando una reforma política vertical, autoritaria y violenta, que busca, a través de nuevas leyes, eliminar derechos", recalca Arellano, en entrevista con PRIMICIAS.
Para la dirigente sindical, las leyes aprobadas agudizan "la precarización, la reducción de recursos, la disminución de servidores públicos, así como la intervención del Estado en la vida privada de las personas".
Según Arellano, el Gobierno también lleva adelante una persecución a dirigentes sociales y sindicales.
Demandas de inconstitucionalidad
Las organizaciones sindicales han presentado demandas de inconstitucionalidad a las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública. Y prevén demandar las leyes de Áreas Protegidas y Transparencia Social.
Las cinco leyes aprobadas en el segundo mandato de Noboa acumulaban, hasta el 8 de septiembre, 46 demandas ante la Corte Constitucional. La Ley de Integridad Pública, que establece un nuevo plan evaluaciones para los servidores públicos, es la que suma más demandas, con 31.
Sobre la posibilidad de que los servidores públicos puedan tener reducciones salariales, como consecuencia de las fusiones de ministerios y secretarias, la presidenta Ceosl subraya que eso sería "inconstitucional", pues la Constitución establece que el salario de un trabajo no puede disminuirse.
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Marcha oficialista
Para próximo jueves 11 de septiembre, también está prevista una marcha, en Guayaquil, convocada por el Gobierno, por la seguridad y la paz. "Marcharemos para defender nuestras familias", escribió el propio presidente, Daniel Noboa, en redes sociales, el pasado 1 de septiembre.
"Esa convocatoria carece de sentido, pues la Constitución, en su artículo 98, entrega el derecho a la resistencia a la población, que carece de poder en la gestión del Estado. Esto está contemplado para asegurar la defensa de derechos y evitar abusos del Estado y del Gobierno", recalca Arellano.
La presidente de la Ceosl recuerda que es el Estado el que gestiona la seguridad y debe gestionar la política pública en esa materia. Además, dice que es probable que se haga uso de recursos públicos para esta manifestación y que se presione a los servidores públicos para movilizarse.
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