Tensión en Rumichaca: Transportistas convocan a marcha binacional tras primer día de aranceles

Este domingo 1 de febrero de 2026, la guerra comercial entre Ecuador y Colombia dejó de ser una amenaza diplomática para convertirse en una realidad arancelaria en el puente internacional de Rumichaca. 

Mientras las aduanas ecuatorianas empezaron a aplicar la tasa de servicio aduanero del 30%, el flujo comercial amaneció con largas filas de vehículos de carga que intentaron cruzar hasta el último minuto. 

La respuesta de los afectados no se hizo esperar: gremios de ambos países han convocado a una movilización conjunta, elevando la temperatura en la frontera norte.

Bajo el lema "Marcha por la Dignidad Fronteriza", los transportistas de carga pesada de Ecuador y Colombia oficializaron un llamado a la protesta para este martes 3 de febrero. La convocatoria, pactada para las 08:00, avanzará en caravana hasta el puente de Rumichaca.

Preocupación de lado y lado

Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Nariño, denunció un caos normativo: mientras Ecuador ya expidió la resolución para cobrar el 30%, en Colombia el decreto espejo aún no había sido emitido, al menos, hasta las primeras horas de la jornada del domingo 1.

Desde el lado ecuatoriano, la preocupación es igual de intensa. En diálogo con PRIMICIAS, Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte de Carga y Logística, confirmó que existe una profunda inquietud en el sector por la inminente reducción drástica de las importaciones y exportaciones. 

"Sin duda se van a sumar (a la marcha del martes) las organizaciones de transporte locales", aseguró Andrade, ratificando la adhesión del gremio nacional a la medida de hecho para presionar por un diálogo urgente entre los gobiernos.

Fiscalía advierte

El ambiente previo a esta movilización se tensó la tarde de este domingo tras la difusión de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador. 

En el documento, la entidad recordó que, si bien la Constitución garantiza el derecho a la manifestación, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la paralización de servicios públicos. La Fiscalía advirtió que actuará con "absoluta firmeza" ante delitos que atenten contra la paz social y el orden constitucional.

La advertencia de la Fiscalía, que aunque no se ha aclarado si se relaciona con el contexto fronterizo, generó malestar inmediato en la dirigencia transportista. 

Al ser consultado sobre este comunicado, Andrade calificó la postura oficial como "increíble", cuestionando que el Estado priorice estas advertencias sobre la crisis de seguridad que motivó originalmente el conflicto diplomático.